Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados José Valentín González, Álvaro Guerrero Hardy y Andreina Martínez Veracoechea, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil MOLIENDAS PAPELÓN, S.A. (MOLIPASA), contra la Providencia Administrativa Nº 097 de fecha 19 de marzo de 2010, emanada del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS); 2.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido.

La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declaró su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Edinson Mujica, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos José Luis Pérez, Matilde Becerra Peña, Bidal Antonio Lucena Piñero y Wolfgang Jiménez contra la sentencia dictada en fecha 20 de noviembre de 2011, por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado contra la Providencia Administrativa N° 56 de fecha 25 de abril de 1994 emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA. CON LUGAR la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte recurrente; Se ANULA el fallo apelado, y conociendo en el fondo se declara: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró:1.- COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 4 de octubre de 2010, por la ciudadana BRIZAIDA TORRES, debidamente asistida por el abogado Edgar Torres, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N1 47.662, contra la sentencia dictada en fecha 30 de julio de 2010, por el Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la mencionada ciudadana contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA. 2.- CON LUGAR, el recurso de apelación. 3.- REVOCA, la sentencia apelada. 4.- Se ORDENA remitir el presente expediente al Tribunal de origen, a los fines que dicte sentencia en la presente causa.

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ACEPTA LA COMPETENCIA. 2.- SE REVOCA el auto de admisión de fecha 15 de julio de 2010, dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental; y la decisión dictada por el referido Juzgado en fecha 27 de abril de 2009; en consecuencia se ANULA todas las actuaciones efectuadas ante el mencionado Juzgado. y se ORDENA la reposición de la causa al estado de pronunciarse sobre la admisión de la misma. 3.- ADMITE el referido recurso; 4.- ORDENA citar al ciudadano DIRECTOR ESTADAL AMBIENTAL DEL ESTADO PORTUGUESA 5.- ORDENA notificar a los ciudadanos PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA y FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA. 6.- IMPROCEDENTE, la solicitud de amparo y medida cautelar.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por la Superintendencia de las Instituciones Bancarias; 2. IMPROCEDENTE la impugnación ejercida contra el documento consignado por la querellada; 3. IMPROCEDENTE la perención solicitada; 4. SIN LUGAR la apelación ejercida; 5. CONFIRMA en los términos expuestos en el presente fallo, en consecuencia: 5.1. DECLARA la nulidad del acto administrativo impugnado; 5.2. ORDENA la reincorporación de la querellante, 5.3 ORDENA el pago de los sueldos dejados de percibir, conforme a lo establecido en la motivo del presente fallo; 5.4 ORDENA la realización de una experticia complementaria del fallo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: se CORRIGE el error material en que se incurrió en el fallo N° 2011-0390, de fecha 16 de marzo de 2011.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- TEMPESTIVA la solicitud de rectificación y aclaratoria de la sentencia Nro. 2011-0253, dictada por esta Corte el 28 de febrero de 2011; 2.- IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria de la sentencia, en lo que respecta a la suspensión de la causa; 3.- Se RECTIFICA la pagina 68 de la decisión en lo referente al numeral 3º del dispositivo del fallo; 4. IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria de la sentencia, en lo que respecta a la a la presentación de nueva fianza para suspender la medida de embargo decretado 5.- IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria de la sentencia en lo que respecta a la apertura de la incidencia establecida en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, 6.- IMPROCEDENTE solicitud de aclaratoria de la sentencia en lo que respecta a la desaplicación por control difuso, 7.- TÉNGASE la presente decisión como parte integrante de la sentencia Nro. 2011-0253, dictada por esta Corte el 28 de febrero de 2011.....

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. IMPROCEDENTE la solicitud de decaimiento del objeto presentada por la representación judicial de la Procuraduría General de la República. 2. IMPROCEDENTE la solicitud de decaimiento del acto administrativo presentado por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil recurrente. 3. ORDENA la apertura de un cuaderno separado para la tramitación de la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la Apoderada Judicial del ciudadano CARLOS GERMÁN ANTONIO OLLARVES ÁLVAREZ, contra la sentencia de fecha 9/12/2005, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental que declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el señalado ciudadano, contra la Providencia Administrativa dictada el 18/03/2005, por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA, FALCÓN Y LOS TAQUES DEL ESTADO FALCÓN, 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y 3. CONFIRMA el fallo apelado con la reforma indicada.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA, que le fue efectuada por el Tribunal Primero de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, para conocer en primer grado de jurisdicción la demanda por daños materiales y morales, incoada por los ciudadanos LUIS JOSÉ SALAZAR GONZÁLEZ, DAMELYS DEL VALLE PIÑANGO DE SALAZAR, YSDELI VIVIANA SALAZAR PIÑANGO y EDDI JOSÉ TORREALBA, los dos últimos actuando en representación de su menor hija EDDARY VIVIANA TORREALBA SALAZAR, contra el ciudadano JEAN CARLOS POLANCO VALERA y las Sociedades Mercantiles MERCADOS DE ALIMENTOS, C.A., (MERCAL C.A.), SEGUROS ALTAMIRA, C.A. y 2.- ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que emita el pronunciamiento acerca de la admisibilidad de la presente demanda.