Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- INCOMPETENTE para conocer la querella interpuesta por los abogados Leonel Alfonso Ferrer Urdaneta e Isabel Cecilia Esté Bolívar, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 65.719 y 56.467, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR (APUSB), contra la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR; 2.- DECLINA la competencia para conocer la querella interpuesta en el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Capital que corresponda según la distribución, al cual se ORDENA REMITIR el presente expediente; 3.- Se REVOCA la sentencia dictada, en fecha 9 de diciembre de 2008 por el Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por la abogada Úrsula Rodríguez Marcano, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana Mirna Coromoto Leal Martínez, antes identificada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 28 de marzo de 2011, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos incoado por la ASAMBLEA NACIONAL contra la Providencia Administrativa Nº 649-08 de fecha 11 de septiembre de 2008, corregida por error material mediante auto de fecha 13 de octubre de 2008, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL DISTRITO CAPITAL, MUNICIPIO LIBERTADOR (SEDE NORTE). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido contra la referida sentencia. 3.- CONFIRMA la sentencia dictada por el a quo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 3 de noviembre de 2009, por el abogado Eduardo Mejías, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ROMÁN ANTONIO GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° 2.858.543, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VARGAS DEL ESTADO VARGAS; 2.- ANULA el fallo apelado dictado en fecha 9 de octubre de 2009 por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital; 3.-ORDENA remitir el expediente al Tribunal de Origen a los fines que se pronuncie sobre la admisibilidad de la presente querella, a excepción de la caducidad aquí analizada.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas en fecha 28 de julio de 2010, mediante el cual se declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano CARLOS EDUARDO CABRERA GARCÍA, asistido por el abogado Frederick Antonio Díaz Viera, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE. 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto Nº 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en virtud del artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, CONFIRMA el fallo consultado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Flavia Zarins Wilding, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil BANCO PROVINCIAL S.A, BANCO UNIVERSAL, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Central el 25 de marzo de 2011, mediante la cual declaró Improcedente la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos realizada por la empresa recurrente, del acto administrativo Nº 0171-10, proferido por el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL por órgano del INPSASEL a través de la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE GUÁRICO Y APURE, 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3. SE CONFIRMA con las motivaciones expuestas, la sentencia dictada por iudex a quo.

Esta Corte declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido en fecha 1º de marzo de 2007, por el abogado Francisco Lepore, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 39.093, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana ELVIA MARY ACOSTA, titular de la cédula de identidad N° 8.018.929, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 21 de febrero de 2007, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el acto administrativo contenido en el oficio Nº 1629, de fecha 30 de diciembre de 2005, emanado de la Dirección General del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 21 de febrero de 2007.

Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación intentado por el abogado Rubén Teodoso Paraco, en su condición de apoderado judicial de la parte querellante contra la decisión dictada el 4 de mayo de 2007 por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar interpuesto conjuntamente con recurso contencioso administrativo funcionarial por la ciudadana YUBETSI YURIBEY LEDEZMA contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO GUÁRICO; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.- CONFIRMA el fallo apelado. 4.- ORDENA REMITIR la presente decisión, así como el expediente judicial a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declara con lugar la apelación interpuesta, contra la sentencia dictada el día 9 de diciembre de 2010 del Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental; en consecuencia, se ordena remitir el presente expediente al Tribunal de origen a los fines que se pronuncie sobre el fondo del asunto. Así se declara.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Mónica Carina Herrera Marcano, actuando en su condición de sustituta del Procurador General del Estado Monagas, contra el fallo proferido por el Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil (Bienes) de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, en fecha 16 de febrero de 2006, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana LIANA DEL CARMEN ORDAZ. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. PROCEDENTE la consulta de Ley establecida en en artículo 72 de la Ley orgánica de la Procuraduría General de la República y en consecuencia SE CONFIRMA la decisión proferida por el iudex a quo.

En la presente demanda por abstención o carencia interpuesta por el abogado Marco Roman, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 21.615, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano RICCARDO FORGIONE FULCOLI, titular de la cédula de identidad Nº 8.735.778, contra el SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI); esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción la demanda interpuesta; 2.- ADMITE la aludida demanda; 3.- ORDENA citar al Registrador de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), requiriéndole que informe en un lapso de cinco (5) días de despacho contados a partir de que conste en autos su citación, sobre la causa de la abstención denunciada, y 4.- ORDENA notificar a los ciudadanos MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS LIGERA Y COMERCIO y PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, así como a la ciudadana FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA.....