Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Procedente la solicitud de falta de jurisdicción realizada por la apoderada judicial de la empresa Transeguro, C.A. de Seguros. 2.- LA FALTA DE JURISDICCIÓN del Poder Judicial para conocer y decidir la referida demanda únicamente con respecto a la sociedad mercantil TRANSEGURO, C.A. DE SEGUROS. 3.- Que el PODER JUDICIAL SI TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda contra la sociedad mercantil P Y P CONSTRUCCIONES 13. 4.- Se ORDENA agregar copia certificada de la presente decisión al asunto principal distinguido con la nomenclatura AP42-G-2012-000576. 5.- Se ORDENA la REMISIÓN del presente cuaderno separado, así como del expediente principal, a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de la consulta obligatoria dispuesta en el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil. Se ordenó la notificación de la presente decisión.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 3 de octubre de 2013, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPONE la causa al estado que se libren las notificaciones a que hubiera lugar para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia de conformidad con los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la abogada Jaibeth de la Chiquinquirá Sanoja, apoderada judicial de la ASOCIACIÓN DE VECINOS URBANIZACIÓN VALLE FRESCO "ASOVEC VALLE FRESCO", contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, en fecha 13 de marzo de 2008, que declaró desistido el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el CONSEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO MARIÑO DEL ESTADO ARAGUA. 2.- ANULA PARCIALMENTE el auto de fecha 6 de febrero de 2013 con excepción de la admisión de la causa. 2.1.- ANULA todas las actuaciones posteriores al auto de fecha 6 de febrero de 2013. 2.2.- REPONE la causa al estado de que el Tribunal de Instancia reordene el proceso previa notificación de las partes para continuar su tramitación. Se ordenó la remisión del expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la consulta de Ley con motivo de la decisión dictada en fecha 27 de febrero de 2013, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados José Raúl Villamizar y Ali Josefina Palacios García, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano WILLIAM ALBERTO GAMARRA LINAREZ contra la JUNTA LIQUIDADORA DEL FONDO DE CRÉDITO INDUSTRIAL (FONCREI). 2.- PROCEDENTE la consulta. 3.- REVOCA el fallo y conociendo en consulta declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Se ordenó notificary remitir el expediente añ Tribunal de origen.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Lawrence Karlo Calderón Paredes, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano JUAN RAMÓN PADILLA RODRÍGUEZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del estado Aragua en fecha 28 de junio de 2013, mediante la cual declaró consumada la perención de la Instancia en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el INSTITUTO CORPORATIVO DE LA VIVIENDA EN ARAGUA (INVIVAR). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del estado Aragua en fecha 28 de junio de 2013. Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente decisión. Remítase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la representación judicial de la sociedad mercantil DAMBROMOTORS, C.A., contra la Resolución s/n que declaró sin lugar del recurso jerárquico de fecha 29 de julio de 2008, siendo notificada el 26 de enero de 2010, emanada del Consejo Directivo del INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (INDECU), hoy, INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), mediante la cual se sancionó a la mencionada empresa con multa legal de mil setecientas Unidades Tributarias (1700 U.T) equivalentes para la fecha de la imposición de la referida sanción, a la cantidad de cuarenta y nueve millones novecientos ochenta mil Bolívares con cero céntimos (Bs. 49.980.000,00), hoy cuarenta y nueve mil novecientos ochenta Bolívares (Bs. 49.980,00). Asimismo se ordenó notificar el presente fallo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: DESISTIDA la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por el abogado Luis Armando Medina, actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano Andrés Jesús Gamardo Brito, contra la Resolución Nº PRE-VPAI-CJ-004470, de fecha 13 de febrero de 2013, emanada de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), mediante la cual declaró sin lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto en fecha 4 de febrero de 2013, a través de la cual negó la autorización de adquisición de divisas (AAD) estudiante correspondiente a la solicitud Nº 15733699.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativa declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto; revoca el fallo de fecha 6 de abril de 2006, dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en consecuencia, se anula el acto administrativo Nro. DG-111-05 de fecha 27 de septiembre de 2005, dictado por la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), hoy Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), únicamente en lo relativo al retiro del ciudadano Mario Antonio Rodríguez, por lo tanto se ordena a la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) hoy Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el pago de un (1) mes de sueldo, con base al sueldo que actualmente le corresponde al cargo de Inspector, referido al tiempo durante el cual debían ser realizadas las gestiones reubicatorias.

Se dicto decisión mediante la cual esta Corte declaró: En virtud de las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos requerida por el abogado Néstor Morales Velásquez, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos BRAULIO ELIEZER GUTIÉRREZ RAMOS y PABLO JOSÉ MENDOZA, titulares de la cédula de identidad Nros. 4.387.618 y 5.746.636, respectivamente, contra el auto decisorio de fecha 13 de noviembre de 2012, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COJEDES, mediante la cual se impuso multa y reparo a los prenombrados ciudadanos, la cual fue confirmada mediante declaratoria sin lugar del recurso de reconsideración de fecha 10 de enero de 2013.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.-Declaró que es COMPETENTE para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 26 de febrero de 2013, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Imelda Beatriz Salcedo Herrera, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana IMELDA BEATRIZ SALCEDO HERRERA, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. 2.- CONFIRMÓ la sentencia en consulta. Se ordenó la notificación y la remisión del expediente al Juzgado de origen.