En el recurso de apelación ejercido por el Abogado José Stalin Martínez Gago, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del Instituto Regional de Educación Física, Deporte y Recreación, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 24 de septiembre de 2009, que declaró Con Lugar el recurso de nulidad interpuesto contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO VARGAS; esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. ANULA la sentencia dictada por el Juzgado Superior, 2. La INCOMPETENCIA de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer del recurso interpuesto, 3. DECLINA la competencia en el Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, que corresponda por distribución. 4. ORDENA la remisión del expediente a dicho tribunal distribuidor.

En el recurso de apelación ejercido en fecha 1º de octubre de 2009, por el Abogado José Humberto Rondón Barrios, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano Eugenio Hernández, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 28 de julio de 2009, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2. HOMOLOGA el desistimiento del procedimiento en el recurso de apelación interpuesto. 3. CONFIRMA la decisión dictada en fecha 28 de julio de 2009 por el Juzgado Superior, por efecto de la consulta del Ley. 4. ORDENA remitir al Juzgado Superior. 5. ORDENA practicar experticia complementaria del fallo.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 017-0396 de fecha 28 de marzo de 1996, emanado de la JUNTA DE EMERGENCIA FINANCIERA y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela numero 36.098 de fecha 2 de diciembre de 1996 esta Corte dictó sentencia y ORDENA NOTIFICAR a la Ciudadana LUZ ELENA DÍAZ DE BRUSSA, para que exponga, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir que conste en autos el recibo de su notificación, si conserva interés en continuar el presente proceso y de ser éste el caso, exprese los motivos por los cuales mantiene el referido interés en el presente caso

En el presente recurso de apelación interpuesto en fecha 16 de noviembre de 2015, por el ciudadano JOSÉ ANTONIO UZCÁTEGUI GONZÁLEZ contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 10 de noviembre de 2015, mediante la cual declaró Improcedente el amparo cautelar solicitado conjuntamente con recurso contencioso administrativo funcionarial contra la DEFENSA PÚBLICA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, esta Corte dictó auto mediante el cual ORDENA al Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, remita a esta Corte en el lapso de diez (10) días de despacho contado a partir de la notificación del presente auto, copia certificada del expediente administrativo personal del ciudadano José Antonio Uzcátegui González.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por la Representación Judicial de la Sociedad Mercantil Inverideas 356, C.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte en fecha 1º de octubre de 2015, mediante el cual se pronunció sobre las pruebas promovidas por la parte recurrente en la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, contra los actos dictados en fecha 6 de octubre de 2010, por el REGISTRADOR DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE PROPIEDAD INTELECTUAL del MINISTERIO DE PODER POPULAR PARA EL COMERCIO; SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte actora; CONFIRMA el auto dictado en fecha 1º de octubre de 2015, por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Abogada Matilde Martínez, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil MULTINACIONAL DE SEGUROS, C.A., contra el Acto Administrativo Nº F-033 de fecha 18 de mayo de 2015 emanado del ciudadano MINISTRO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS hoy día MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS., esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su INCOMPETENCIA para conocer del recurso; 2. DECLINA la competencia en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para conocer del presente recurso; 3. ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

En la demanda por prescripción adquisitiva interpuesta conjuntamente con medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar por los Abogados Antonio Brando y Pedro Nieto, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de las ciudadanas ANA MARÍA VALLENILLA DE RÍSQUEZ Y MAGDALENA VALLENILLA PUNCELES, contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES AROA C.A., en proceso de liquidación llevado a cabo por el FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (FOGADE), esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que se pronuncie acerca de la admisión de la presente causa y de ser conducente, continúe con el procedimiento de Ley 2. Se ORDENA al Juzgado de Sustanciación abrir cuaderno separado a los fines de la tramitación de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar solicitada 3. ORDENA al Juzgado de Sustanciación efectuar las notificaciones necesarias a las partes

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los Abogados Sulirma Vallenilla, Marco Trivella, Luz Alvarenga, Carlos Mayorca y Silvana Urdaneta, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil MARAMBIO, GONZÁLEZ CONTADORES PÚBLICOS S.C., contra la OFICINA ADMINISTRATIVA DE CHACAO DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada en fecha 2 de julio de 2015, por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas 2. ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines que se pronuncie sobre la admisión de la presente causa

En la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con amparo cautelar remitido en fecha 13 de enero de 2016 proveniente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y ejercido en fecha 5 de junio de 2014 por la fundación sin fines de lucro FUNDACIÓN TOP FISH VENEZUELA contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA Y ACUICULTURA actualmente denominado INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. SU COMPETENCIA para conocer en primera instancia de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con amparo cautelar; 2. ADMITE PROVISIONALMENTE la demanda de nulidad interpuesta; 3. IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado y 4. ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que se pronuncie acerca de la admisión de la presente causa.

En la demanda por vías de hecho interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada por los Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil CERVECERÍA POLAR C.A., contra el SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN), esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la demanda por vías de hecho interpuesta 2. ADMITE la demanda por vías de hecho interpuesta 3. ORDENA la citación del ciudadano Presidente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)., a los fines de que comparezca por ante este Órgano Jurisdiccional dentro de un plazo de cinco (5) días de despacho contados a partir del día siguiente a que conste en autos de su citación, para que consigne informe explicativo de las razones de hecho y de derecho que generaron la presunta vía de hecho denunciada 4. ORDENA la notificación del ciudadano Procurador General de la República 5. IMPROCEDENTE la medida cautelar innominada interpuesta