Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial ejercido conjuntamente con Acción de Amparo Constitucional por los ciudadanos SAMUEL ANTONIO LUGO y FELICITA MARTÍNEZ, titulares de las cédulas de identidad números 7.988.420 y 7.505.958, respectivamente, debidamente asistidos por los abogados María León Montesinos y Francisco Amoni Velásquez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 30.864 y 31.156, respectivamente, contra los actos administrativos S/N, de fechas 31de enero de 1996, emanados de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN FELIPE DEL ESTADO YARACUY, mediante los cuales se les destituyó de los cargos de "Secretario de Relaciones Inter-Institucionales" y "Coordinador de Ejidos", por motivo del proceso de reducción de personal aprobado por la Cámara Municipal en fecha 25 de enero de 1996.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: SU COMPETENCIA para conocer de la regulación de competencia solicitada por el abogado el abogado Carlos Moreno Malavé, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Corporación Galáctica, C.A, tercera parte interesada; Que no hay materia sobre la cual decidir en la solicitud de regulación de competencia interpuesta por la representación judicial de la sociedad mercantil Corporación Galáctica, C.A., tercero interesado, por cuanto ya fue regulada en fecha 7 de julio de 2010 por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; Se ORDENA REMITIR el presente expediente al Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, a los fines de que continúe con el procedimiento legal correspondiente en la presente causa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer la apelación interpuesta por la ciudadana YENIREE ISABEL SÁNCHEZ BOHÓRQUEZ, contra las presuntas actuaciones de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA, sin acto administrativo que las sustente. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta; 3.- CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia en fecha 15 de octubre de 2013, que declaró improcedente el Amparo Cautelar incoado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró SIN LUGAR la Demanda de Nulidad, interpuesta por la sociedad mercantil GRUPO VENEVENT, C.A., representada judicialmente por los abogados Álvaro Garrido Lingg, María del Carmen Zambrano Durán y Oscar Moreán Ruíz, respectivamente, contra el acto administrativo de efectos particulares emitido en fecha 23 de noviembre de 2011, por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), contenido en la decisión administrativa número PRE-VPAI-CJ-051410, notificado mediante correo electrónico el 7 de diciembre de 2011, mediante el cual se decidió sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra la negativa de las Autorizaciones de Liquidación de Divisas (ALD) identificadas con los números 14047800, 14047833, 14047851, 14047816 y 14047777. Se ordenó notificar a las partes.

En virtud de la inhibición planteada por la Abogada Hirda Soraida Aponte, en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi, para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana Betty Yolanda España Ramírez contra la Gobernación del estado Apure, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la inhibición formulada por la ciudadana Hirda Soraida Aponte. 2.- CON LUGAR la inhibición propuesta. 3.- SE ORDENA NOTIFICAR de la presente decisión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo, a la ciudadana Hirda Soraida Aponte, en su carácter de Jueza Provisoria del referido Juzgado Superior.

En el expediente contentivo de la apelación interpuesta por la Representación Judicial de la ciudadana Eugenia Chacón contra la sentencia dictada por el A quo, mediante la cual declaró Sin Lugar la querella funcionarial interpuesta por la referida ciudadana contra el Consejo Nacional de la Cultura, esta Corte dictó decisión, mediante la cual declaró: 1. Su Competencia; 2. Anula por orden público el fallo apelado; 3. Inoficioso pronunciarse respecto a la apelación; 4. Inadmisible la querella respecto del acto de remoción y: 5. Sin Lugar la querella funcionarial respecto del acto de retiro.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Abogada Lina Camacho, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil WILLIAM PEARSON DE VENEZUELA C.A., contra el Registro de Marca Nº P312018 de fecha 10 de noviembre de 2011, emanado del SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del estado Aragua, mediante decisión de fecha 13 de noviembre de 2013 2. ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines que se pronuncie sobre la admisión de la presente causa

En virtud de la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico en fecha 6 de mayo de 2013, mediante el cual declaró su Incomptencia para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el Abogado Gabriel Fernández actuando con el carácter de Apoderado Judicial Leonardo Brito contra el acto administrativo dictado por el Consejo Disciplinario del Distrito Capital del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró lo siguiente: NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuere declinada por el refreido Juzgado. 2.- PLANTEA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 3.- Ordena REMITIR el presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

En la demanda por cobro de daños y perjuicios intentada conjuntamente con medida cautelar de embargo preventivo por los Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil Inversora Horizonte, S.A. contra las Sociedades Mercantiles Organización Corporativa Venezolana, C.A. y Seguro Pirámide C.A., esta Corte declara: 1.- Consumada la perención y extinguida la instancia.

En la demanda por cobro de bolívares interpuesta por la Abogada María Santos, actuando con el carácter de Síndico Procurador Municipal de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VARGAS DEL ESTADO VARGAS, contra la ASOCIACIÓN COOPERATIVA MARVAL II R.L., y la Sociedad Mercantil UNIVERSAL DE SEGUROS C.A., esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante decisión de fecha 1º de octubre de 2013 2. ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines que se pronuncie sobre la admisión de la presente causa.