Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por los abogados Juan Pablo Torres Figueredo y Oleana Isabel Colombani, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 90.687 y 90.686 respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA (S.U.T.E.S.), contra el acto administrativo de la buena pro para la adquisición de uniformes a la empresa creaciones Lontoni, C.A. emanado del CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 27 de marzo de 2012, por el ciudadano recurrente contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 20 de marzo de 2012, en la cual declaró sin lugar el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ALEJANDRO JOSÉ MORALES MORENO, antes identificado, asistido por el abogado Hermann de J. Vasquez Flores, antes identificado, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA.2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido.3.- Se CONFIRMA el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, para conocer, en primer grado de jurisdicción, la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con acción de amparo cautelar y, subsidiariamente, medida cautelar de suspensión de efectos, por la ciudadana Ángela Márquez, debidamente asistida por la abogada previamente identificada, contra el acto administrativo contenido en el expediente DNR-13748-11-DN, de fecha 16 de diciembre de 2011, emanado de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDAD RESIDUAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES.2. ADMITE LA DEMANDA interpuesta, IMPROCEDENTE el amparo cautelar incoado; 3.ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines legales conducentes.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por la abogada Ligia Pérez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 10.136, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano LUIS DAVID COSTELA BRANDAO, titular de la cédula de identidad Nº 11.027.257, contra el acto administrativo contenido en el Decreto Nº 000275, de fecha 16 de junio de 2006, emanado de la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 10 de junio de 2008, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- TEMPESTIVA la solicitud de corrección del error material contenido en la sentencia número 2007-2238 dictada por esta Corte en fecha 12 de diciembre de 2007, formulada por el CONTRALOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CAMPO ELÍAS DEL ESTADO MÉRIDA. 2.- PROCEDENTE en los términos expuestos la solicitud de corrección de errores materiales contenidos en la sentencia número 2007-2238 dictada por esta Corte en fecha 12 de diciembre de 2007. 3.- CORRIGE lo referente a la identificación de las partes en la decisión Nº 2007-2238 de fecha 12 de diciembre de 2007 dictada por esta Corte, en consecuencia, donde dice Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo, téngase como Contraloría del Municipio Campo Elías del estado Mérida. En igual sentido, donde se establece como parte recurrente a la ciudadana Luz Marina Navarrete, téngase como Suee Otalvora Rondón, Lisbeth Aparicio, Ana Sánchez Escalona, Omaira Hernández Guillen y Angel Primera.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- IMPROCEDENTE el desistimiento solicitado por el Fiscal Segundo del Ministerio Público en fecha 6 de junio de 2012. 2.- La NULIDAD de la Audiencia de Juicio celebrada en fecha 6 de junio de 2012. 3.- ORDENA reponer la causa al estado de notificación de los ciudadanos Contralora General de la República, Fiscal General de la República, Procuradora General de la República, Contralor del Municipio Autónomo Anzoátegui del estado Cojedes, Eneida Josefina Díaz Rodríguez, Wilmert Jesús Jiménez Pérez, María Elena Villaquiran y Enrique José Dorat Barreto; a los fines que se fije nuevamente la Audiencia de Juicio, siendo establecida su fecha por auto separado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la acumulación de la presente causa solicitada por las apoderadas judiciales de la Contraloría Municipal del Municipio Chacao del Estado Miranda, con las causas contenidas en los expedientes números AP42-G-2012-536, AP42-G-2012-537 y AP42-G-2012-540, que cursan las dos (2) primeras ante este órgano jurisdiccional y la última por ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase al Juzgado de Sustanciación el presente expediente, a los fines de que la causa continúe su curso de Ley. Agréguese un ejemplar de la presente decisión a los expedientes números AP42-G-2012-536, AP42-G-2012-537 y AP42-G-2012-540, que cursan los dos (2) primeros ante este órgano jurisdiccional, y el último por ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Cúmplase lo ordenado.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado por el ciudadano Javier Anzola, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana NAILEYTH JOSEFINA SOTO DE GARCÍA, contra ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ANDRÉS ELOY BLANCO DEL ESTADO LARA.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido en fecha 22 de septiembre de 2004, por la abogada Marisela Cisneros Áñez, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano GERMÁN ALFONSO CÁCERES BERMÚDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 2.553.617, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital de fecha 1º de abril de 2004, mediante el cual declaró la inadmisibilidad por caducidad del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- CONFIRMA el fallo apelado en los términos expuestos.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto en fechas 2 de mayo de 2005 y 11 de mayo de 2005 por las abogadas Arazulis Espejo e Igdelis Hernández, antes identificadas, actuando en representación de la Defensoría del Pueblo, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 30 de marzo de 2005, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por las abogadas Sarais Piña y Teresa Herrera, antes identificadas, actuando en representación de la ciudadana MARÍA YOLANDA BARBERA SÁNCHEZ, contra la DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- ANULA el fallo dictado por el Juzgado Superior en fecha 30 de marzo de 2005. 4.- Conociendo del fondo de la presente causa, SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial.