Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Rigoberto Zabala, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 34.406, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano HENRY RODRÍGUEZ ESTABA, titular de la cédula de identidad Nº 16.335.574, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 16 de abril de 2010, mediante la cual, declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado contra el INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia: 3.-. Se CONFIRMA el fallo de fecha 16 de abril de 2010, proferido por el iudex a quo.

Esta Corte declara con lugar el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia, revoca la decisión de fecha 21 de mayo de 2007, proferida por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes a través de la cual declaró inadmisible por caducidad el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, en virtud del evidente error en el que incurrió el a quo al momento de computar el lapso de caducidad.

En la presente querella funcionarial interpuesta por la ciudadana JAKYBEL OCAMPO, titular de la cédula de identidad Nº 11.840.412, contra la CORPORACIÓN BARINESA DE TURISMO; esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes en fecha 7 de agosto de 2003, mediante la cual declaró sin lugar el recurso interpuesto; 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- CON LUGAR el presente recurso contencioso administrativo funcionarial; en consecuencia, 4.- Se ORDENA la reincorporación de la querellante al cargo de Promotor Turístico IV o a otro de igual o superior jerarquía y remuneración, para el cual cumpla con los requisitos exigidos, y el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de su ilegal retiro hasta la fecha de su reincorporación.

En la presente querella funcionarial interpuesta por la ciudadana NANCY ARGÜELLO, titular de la cédula de identidad Nº 11.190.440, contra la CORPORACIÓN BARINESA DE TURISMO; esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes en fecha 22 de junio de 2004,; 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial; en consecuencia, 4.- Se ORDENA la reincorporación de la querellante al cargo de Promotor Turístico II o a otro cargo de igual o superior jerarquía y remuneración, para el cual cumpla con los requisitos exigidos, con el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de su ilegal retiro hasta la fecha efectiva de su reincorporación y, 5.- ORDENA la práctica de una experticia complementaria del fallo.....

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- ACEPTA la declinatoria de competencia que realizara la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 1º de noviembre de 2011, para conocer de la controversia administrativa interpuesta por el abogado Manuel Rachadell, actuando en su condición de apoderado judicial de la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. 2.- ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso interpuesto, y se notifique al profesor Ramón Asdrúbal Grillet Correa, presidente de la Corte de Apelaciones de la Universidad Central de Venezuela, a los fines que una vez conste en actas su notificación, manifieste su conformidad con que la presente controversia sea resuelta como un asunto de mero derecho.

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el día 1º de noviembre de 2005, por la abogada Milagro del Valle Bossio Larez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana CARMEN AIRE RAMÍREZ CHACON, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región los Andes en fecha 12 de agosto del mismo año, la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la referida abogada, contra la COORDINACIÓN DE POST-GRADO DE PUERICULTURA Y PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DR. LUÍS RAZZETI DEL ESTADO BARINAS. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. En consecuencia, se declara FIRME la sentencia apelada.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana, de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1.- SE SUSPENDE la medida de embargo preventivo decretada sobre bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil SEGUROS ALTAMIRA C.A., mediante sentencia N° 2010-01801 dictada en fecha 29 de noviembre de 2010. 2.- SE ORDENA notificar al ciudadano Superintendente de la Actividad Aseguradora, de la presente decisión.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el presente recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, interpuesto por los abogados Jorge Kiriakidis Longhi y Juan Pablo Livinialli, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos GILDA E. PABÓN GUDIÑO y NELSON J. MEZERHANE G., titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 6.809.944 y 1.743.008, respectivamente, en su condición de ex directores de la sociedad mercantil FEDERAL BANCO DE INVERSIÓN C.A., contra la Resolución Nº 598.10 de fecha 1º de diciembre de 2010, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, mediante la cual se ordenó la liquidación administrativa de la referida entidad bancaria.

Esta Corte declara Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por la apoderada judicial de la parte recurrida, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental en fecha 11 de julio de 2011, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana AMALIA MERCEDES MENDOZA PIÑA, asistida por el abogado Antonio Marcano Cruz, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO LARA; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; PROCEDENTE, la consulta de Ley, prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con ocasión a la decisión de fecha 11 de julio de 2011 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, en consecuencia; SE CONFIRMA, la decisión dictada por el iudex a quo en fecha 11 de julio de 2011.

Esta Corte declaró 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación ejercida por la abogada Isaura Cárdenas, inscrita en el IPSA bajo el Nº 40.261, actuando con el carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, contra la sentencia dictada por Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 10 de mayo de 2011 mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Teresa Herrera Rísquez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 1.668, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano OSWALDO JESÚS PRADO VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 12.711.671, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCA la decisión apelada. 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.