Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por esta Corte el 29 de julio de 2013, únicamente en lo relativo al inicio del lapso de fundamentación a la apelación, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPUSO la causa al estado de que se libren las notificaciones a que haya lugar, para que se dé inicio al lapso de diez (10) días de despacho, contados una vez vencidos los dos (2) días continuos que se le otorgaron como término de la distancia, dentro de los cuales la parte apelante deberá presentar las razones de hecho y de derecho en que fundamenta la apelación interpuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 19 de agosto de 2003, por la apoderada judicial del Instituto recurrido, contra la sentencia dictada en fecha 21 de julio de 2003 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ELBA MARÍA HERNÁNDEZ MORENO, titular de la cédula de identidad Nº 10.334.271, debidamente representada por los abogados Antonio Fermín García y Anavelys Santana Gil, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 33.561 y 86.128, respectivamente, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI). 2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido, 3.- Se REVOCA la sentencia apelada, 4.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- La NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 31 de marzo de 2014, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo, , salvo el auto de abocamiento recaído en fecha 7 de mayo de 2014. 2.- Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que se dé inicio al lapso de fundamentación de la apelación de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- IMPROCEDENTE la solicitud de acumulación a la presente causa de las contenidas en los expedientes Nros. AP42-G-2013-000367 perteneciente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y AP42-G-2013-000402. 2.- Se ORDENA en consecuencia: 2.1.- La remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte para la continuación de la causa. 2.2.- Anexar copia certificada del presente fallo al expediente Nº AP42-G-2013-000402, de la nomenclatura interna de esta Corte. 2.3.- Remitir copia certificada de la presente decisión a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a los fines que sea agregada al expediente signado con el Nº AP42-G-2013-000367, perteneciente a dicha Corte. Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente decisión. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró SIN LUGAR la recusación presentada por el abogado Daniel Buvat De La Rosa, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES JELUARI C.A., contra la Jueza del Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, abogada FLOR L. CAMACHO A., de conformidad con la causal prevista en el ordinal 15º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en el marco del recurso contencioso administrativo nulidad interpuesto por la aludida sociedad mercantil contra la DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA. Se ordenó notificar a las partes, así como también a la Jueza recusada, de conformidad con establecido en la decisión Nº 1.175 de fecha 23 de noviembre de 2010, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Remítase el presente expiente el Tribunal de origen.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano ROMER RUBIO, titular de la cédula de identidad Nº 4.145.363, contra los autos dictados el 11 de febrero de 2014, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante la cual declaró improcedente los alegatos expuestos por esa representación judicial contra el informe pericial realizado por el perito designado por dicho Tribunal Superior. 2.- Se ANULA el auto y todas las actuaciones violatorias del orden público procesal subsiguientes a los autos de fecha 11 de febrero de 2011, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 3.- Se ORDENA REPONER la causa al estado de que se designen los peritos de conformidad con el contenido in fine del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 22 de abril de 2014, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPONE la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia de conformidad con los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Publíquese y regístrese . Cúmplase lo ordenado.

Esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 5 de abril de 2000, por el abogado Ricardo Forero, actuando en representación de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO AMAZONAS, contra la decisión proferida por la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, que declaró procedente la pretensión de amparo cautelar solicitada en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por la ciudadana MARLIT ISABEL PAREJO ZÚÑIGA. 2.- EL DECAIMIENTO DEL OBJETO en el recurso de apelación interpuesto.

Se declara la COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Carmen Arteaga, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 179.323, actuando en representación de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, contra la decisión dictada en fecha 15 de mayo de 2013, dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano VÍCTOR MERCEDES LORBE CHIRINOS, titular de la cédula de identidad Nº 3.678.806, contra la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS, por pago de diferencias salariales, DESISTIDO el recurso de apelación e IMPROCEDENTE la consulta de Ley con ocasión a decisión apelada, en consecuencia, queda firme el fallo dictado por el Juzgado Superior Décimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 15 de mayo de 2013.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- QUE ES INCOMPETENTE para conocer de la presente Acción de Amparo conjuntamente con medida Cautelar de Suspensión de Efectos, interpuesta por los ciudadanos JOSE GREGORIO HERNANDEZ PERDOMO Y GUSTAVO ENRIQUE CEDEÑO MARTINEZ, asistidos por las abogadas MILAGROS DEL VALLE MORALES ROMERO y BELKIS PEREZ CASTILLO, contra la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA por "[...] la violación de los Derechos Constitucionales al ESTUDIO en igualdad de condiciones y sin más limitaciones que las derivadas de sus APTITUDES VOCACIÓN Y ASPIRACIONES [...]" 2.- DECLINA LA COMPETENCIA en el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que corresponda previa distribución.