Se dictó auto para mejor proveer a los fines que la parte demandante consignara la siguiente información: la resolución por parte del Instituto Autónomo de Policía y Circulación del estado Vargas del contrato de suministro suscrito con la sociedad mercantil Trujillo y Asociados Ingeniería, C.A., o cualquier documentación donde pueda evidenciarse el incumplimiento de dicha empresa, ii) cualquier trámite -previo a la interposición de la demanda- ante la empresa La Venezolana de Seguros y Vida, C.A., atinente al cobro de las cantidades de dinero establecidas en los contratos de fianza de anticipo y fiel cumplimiento suscritos entre la empresa Trujillo y Asociados Ingeniería, C.A., y la referida aseguradora.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 25 de octubre de 2013, por la representación judicial del ciudadano LUÍS ALBERTO DELGADO GELVES, antes identificado, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 18 de octubre de 2013, por medio de la cual declaró sin lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto contra el Acto Administrativo contenido en el Oficio número 150-13, de fecha 28 de febrero de 2013, emanado del INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA POLICÍA DEL ESTADO TÁCHIRA, por concepto de reajuste de jubilación; SIN LUGAR la apelación interpuesta; Se CONFIRMA la sentencia apelada.

Esta Corte dictó decisión:1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 31 de mayo de 2004, contra la decisión dictada en fecha 13 de mayo de 2013 por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital que declaró Parcialmente Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la ciudadana NANCY JOSEFINA YANEZ, contra el acto administrativo contenido en el oficio número 0230-3954 de fecha 14 de agosto de 2003 de la Dirección de Registros y Notarías del Ministerio de Interior y Justicia, adscrito al Ministerio de Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se ANULA la decisión dictada en fecha 13 de mayo de 2013 por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. 4.- El DECAIMIENTO DEL OBJETO del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.-Declaró que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2.-Declaró CON LUGAR el referido recurso 3.- REVOCA el fallo apelado, de conformidad a lo planteado en la parte motiva de la sentencia, y en consecuencia: ORDENA la remisión del expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, para la realización inmediata de la experticia complementaria en los términos planteados en la motiva del presente fallo. Se ordenó la notificación.

Esta Corte dictó decisión mediante el cual declaró:1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido el 22 de junio de 2011, por el abogado Jorge Alberto Gómez Inciarte, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ALFREDO JOSÉ RIVAS GALINDEZ, contra el fallo dictado en fecha 21 de junio de 2011, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI) 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada de la presente decisión. Remítase el expediente al tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 16 de abril de 2013, por el abogado Andrés José Linares Benzo, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil C.A. DANAVEN, contra la decisión de fecha 4 de abril de 2013, emanada del Juzgado de Sustanciación, mediante la cual se providenció sobre las pruebas promovidas por la parte demandada y la oposición a las mismas, en la demanda de nulidad interpuesta contra el acto administrativo contenido en la Providencia número PRE-VPAI-CJ-027409, de fecha 12 de agosto de 2011, dictada por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), mediante la cual confirmó la decisión que negó la Autorización de Adquisición de Divisas (ADD) número 02219240. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en fecha 4 de abril de 2013.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de julio de 2012, por el ciudadano Carlos Enrique Torres, representado por el abogado Ricardo Lezama, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 10 de julio de 2012, mediante la cual declaró Sin Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto, contra el acto administrativo contenido en la Resolución número 1.829 de fecha 20 de diciembre de 2010 que confirmó el acto administrativo número 1.429 de fecha 27 de septiembre de 2010, emanado de la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCA el fallo apelado. 4.- SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: NULAS todas las actuaciones procesales realizadas en esta instancia jurisdiccional, en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la ciudadana ROSA MIRELLA MELÉNDEZ DE AGÜIN, titular de la cédula de identidad número 4.342.687, contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución aprobada en fecha 5 de noviembre de 2011, por el Consejo Universitario de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO, mediante la cual se indica la fecha de inicio de su ascenso al cargo de "Profesor Asociado", y en consecuencia; Se ORDENA remitir el expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en virtud de haber sido este el segundo órgano jurisdiccional que se declaraba incompetente para conocer de la presente causa, suscitando así un conflicto negativo de competencia que debe ser tramitado ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- CON LUGAR la Demanda de Nulidad interpuesta conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos por el ciudadano JOSÉ CARLOS FERREIRA FREITES, titular de la cédula de identidad número V- 8.332.453, representado por el abogado Alejandro Machado Millan, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 116.146, en contra de la Decisión Administrativa número PRE-VECO-GCP 43294 de fecha 18 de noviembre de 2011, dictada por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), mediante la cual se le informó de la confirmación de la suspensión preventiva del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). 2.- Se ANULA de la Decisión Administrativa número PRE-VECO-GCP 43294 de fecha 18 de noviembre de 2011, dictada por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el ciudadano ORSON ARMINIO OCANTO AREVALO, titular de la cédula de identidad número 11.796.971, asistido por el abogado Marcos Elías Goitia, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 75.239, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, por cese en el pago del salario y demás beneficios al querellante desde el 27 de enero de 2011. 2. CON LUGAR la apelación ejercida; 3. Se REVOCA el referido fallo; 4. Se ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de origen, a los fines de que se pronuncie sobre la admisión del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, con excepción a la causal de inadmisibilidad referida a la caducidad.