Esta Corte ordenó notificar al BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH), así como a la sociedad mercantil ALCATEL DE VENEZUELA C.A., la cual, según acuerdo de fusión publicado en el Repertorio Forense de Nº 031 de fecha 28 de septiembre de 2007, (Vid. folios 38 al 41 y sus vueltos, de la primera pieza del expediente judicial), es "sucesora a título universal" de la sociedad mercantil LUCENT TECHNOLOGIES VENEZUELA, S.A., antes identificadas, de conformidad con lo previsto en los artículos 39 y 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, para que, en un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones, den cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictó y publicó decisión mediante la cual declaró su COMPETENCIA para conocer en consulta de Ley prevista en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada en fecha 21 de julio de 2015, por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró "PARCIALMENTE CON LUGAR" el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano HERNÁN DARIO GÓMEZ MERCADO, ya identificado, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA. Asimismo, CONFIRMÓ la decisión dictada en fecha 21 de julio de 2015, por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, con las modificaciones expuestas.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: PROCEDENTE la ejecución de la cláusula penal por un monto de BOLÍVARES UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO CON SESENTA CÉNTIMOS (Bs. 1.386.128,60), conforme a lo establecido en la motiva del presente fallo; PROCEDENTE el ajuste del valor del monto reclamado por concepto de cláusula penal, en los términos establecidos en la motiva; PROCEDENTE la corrección monetaria de la suma acordada por concepto de cláusula penal, conforme a lo establecido en la motiva; y se ORDENA la realización de una experticia complementaria del fallo, conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, a los fines que se establezca lo que en definitiva corresponda al demandante por concepto del ajuste del valor del monto reclamado por concepto de cláusula penal, corrección monetaria e intereses moratorios para lo cual se solicitará la colaboración del Banco Central de Venezuela.

Esta Corte Declaró: Que ACEPTA la competencia declinada por el Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo del estado Aragua, en fecha 16 de septiembre de 2016, y en consecuencia, se declara COMPETENTE para conocer de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada por la abogada María Daniela Loreto González, actuando como apoderada judicial del ciudadano EDGARDO JOSÉ PIÑA BEIRUTTY, en condición de Presidente de la Asociación de Coleo del estado Falcón, contra el acto administrativo y de autoridad emanado de la FEDERACIÓN VENEZOLANA DE COLEO (FEVECO) ; y ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines que se pronuncie sobre la admisión de la presente causa y de apertura al respectivo cuaderno separado.

Esta Corte se declaró COMPETENTE para conocer de la causa; INADMISIBLE la acción de amparo constitucional incoada.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró:1.- QUE ES COMPETENTE para dilucidar sobre los planteamientos efectuados por los abogados Gustavo Adolfo Grau Fortoul, Carlos Gustavo Briceño y María Isabel Paradisi, actuando como apoderados judiciales de la sociedad mercantil Venezolana de Control Intermodal, VECONINTER, C.A., presunta propietaria del inmueble objeto del presente asunto, la cual fuere atribuida por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte. 2- DESESTIMA la oposición en esta etapa procesal. 3- IMPROCEDENTES las defensas de perención y decaimiento del decreto expropiatorio. 4.- Respecto a los alegatos de prescripción extintiva de la acción judicial de la Administración para ejecutar la expropiación del inmueble y subsidiariamente la petición de una justa, actual e integral indemnización, serán atendidos en este procedimiento como punto previo en la oportunidad correspondiente al pronunciamiento del Tribunal sobre la solicitud de expropiación.

Esta Corte dictó y publicó decisión mediante la cual se declaró: COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido el 17 de septiembre de 2015, por la representación de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN FERNANDO DEL ESTADO APURE, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, en fecha 31 de julio de 2015, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano LUIS CARLOS SOLORZANO JIMENEZ, titular de la cédula de identidad Nº 17.850.411, asistido por el abogado Marco Goitia, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 75.239. SIN LUGAR la apelación ejercida. CONFIRMA la decisión supra citada.

Esta Corte Declaró: QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Marilen Josefina Colina Hernández, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano JOSÉ LORENZO MEJÍAS, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 27 de mayo de 2013, mediante la cual declaró sin lugar la querella funcionarial interpuesta contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SANTOS MICHELENA DEL ESTADO ARAGUA; SIN LUGAR la apelación ejercida por la parte querellante; y CONFIRMÓ la sentencia apelada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por el abogado José Flamarique, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 66.226, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil COCA COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A., (COCA-COLA FEMSA), y en consecuencia, NULO el acto administrativo N° PRE-CJ-0248837, de fecha 14 de agosto de 2014, dictado por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), hoy CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX).

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.IMPROCEDENTE la oposición formulada por la representación judicial de la Federación Campesina de Venezuela y Construcciones Inmobiliarias Lloca C.A. decretada por este Tribunal mediante decisión Nro. decisión Nº 2016-000088 de fecha 26 de abril de 2016. 2.Se RATIFICA la medida cautelar acordada por este Órgano Jurisdiccional en la referida decisión.