La Corte, declara Que es COMPETENTE para conocer en consulta del fallo dictado en fecha 19 de noviembre de 2009, por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Manuela Puente Gómez, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano LUC MARIE JOSEPH G. BRAMAUD DU BOUCHERON, titular de la cédula de identidad Nº E-81.052.876, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Conociendo de la consulta establecida en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se CONFIRMA la referida decisión.

La Corte en aras de salvaguardar el debido proceso, y la tutela judicial efectiva de las partes involucradas en la presente controversia, ordena reponer la presente causa al estado de que se fije en la cartelera del Juzgado de Sustanciación la boleta de notificación dirigida al ciudadano Víctor Villalba,-con el correspondiente lapso prudencial para darlo por notificado- a los fines de que se pueda dar cumplimiento a lo estatuido en los artículo 80 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide.

La Corte declaró COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha por la ciudadana CARMEN CRISTINA ROCHA MALDONADO, actuando en su propio nombre y representación, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 24.991, contra la decisión dictada en fecha 9 de agosto del 2010, por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró caduco el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. Se REVOCA el fallo apelado. Se ORDENA remitir el presente expediente al Tribunal de origen, a los fines que dicte sentencia en la presente causa.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer de la demanda por estimación e intimación de los honorarios profesionales interpuesta el 21 de junio de 1989, por los apoderados judiciales de la parte recurrente contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE); HOMOLOGADA la transacción celebrada el 27 de marzo de 1990 entre los ciudadanos José Escalante Mora, Priscila López y Betty Torres Díaz y la sociedad mercantil "Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE)", todo de conformidad con lo previsto en los artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Henry Vegas, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Tibisay María Salazar Blanco contra la sentencia dictada en fecha 17 de enero de 2011, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial por la actora contra la Resolución DGRHYAP-DAL Nº 003230, de fecha 26 de julio de 2011, emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.); SIN LUGAR la apelación interpuesta por la apoderada judicial de la parte recurrente; CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 17 de enero de 2011, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial.

La Corte declara SIN LUGAR el recurso ejercido contra vías de hecho, por la sociedad mercantil BLUE NOTE PUBLICIDAD, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 20 de enero de 2004, bajo el N° 54, Tomo 81-A-Sgdo, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (I.N.T.T.T.), hoy INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (I.N.T.T).

La Corte declaró QUE ES INCOMPETENTE para conocer de la acción de "AMPARO CONSTITUCIONAL CON MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA" intentada por los ciudadanos RICARDO FEDERICO ACOSTA BRITO, SAMUEL SOJO y PABLO WALDROP, actuando con el carácter de Presidente, Secretario General y Secretario de Finanzas, respectivamente, como representantes del Sindicato de Profesores del Instituto Universitario de Tecnología "José Antonio Anzoátegui" (SIPROIUTET), contra la decisión del Consejo Directivo del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA "JOSÉ ANTONIO ANZOÁTEGUI" (IUTJAA), "donde se (¿) ordena el desalojo de la sede donde funciona [su] organización sindical". DECLINA LA COMPETENCIA para conocer de la acción en el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, Extensión El Tigre. ORDENA la remisión inmediata del expediente al referido Juzgado.

La Corte declaró que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por el abogado Ronald J. Puente González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo número 149.093, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil BODY SHOP AUTO BLOCK, C.A., contra el auto dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 2 de diciembre de 2010, mediante el cual emitió pronunciamiento referente a las pruebas promovidas por las partes; SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto y; RATIFICA el auto apelado

La Corte ACEPTÓ la competencia declarada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 13 de julio de 2010, en virtud del conflicto negativo de competencia planteado por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, y, ORDENÓ REMITIR el expediente al al Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda, con excepción de la competencia ya analizada

La Corte declaró la NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 30 de marzo de 2005, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo, Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes del inicio del lapso para fundamentar la apelación de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.