Esta Corte declaró: que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 9 de octubre de 2017, por la representación judicial de la parte querellada, contra el auto dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual se declaró inadmisibles las pruebas promovidas en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Carmen Valarino Uriola, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana LEYDA JOSEFINA MEDINA, antes identificada, contra el MUNICIPIO EL HATILLO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA; SIN LUGAR la apelación ejercida y en consecuencia se CONFIRMÓ el auto dictado en fecha 25 de septiembre de 2017 por el aludido Juzgado, mediante el cual se declaró inadmisible la promoción de prueba de informes, confesión extrajudicial y solicitud de exhibición documental promovidas por la apoderada judicial de la parte querellada.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró: COMPETENTE para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 24 de octubre de 2017, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSE ALFREDO CACERES MARIÑO, asistido por el abogado Néstor Darío Velazco Mariño, contra el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (C.I.C.P.C). 2. PROCEDENTE la consulta de ley planteada y en consecuencia, CONFIRMA con las modificaciones expuestas el fallo objeto de consulta

Esta Corte: RATIFICÓ su competencia para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano FREDDY ALÍ GÓMEZ, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución Nº 01-020-2015 de fecha 30 de noviembre de 2015, notificada en la misma fecha, emitida por la CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO PEDRO ZARAZA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO; 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta, en consecuencia: 3.- Se declaró NULA la Resolución Nº 01-020-2015 de fecha 30 de noviembre de 2015; 4 NULA la Resolución Nº 117, de fecha 16 de octubre de 2015, ambas emanadas de la Contraloría del Municipio antes señalado; y 5.- Se NEGÓ la solicitud de la parte demandante de que se condene en costas al Municipio Pedro Zaraza del estado Bolivariano del estado Guárico.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró: QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido el 15 de enero de 2015, por la abogada Dolly Astrid Osorio Colmenares, actuando como apoderada judicial de la parte querellante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo del estado Táchira, el 7 del mismo mes y año, en el juicio incoado por el ciudadano DIEGO GRAJALES LÓPEZ, asistido por el abogado Gastón Gilberto Santander Cacique, ya identificados, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO TÁCHIRA. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- REVOCA la sentencia apelada. 4.- CON LUGAR la querella deducida. 4.1.- Se ANULA el acto administrativo de destitución Nº 073/2013 de fecha 2 de octubre de 2013, emanado por el Instituto Autónomo de Protección Civil del estado Táchira. 4.2.- Se ORDENA la reincorporación al cargo ejercido por el querellante

Se dictó decisión mediante la cual declaró: COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 19 de septiembre de 2017, po el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y subsidiariamente solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por la abogada MARBELLA RODRÍGUEZ DE TESCARI, actuando en su propio nombre y representación, contra la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (U.C.V). 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, FIRME la sentencia apelada

Esta Corte dictó Auto mediante el cual: ORDENÓ notificar tanto a la ciudadana Mariela del Valle Trybiec de Núñez, antes identificada, como a la Universidad de Oriente (U.D.O.), e igualmente, a la Directora de la Inspectoría Nacional y otros Asuntos Colectivos de Trabajo (sector público) del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, para que en un lapso de diez (10) días de despacho, más cinco (5) días continuos como término de la distancia, contados a partir de que conste en autos sus respectivas notificaciones, consignen documento o información relativa a la validez o no de la I Convención Colectiva de Trabajo UDO-ASPUDO 2007-2010.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró: COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta el 23 de octubre de 2017, por la abogada Yivis Josefina Peral Narváez, actuando como apoderada judicial de la parte querellada, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del estado Aragua en fecha 19 de enero de 2017, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ALEJANDRA IVANOVA MORENO LEÓN, asistida por la abogada Nayilde Fermina Sosa Cárdenas, ya identificadas, contra la CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO ARAGUA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA la sentencia apelada

Se dictó decisión mediante la cual declaró: COMPETENTE para conocer de la apelación del fallo dictado por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en el estado Delta Amacuro, en fecha 12 de enero de 2017, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo cautelar por los abogados Eduardo José Jiménez Herrera y Héctor Sánchez Losada, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 132.525 y 82.193, respectivamente , actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano HORACIO RAFAEL REQUENA RONDÓN, contra la GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL ESTADO MONAGAS. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. PROCEDENTE la consulta de ley obligatoria y en consecuencia, CONFIRMA la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior Estadal

Esta Corte declaró: SU COMPETENCIA para conocer de las apelaciones efectuadas por las partes, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 10 de junio de 2014, que declaró parcialmente con lugar la demanda de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil MOLINA AGENCIA DE VIAJES, C.A., contra EL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA; SIN LUGAR la apelación ejercida por la apoderada Judicial de la parte demandada; CON LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de la parte demandante; Se REVOCÓ PARCIALMENTE, la decisión dictada por el Juzgado Superior, y en tal sentido: NULO el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 065-2012 dictado en fecha 10 de septiembre de 2012, emitido por la Alcaldía del Municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda; se ordenó que se otorgue la Conformidad de Uso; y se CONFIRMÓ el resto de la decisión dictada por el Juzgado Superior.

Se dictó decisión mediante la cual se ORDENA la realización de una experticia complementaria del fallo a los fines de determinar los pagos que deben ser efectuados por la Universidad Central de Venezuela (U.C.V), para lo cual esta Corte designará un solo experto a tales fines, el cual deberá ser costeados por ambas parte de forma igualitaria. 2-. Se NIEGA la solicitud referida a la indexación de los pagos adeudados por la Universidad Central de Venezuela (U.C.V), conforme a la motiva del presente fallo. 3-. DECRETA LA EJECUCIÓN FORZOSA de la sentencia N° 00904 dictada en fecha 9 de agosto de 2016, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia