Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara:1.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con pretensión cautelar de amparo constitucional por el abogado Jesús Ramón Pérez Mata, en su carácter de Presidente de la "FUNDACION RENACER", representado por los abogados Fernando Zapata, Euridice Díaz Campos, Mary Chuecos Pérez y Marieva Montenegro, respectivamente, contra el acto administrativo contenido en el "ACTA OFERTA N° F.G.D.P.B.-I-02-001 de fecha 17 de abril de 2002", emitida por el FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE). 2.- Se REVOCA la sentencia Nº 1.736 de fecha 4 de julio de 2002, proferida por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró procedente la pretensión de amparo cautelar interpuesta por la parte actora en su escrito libelar, en virtud de que ya fue declarado sin lugar el recurso de nulidad aquí interpuesto.

Esta Corte declara: 1.- ES COMPETENTE para conocer en primera instancia la demanda de contenido patrimonial interpuesta por la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. 2.- CON LUGAR la demanda de incumplimiento de contrato de obra; en consecuencia: 2.1.- PROCEDENTE el pago de la cantidad de Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Bolívares con Cuarenta y Nueve Céntimos (Bs. 645.349,49) 2.2.- PROCEDENTE el pago de la cantidad de Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Setenta y Dos Bolívares con Setenta y Nueve Céntimos (Bs. F. 688.372,79), 2.3.- PROCEDENTE el pago de los intereses moratorios, por las cantidades condenadas. 2.4.- se ORDENA la realización de una experticia complementaria del presente fallo, conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil a los fines de que se establezca lo que en definitiva corresponda al demandante.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- COMPETENTE para conocer por consulta de Ley, la sentencia dictada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón en fecha 10 de octubre de 2012, que declaró Con Lugar la querella funcionarial interpuesta por el abogado Gabriel Puche, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano EDGAR UGARTE FRANCO, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA, por los actos administrativos de remoción y retiro contenidos en Oficios Nº 0035 de fecha 18 de enero de 2005; y Nº 0917 de fecha 22 de febrero de 2005. 2.- REVOCA, el referido fallo. 3.-Declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella funcionarial interpuesta, en consecuencia; 3.1.-VÁLIDO el acto de remoción. 3.2.-NULO el acto de retiro. 3.3.-ORDENA la reincorporación para la realización de las gestiones reubicatorias. Se ordenó la notificación y remisión del expediente al Juzgado de origen

Esta Corte declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativo del Estado Bolívar, en fecha 19 de junio de 2013. 2.- EXTEMPORÁNEO el escrito de fundamentación de la apelación presentado en fecha 10 de octubre de 2013, por la representación judicial del la parte recurrida. 3. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 4. IMPROCEDENTE la consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República con ocasión a la decisión de fecha 19 de junio de 2013, proferida por el mencionado Juzgado, en consecuencia: 4. FIRME la sentencia apelada.

En virtud de las consideraciones expuestas, resulta forzoso para esta Corte declarar SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte querellante, contra la sentencia dictada en fecha en fecha 29 de febrero de 2012 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en consecuencia, se CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano la sociedad mercantil TERRAZAS DE HUMBOLDT, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 26 de septiembre de 2006, bajo el Nº 73, Tomo 1424-A; debidamente representada por el abogado Sergio Arango Cespedes, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 69.159, contra el acto administrativo Nº DEC-17-00115-2012, proferido por el INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), en fecha 10 de septiembre de 2012, a través del cual sancionó a la mencionada empresa con una multa equivalente a mil unidades tributarias (1000 UT).

Conforme a lo anteriormente expuesto, considera quien aquí decide que existen elementos suficientes para señalar que efectivamente el referido Juez se encuentra incurso en la causal de recusación establecida en el numeral 6° del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en consecuencia, se declara con lugar la inhibición planteada por el Juez Gustavo Valero Rodríguez

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara:1-. IMPROCEDENTE la solicitud de perención de la causa solicitada por la abogada Antonieta de Gregorio, actuando en su carácter de Fiscal Primera del Ministerio Público.2.- DECAIMIENTO DEL OBJETO del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Carmelo De Grazia Suárez, Horacio De Grazia Suárez y Pamela Alexandra Quiróz,en su condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA, C.A., contra el acto administrativo contenido en el Oficio N° 107, del 27 de julio de 2005, dictado por el INSTITUTO NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, mediante el cual se impuso sanción de multa por la cantidad de ochocientos cincuenta unidades tributarias (850 U.T.), equivalentes a veinticuatro millones novecientos noventa mil bolívares (Bs. 24.990.000,00) y la Planilla de Liquidación de Multa N° 0000007 del 26 del mismo mes y año, expedida en ejecución del acto administrativo referido.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 12 de junio de 1995, por la abogada Vivian Abrams Gago, sustituta del Procurador General de la República, contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Carrera Administrativa el 26 de mayo de 1995; 2.- CON LUGAR la apelación; 3.-REVOCÓ PARCIALMENTE la sentencia apelada, y 4.- Se ORDENÓ el pago de los sueldos desde el 16-09-1991 al 17-06-1992; se ordenó experticia complementaria y la remisión del presente expediente al Juzgado Superior (distribuidor) de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los fines de su distribución.

Esta Corte declara: . Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Marlene Sandoval, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrida, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 23 de julio de 2008, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados José Gregorio Zaa Álvarez y Manuel Alfonso Parra, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano JESÚS VÁSQUEZ, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA, 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. IMPROCEDENTE la consulta de Ley. 4. FIRME la sentencia apelada.