Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que NO ES COMPETENTE para conocer en primera instancia del "recurso contencioso administrativo de anulación", por el abogado Luis Manuel Baena Castro, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSÉ FRANCISCO NÚÑEZ GONZALO, contra el acto administrativo Nº 0318, de fecha 29 de abril de 2013, emanado del "RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADAS NACIONAL (UNEFA)", mediante el cual resolvió "(¿) Imponer la sanción administrativa de DESTITUCIÓN al ciudadano JOSE (sic) FRANCISCO NUÑEZ GONZALO (¿)". (Mayúsculas y negrillas del original).2.- DECLINA la competencia para conocer de la presente demanda en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, y en consecuencia ORDENA la remisión inmediata del expediente al referido Juzgado a los fines legales consiguientes.

Se dictó auto a través del cual esta Corte acordó SOLICITAR, a la representación judicial del Instituto Para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS): 1.- Se sirva remitir los antecedentes administrativos concernientes a la presente causa. 2.- Informar si existe procedimiento administrativo relacionado con el acto administrativo aquí impugnado, contenido en el Informe de Inspección signado bajo el Nº 1156/2012 de fecha 26 de julio 2012; en caso de ser afirmativo indicar cuál es el estado del mismo, y de ser el caso remita copia certificadas de las actuaciones. Asimismo, se ordena remitir copia de la presente decisión al Presidente del Instituto Para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), así como al Coordinador Regional del precitado Instituto del estado Bolívar y al Ministro del Poder Popular para el Comercio.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por la apoderada judicial de la sociedad mercantil PERFUMERÍA SANDRITA, identificada en el encabezado del presente fallo, contra la decisión dictada en fecha 6 de abril de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró improcedente la medida cautelar "innominada" solicitada, en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la representación judicial de la mencionada sociedad mercantil, contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA CON SEDE EN PÍO TAMAYO. 2.- DESISTIDA la apelación interpuesta. 3.- FIRME el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.

1.- Su COMPETENCIA para conocer la inhibición formulada por el Juez Presidente de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Accidental "A", Gustavo Valero Rodríguez. 2.- CON LUGAR la inhibición presentada por el Juez Gustavo Valero Rodríguez, en fecha 2 de diciembre de 2013. 3.-ORDENA NOTIFICAR al ciudadano Gustavo Valero Rodríguez, en su condición de Juez Presidente de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Accidental "A", de la decisión de autos, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: Declaró que es QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesta en fecha 7 de julio de 2008, por el ciudadano Rafael Pérez Moochett, apoderado de la ciudadana Ana Cumare, contra la sentencia dictada por el Juzgado Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 20 de junio de 2008, la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial por la mencionada ciudadana contra el MINISTERIO PÚBLICO. 2.- DESISTIDA la apelación incoada por el apoderado judicial de la parte recurrente. 3.- IMPROCEDENTE la solicitud de decaimiento interpuesta por la representación judicial del Ministerio Público 4.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial del Ministerio Público. 5.- CONFIRMÓ la sentencia dictada por el Juzgado a quo, en fecha 20 de junio de 2008. se ordenó la notificación de las partes y la remisión del expediente.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por la abogada Mary Moreno, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 131.780, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana YUSMARY JOSEFINA ROJAS OSORIO, titular de la cédula de identidad Nº 10.359.196, contra la decisión dictada en fecha 4 de junio de 2012, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la mencionada ciudadana contra el GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte accionante 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte recurrente. 3.- REVOCA ex officio la decisión dictada en fecha 26 de septiembre de 2012, por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró inadmisible por falta de cualidad pasiva el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Se ordenó notificar la presente decisión y la remisión del expediente al Juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida; 2.- REVOCÓ la decisión apelada; 3.- Que CORRESPONDE a las Cortes de lo Contencioso Administrativo la COMPETENCIA en primera instancia para tramitar y decidir la demanda, 4.- ANULÓ las actuaciones efectuadas ante el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del estado Aragua; 5.- INOFICIOSO emitir pronunciamiento sobre la apelación; 6.- ADMITIÓ la demanda, y en consecuencia ordenó: 6.1.- CITAR al ciudadano Presidente del Instituto demandado; 6.2.- NOTIFICAR a los ciudadanos Procurador General de la República, Ministro del Poder Popular para la Defensa y Fiscal General de la República; 7.- IMPROCEDENTE la solicitud de notificar al Instituto Nacional de Aviación Civil, y a la Gobernación del estado Aragua, en su carácter de "terceros de buena fe"; 8.- IMPROCEDENTE la medida cautelar; 9.- ORDENÓ la remisión del expediente a la Secretaría de esta Corte.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.- ACEPTÓ LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano LIBARDO ANTONIO BOHÓRQUEZ SÁNCHEZ, identificado en el fallo, contra los actos administrativos de fechas 13 de marzo y 14 de noviembre de 2012, emanados de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS; 2.- REVOCÓ la decisión dictada por el referido Juzgado, en fecha 22 de octubre de 2013 mediante la cual se declaró competente para conocer de la presente acción y admitió la misma; 3.- ANULÓ todas las actuaciones efectuadas ante el aludido Juzgado, y en consecuencia ORDENÓ la reposición de la causa al estado del pronunciamiento sobre la admisión; 4.- ORDENÓ la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional.

Esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la querellante, contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia el Estado Delta Amacuro, en fecha 19 de septiembre de 2013, mediante la cual declaró inadmisible la prueba de informes promovida en la fase probatoria por la ciudadana CARMEN ROSA BLANCO, titular de la cédula de identidad Nº 10.306.169, debidamente asistida por las abogadas Omyl-Nathaly Rondón Reyes y Gloria Elena Luna Flores, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 74.810 y 74.877, respectivamente, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MONAGAS. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- Se CONFIRMA el auto apelado.