Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- PROCEDENTE la solicitud de avocamiento realizada por la Abogada Horaida Paredes Rivera, actuando con el carácter de Representante Judicial de la República Bolivariana de Venezuela por órgano del TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, relativa al conocimiento de las causas Nros. 6362 y 6327 remitidas por los Juzgados Superiores Tercero y Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, respectivamente; en consecuencia, 2.- Se AVOCA al conocimiento, en el estado procesal en que se encuentran, de las causas Nros. 6362 y 6327 remitidas a esta Instancia por los Juzgados Superiores Tercero y Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, respectivamente, y en tal sentido; 3.- LEVANTA LA SUSPENSIÓN de las referidas causas, dictaminada por esta Corte mediante sentencia Nº 2009-001140 de f

En la presente causa esta Corte declaró: Su INCOMPETENCIA sobrevenidamente para conocer de la demanda por resolución de contrato e indemnización por daños y perjuicios interpuesta conjuntamente con medida cautelar de embargo preventivo por el Abogado Wiliem Asskoul Saab, actuando con el carácter de Sustituto de la ciudadana Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela en "representación" del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE, contra la Asociación COOPERATIVA COTRAP 708, R.L., y contra la Sociedad Mercantil SEGUROS PREMIER, C.A., en su condición de responsable solidaria y principal pagadora y ORDENÓ remitir la presente demanda al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Esta Corte dictó decisión, mediante la cual declaró: declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos ejercido por abogados Rafael Badell Madrid, Álvaro Badell Madrid y Nicolás Badell Benítez, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la entidad bancaria MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL, contra la Resolución S/N de fecha 27 de febrero de 2009, emanada del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS).

Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: La NULIDAD del auto de fecha 17 de julio de 2012, emitido por este Órgano Jurisdiccional. Se ORDENA reponer la causa al estado que el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central con sede en Maracay estado Aragua realice las actuaciones necesarias para notificar a las partes, de la remisión a esta Corte del presente expediente, en virtud del recurso de apelación interpuesto.

Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto. SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. CONFIRMA el fallo dictado en 11 de julio de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, estado Aragua, cuyo fallo en extenso fue publicado el 27 de julio de 2011.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer de la Consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada en fecha 16 de mayo de 2012, por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la Ciudadana LORENZA VERDU DE MEDINA, actuando en su propio nombre y representación, contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, hoy Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre; y CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado A quo sometida a consulta.

En la recusación planteada por la Abogada Esperanza Lourdes Chacón Valecillos, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 95.206, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil FREE WAYS, C.A., parte recurrente en el juicio principal, los ciudadanos EFRÉN NAVARRO, en su condición de Juez Presidente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, MARÍA EUGENIA MATA, en su carácter de Juez Vicepresidente y a la Abogada MARISOL MARÍN, en su carácter de Jueza integrante de la mencionada Corte, en el expediente contentivo de la demanda de nulidad conjuntamente con suspensión de efectos. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer de la recusación planteada; SIN LUGAR la recusación propuesta.

En la presente causa esta Corte dictó decision mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Jesús Caballero, actuando en su carácter de Apoderado Judicial del INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (I.N.T.T.T), contra la decisión proferida por el Juzgado Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto el ciudadano RICHARD JOSÉ SILVA MENDOZA, debidamente asistido por el Abogado Ramón Alberto Pérez Torres, contra el referido Instituto, CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, REVOCA la sentencia de fecha 2 de octubre de 2008, dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital y Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por ENRIQUE PUIGBO CORTADA contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), esta Corte declara: 1- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta en fecha 26 de abril de 2005, ejercida por la Abogada Roció Camacho Colmenares. 2. DESISTIDA la apelación ejercida. 3. CONFIRMA en los términos expuestos, el fallo objeto de consulta.