Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley de la sentencia dictada en fecha 22 de marzo de 2013 por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana VIOLETA DEL VALLE ESPINOZA CASTRO, titular de la cédula de identidad Nº V-9.521.319, debidamente asistida por las abogadas Sugeily Arteaga Croes y Mónica Croes, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 160.949 y 171.210; respectivamente, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 01, de fecha 14 de noviembre de 2011, en el cual se decidió su destitución del cargo de Secretaria en la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIALISTA DEL ESTADO FALCÓN (CORPOFALCÓN). 2.- Se CONFIRMA la decisión consultada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: Declaró que 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por el ciudadano ALEXIS MANUEL RODRÍGUEZ TABLANTE, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en el estado Delta Amacuro, en fecha 17 de mayo de 2012, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de abstención o carencia contra el CONSEJO LEGISLATIVO SOCIALISTA DEL ESTADO MONAGAS. 2.- SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto; 3.- CONFIRMA, el fallo apelado. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 26 de agosto de 2003, por el Procurador General del Estado Yaracuy contra la decisión dictada en fecha 21 de enero de 2003 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo constitucional por el ciudadano NELSON ADONIS LEÓN, titular de la cédula de identidad Nº V- 7.404.068, debidamente asistido por el abogado Carlos Rodríguez Rugeles, contra el acto administrativo contenido en el Decreto Nº 520, de fecha 13 de diciembre de 1998 emanado de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO YARACUY. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación ejercido. 3.- PROCEDENTE la consulta. 4.-Se CONFIRMA en los términos expuestos.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por la abogada Daniela Palermo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 106.498, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil CLIFFS DRILLING COMPANY, contra la Resolución N° 0539 de fecha 25 de noviembre de 2008, emanada de la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH).

Esta Corte declaró: 1.- ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en fecha 12 de abril de 2013 para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano FRAMNY RAFAEL PARARIA ORSINI, titular de la cédula de identidad Nro. 7.195.145, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 42.193, actuando en su propio nombre y representación, contra el acto administrativo contenido en el expediente Nº UAI-DDR-001/2012, de fecha 4 de octubre de 2012, dictado por la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COJEDES. 2.- Se ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte con la finalidad de que se pronuncie sobre la admisión del presente recurso, y realice la notificación de las partes, con prescindencia de la competencia analizada en el presente fallo.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por los a abogados Daniel Zaibert y Roxanna Medina De Zaibert, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 51.024 y 28.643, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil OTEPI CONSULTORES, S.A., contra la contra el Acto Administrativo, número 1, emanado del BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT (BANAVIH) de fecha 18 de abril de 2008, contentivo del acta de fiscalización mediante la cual se le sancionó con el pago de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE BOLÍVARES (Bs. 392.139,00).

Esta Corte declaró: 1.- IMPROCEDENTE la oposición a la suspensión de la causa manifestada por el apoderado judicial del ciudadano DOUGLAS EVANGELISTA GONZÁLEZ GUERRA, en el marco de la demanda por daños morales y daños patrimoniales interpuesta por el abogado Pedro López Navarro, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano DOUGLAS EVANGELISTA GONZÁLEZ GUERRA, contra la empresa COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE); 2.- PROCEDENTE la solicitud de suspensión de la causa peticionada por el abogado Julio González, actuando en su carácter de representante judicial de la CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC), por tanto, se ACUERDA la suspensión de la causa por un lapso de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente fallo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte 1.- Ratificó su COMPETENCIA para conocer del recurso interpuesto por la apoderada judicial del ciudadano VÍCTOR JOSÉ FERNÁNDEZ MEJÍA, contra la UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 2.- CON LUGAR el recurso de nulidad. 3.- NULO el acto administrativo contenido en el Oficio de fecha 5 de noviembre de 2004, suscrito por el Jefe del Departamento de Tecnología de Servicios de la UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR. 4.- ORDENÓ la reincorporación del recurrente al cargo que desempeñaba al momento de la ilegal rescisión del contrato.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara:1. Ratifica la COMPETENCIA para conocer y decidir en primer grado primer grado de jurisdicción de la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Miguel Ángel Colmenares Moncada, actuando con el carácter de apoderado judicial del INSTITUTO PUERTO AUTÓNOMO DE PUERTO CABELLO (IPAPC), organismo oficial creado por la Ley mediante la cual el Estado Carabobo asume la competencia exclusiva sobre sus Puertos de Uso Comercial y crea el Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello de fecha 26 de julio de 1991, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria del Estado Carabobo N° 403 del 13 de agosto de 1991, contra el acto administrativo N° INEA/P - 1547 de fecha 2 de octubre de 2007, suscrito por el ciudadano Rafael Amadeo Da Silva Duarte, en su condición de Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS E INSULARES (INEA) . 2. DESISTIDO el procedimiento de autos.

En virtud de las consideraciones expuestas y habiendo analizado la decisión proferida por el Juzgador de Instancia, resulta forzoso para esta Alzada declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, sólo en lo referente al punto analizado en el capítulo anterior, y en consecuencia, REVOCAR parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 10 de enero de 2011, sólo en cuanto a la improcedencia decretada por el a quo sobre los beneficios de Seguro de Hospitalización, Cirugía, Maternidad, Vida, Accidentes Personales, Póliza de Seguros Funerarios y Servicio Médico Odontológico, siendo procedentes los referidos beneficios. Así se decide. En atención a lo anterior se CONFIRMA PARCIALMENTE el fallo apelado que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.