Auto mediante el cual se providenció demanda por cobro de bolívares y daños y perjuicios incoada por el ciudadano Sujel Bou Hamdan, actuando con el carácter de Presidente (E) del Instituto Autónomo de Vialidad, Tranporte, Puertos y Aeropuertos del Estado Apure (INVIALPA), asistido por la abogada Annaliesse Montenegro Rondón contra las sociedades mercantiles Maquinarias 82-81, C.A. y Venezolana de Seguros y Vida, C.A., esta última en su condición de fiadora.

DESISTIDO EL RECURSO DE APELACIÓN; FIRME EL FALLO APELADO.

CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN, REVOCÓ LA SENTENCIA APELADA Y SE ORDENA AL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CAPITAL, VERIFICAR LAS RESTANTES CAUSALES DE INADMISIBILIDAD PREVISTAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, Y EN CASO DE NO COMPROBARSE NINGUNA DE ÉSTAS, PROCEDER A LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO Y SOLICITAR EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO RELACIONADO CON EL CASO, O BIEN HACER USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÌCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por ciudadano EFRÉN ANTONIO SILVA HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° 3.386.383, actuando en su propio nombre y representación, contra la sentencia de fecha 5 de agosto 1999, dictado por el Tribunal de Carrera Administrativa, mediante la cual declaró inadmisible la querella funcionarial interpuesta contra el INSTITUTO AUTÓNOMO FERROCARRILES DEL ESTADO (FERROCAR). 2.- La PÉRDIDA DEL INTERÉS y la EXTINCIÓN DEL PROCESO en el recurso de apelación ejercido por el querellante. Se ordenó remitir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en funciones de distribuidor.

En el recurso de apelación interpuesto contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes en fecha 13 de mayo de 2009, que declaró Improcedentes las medidas cautelares de amparo y suspension de efectos solicitadas conjuntamente en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana Sira María Perdomo Marcano, contra los Actos Administrativos dictados por la Gobernación del estado Táchira, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su Competencia para conocer el recurso de apelación interpuesto; 2. Con Lugar el recurso de apelación; 3. Revoca el fallo apelado; 4. Improcedente las solicitudes de amparo cautelar y medida cautelar de suspensión de efectos.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 8 de junio de 2009, por el Abogado Luis Valerio, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano FRANKLIN OSWALDO ACOSTA, contra la sentencia dictada en fecha 2 de junio de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO PORTUGUESA (I.U.T.E.P.), esta Corte dictó sentencia por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3. CONFIRMA el fallo apelado.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano VARTAN DEMURJIAN, en contra de la DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO APURE, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas; 2. ADMITE el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto; 3. ORDENA notificar al ciudadano Director de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General del estado Apure, a los fines de que sirva a remitir los antecedentes administrativos del caso.

En el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Marisela Cisneros Áñez, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano RAIMUNDO MATA SALAZAR, contra la sentencia de fecha 22 de agosto de 2003, dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual se declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 1.631 de fecha 19 de diciembre de 2000, dictado por el ciudadano Director de Personal de la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS, por órgano de la POLICÍA METROPOLITANA, esta Corte dictó sentencia por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; 3. FIRME el fallo apelado.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 27 de noviembre de 2003, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 19 de noviembre de 2003, 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, 3.-ANULA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 19 de noviembre de 2003, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto y 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Accidental "B", administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 28 de mayo de 2003, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 5 de mayo de 2003, 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y 3. CONFIRMA el fallo apelado.