Se dictó Sentencia que declaró: SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por la la sociedad mercantil BANCO CARONÍ C.A., BANCO UNIVERSAL; contra la Resolución Nº 109.12, de fecha 30 de julio de 2012 y notificada el 2 de agosto de 2012, por la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, en la que se declaró sin lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto y se confirmó el acto administrativo Nº 067.12, mediante el cual se impuso a la entidad bancaria una multa por la cantidad de Novecientos Dieciocho Mil Bolívares sin Céntimos (Bs. 918.000,00), correspondiente al uno por ciento (1%) de su capital pagado, por haber evidenciado dicho órgano administrativo, el incumplimiento en el otorgamiento de los porcentajes de créditos para el sector agrario, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2011, por parte de dicha institución bancaria; en consecuencia, se RATIFICÓ la legalidad de las Resoluciones Nº 067.12 y N°109.12. Se ordenó la notificación.

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ordena notificar al ciudadano PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MONAGAS, para que comparezcan en un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, a los fines de que manifiesten su interés de continuar con la presente causa, la cual lo constituye el recurso de apelación ejercido en fecha 7 de enero de 1986, por el ciudadano Procurador General del Estado Monagas, contra la sentencia dictada en fecha 20 de diciembre de 1985 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el día 1 de noviembre de 2013, por el Abogado Fernando J. Valera, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo en Nº 91.434, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil INTERBANK SEGUROS, S.A., contra la decisión dictada en fecha 28 de octubre de 2013, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda de ejecución de fianza conjuntamente con medida cautelar de embargo, interpuesta por el INSTITUTO AUTÓNOMO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA (INFRAMIR). 2.- HOMOLOGADA LA TRANSACCIÓN celebrada entre las partes en fecha 29 de enero de 2014.

Esta Corte dictó decision mediante la cual declaró: DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por el Abogado JESÚS ANTONIO RIPOLL, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 64.780, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL C.A. (ONSEINCA), inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, bajo el Nº 27, Tomo 60-A, de fecha 30 de noviembre de 1998, contra la sociedad mercantil PETROBOSCAN S.A, filial de Petróleos de Venezuela. Se ordenó el archivo del expediente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte HOMOLOGÓ EL DESISTIMIENTO presentado mediante escrito de fecha 7 de enero de 2014, por el abogado Néstor Darío Velazco Chacón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 38.709, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano FEDERICO LUIS II SALCEDO NOGUERA, titular de la cédula de identidad N° 10.172.850, en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar innominada por el referido ciudadano, contra la Resolución CMAB Nº 014-2010, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria, Nº 32, de fecha 19 de octubre de 2010, emanada de la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO ANDRÉS BELLO DEL ESTADO TÁCHIRA. Se ordenó archivar el expediente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró la PÉRDIDA DEL INTERÉS y la EXTINCIÓN DEL PROCESO de la apelación ejercida el 29 de noviembre de 2007, por el apoderado judicial del ciudadano JOSÉ MARÍA LARRAURI DERTEANO, contra el auto dictado por el Juzgado a quo, en fecha 27 de noviembre de 2007, en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el mencionado ciudadano, contra la Providencia Administrativa Nº 463-2005, de fecha 6 de mayo de 2005, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el referido ciudadano, contra la sociedad mercantil INTEVEP, S.A. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 15 de enero de 2014, por la abogada ZULEIMA APONTE, actuando en su carácter de sustituta del Procurador General de la República, contra la sentencia dictada en fecha 20 de diciembre de 2013, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró la perención de la instancia en la demanda interpuesta; 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3. REVOCA la decisión dictada en fecha 20 de diciembre de 2013, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante el cual declaró la perención de la instancia; 4. ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, para que continúe con la tramitación de la presente demanda.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer y decidir el recurso de apelación ejercido por el apoderado judicial del recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 3 de diciembre de 2013, mediante la cual declaró improcedente el amparo cautelar solicitado por el ciudadano MELECIO ROMERO CERPA, asistido por el abogado Gabriel Arcángel Puche Urdaneta, contra el INSTITUTO PARA EL CONTROL Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO (ICLAM), órgano adscrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE; 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta; 3.- CONFIRMA con la motivación expuesta el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal deorigen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró DESISTIDO el procedimiento en la demanda por resolución de contrato y ejecución de fianza ejercida por el Sindico Procurador Municipal del MUNICIPIO LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA, contra la SOCIEDAD ANÓNIMA TÉCNICA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE LAGUNILLAS (SATECA-LAGUNILLAS) del estado Zulia y solidariamente contra la sociedad mercantil SEGUROS CORPORATIVOS S.A. Se ordenó notificar al Síndico Procurador Municipal del Municipio Lagunillas del estado Zulia.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por la apoderada judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA DEL ESTADO ZULIA, contra la decisión dictada en fecha 23 de febrero de 2011, por el Juzgado a quo, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el apoderado judicial de la ciudadana MERCEDES MARGARITA SÁNCHEZ BERMÚDEZ, contra ese Municipio. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCÓ ex officio la sentencia apelada, por violar normas de orden público, únicamente en lo que respecta a la condenatoria en costas procesales. 3.1.- FIRME el fallo apelado en sus demás pronunciamientos. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen.