En el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos interpuesto por la Sociedad Mercantil PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A., contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO "ALFREDO MANEIRO" DEL MUNICIPIO PUERTO ORDAZ DEL ESTADO BOLÍVAR, esta Corte declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesto por el Abogado Freddy González Quijada, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Pepsi-Cola Venezuela, C.A, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito del estado Bolívar, en fecha 3 de abril de 2009, que declaró Improcedente la medida cautelar solicitada por la referida parte. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA con la sentencia dictada por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito del estado Bolívar, en fecha 3 de abril de 2009.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por BLANCA YASMÍN ÁLVAREZ DE ALIADA contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA, esta Corte declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 23 de abril de 2012, por la Apoderada Judicial Jennifer Alfonzo, de la ciudadana BLANCA ALVAREZ DE ALIADA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 20 de abril de 2012, mediante la cual declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA. 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3. CONFIRMA el fallo apelado con la reforma indicada.

En la presente recurso de apelación ejercido, contra la sentencia dictada en fecha 6 de diciembre de 2010, por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, mediante la cual declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por el ciudadano JOSÉ GREGORIO CANALES VELÁSQUEZ, debidamente asistido por el Abogado Juvenal Canales Salas, contra la ALCALDÍA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO MATURÍN DEL ESTADO MONAGAS. Se dicto sentencia mediante la cual esta Corte declaró: La NULIDAD del auto de fecha 4 de abril de 2011, emitido por este Órgano Jurisdiccional; Se ORDENA reponer la causa al estado que el Juzgador A quo realice las actuaciones necesarias para notificar a las partes, de la remisión a esta Corte del presente expediente, en virtud del recurso de apelación interpuesto.

Por las razones antes expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente, contra la decisión dictada en fecha 25 de septiembre de 2003, por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por las Abogadas Adolfina Mercedes López Pérez y Ana María Quiróz, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana MARÍA EUGENIA VELASCO, contra el MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL hoy, MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. CONFIRMA el fallo dictado en fecha 25 de septiembre de 2003, por el mencionado Juzgado Superior.

En la presente recurso de apelación ejercido, contra el fallo dictado en fecha 21 de septiembre de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por la ciudadana Mailing Desiree Gatica Ochoa, debidamente asistida por la Abogada Suyin Eugenia Kahele, actuando con el carácter de Gerente-Administrador de la Sociedad Mercantil PURIVITAL, S.R.L, contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO "PEDRO PASCUAL ABARCA" DEL ESTADO LARA. Se dicto sentencia mediante la cual esta Corte declaró: La NULIDAD del auto de fecha 19 de diciembre de 2011, emitido por este Órgano Jurisdiccional; Se ORDENA la reposición de la causa al estado que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, notifique a las partes del auto que oye el recurso de apelación interpuesto.

Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar innominada; IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada; ORDENA anexar el presente cuaderno separado a la pieza principal referida al recurso contencioso administrativo de nulidad contenido en el expediente AP42-N-2010-000568.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 24 de febrero de 2010, por la Abogada Agustina Ordaz, actuando con el carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 19 de enero de 2010, que declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la Abogada NORA MIJARES DOMECH, actuando en su propio nombre y representación, contra la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 3. CONFIRMA con la reforma señalada el fallo apelado.

En el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado en fecha 19 de febrero de 2010, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por la ciudadana BETTI RORAIMA RODIL DE GONZÁLEZ, debidamente asistida por el Abogado Humberto Decarli, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDAS. Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer del presente recurso; CON LUGAR el recuso de apelación interpuesto.; SE REVOCA el auto dictada en por el mencionado Juzgado Superior ; ORDENA remitir el expediente al Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, a los fines de que se pronuncie conforme a las causales de inadmisibilidad aplicables al caso sub iudice o en su defecto se pronuncie con respecto al fondo de la controversia.

En la presente recurso de apelación ejercido, contra la sentencia dictada en fecha 27 de junio de 2006, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por el ciudadano CARLOS MUÑOZ RUÍZ, debidamente asistido por el Abogado Juan Rafael García, contra el acto administrativo S/N dictado en fecha 1º de julio de 2005, por la ciudadana Angelina Margarita García Hernández, en su condición de Juez del JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. Se dicto sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso interpuesto; HOMOLOGA el desistimiento del presente recurso de apelación, efectuado en fecha 5 de junio de 2012; FIRME la sentencia dictada en fecha 27 de junio de 2006, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Esta Corte declaró IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada y ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines que sea incorporado el presente cuaderno separado al expediente signado bajo el Nº AP42-N-2010-000039.