Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por la Abogada Maria Nieves Egui Casado, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil PRODUCTORA RIOJANA, C.A., contra la Providencia Administrativa PRE-VPAI-CJ-000081, de fecha 7 de enero de 2013, la cual resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la parte actora, mediante la cual confirmó la negativa de la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) de la solicitud Nº 15071483, emitida por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI).

Por las razones antes expuestas, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: EXTINGUIDA LA INSTANCIA por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso de apelación interpuesto en el expediente contentivo de la demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales ejercido por el abogado RAMÓN ARAUJO HERNÁNDEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 1.100, actuando en nombre propio y representación, contra el ciudadano JAIME TALERO CUERVO, titular de la cédula de identidad Nº 3.403.390, en el marco del recurso de nulidad ejercido contra la Resolución Nº 1676 del 19 de mayo de 1987 dictada por la Dirección de Inquilinato del extinto Ministerio de Fomento (hoy Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat).

Esta Corte declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el actor, debidamente asistido por el abogado Hermes Allen, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, en fecha 16 de julio de 2003, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano HÉCTOR JOSÉ VALDIVIEZO, contra la DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO MONAGAS, mediante la cual fue despedido. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia: 3. FIRME la sentencia apelada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el abogado José Gregorio Zaa, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano LUIS ÁNGEL CAMACHO, ambos anteriormente identificados, contra el fallo dictado el 21 de febrero de 2007, por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante el cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA, por el pago de conceptos laborales . 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. En consecuencia, queda FIRME el fallo apelado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- PROCEDENTE, la solicitud de aclaratoria realizada en fecha 5 de noviembre de 2013, por la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de la sentencia Nro. 2013-2279, de fecha 31 de octubre de 2013, proferida por este Órgano Jurisdiccional. 2.- Se ACLARA que la empresa BOMBEO DE CONCRETOS C.A. (BOMDECO) en ningún momento está excluida, de la solicitud del monto relativo a Un millón Ochocientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Seis Bolívares con Ochenta y Dos Céntimos (Bs. 1.886.986,82), correspondiente a la obligación de efectuar el reintegro del anticipo que le concedió la República a la contratista para la ejecución de la obra contratada. 3.- Se ESTABLECE que la presente decisión será parte integrante del referido fallo Nro. 2013-2279, de fecha 31 de octubre de 2013.

Se ordena el pago de las prestaciones sociales generadas por dicho funcionario con ocasión al tiempo de servicio prestado, a saber, del 9 de enero de 2007, al 5 de febrero de 2009, a la ciudadana Neida Noguera de Ascanio, madre del mismo, ello de conformidad con lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con los artículos 568, 569 y 570 ejusdem, aplicable rationae temporis, así como los intereses de mora generados hasta el efectivo cumplimiento de lo señalado en el presente fallo, en atención a lo dispuesto en los artículos 108 literal "c" de la Ley in commento, y en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente.

Esta Corte ORDENA notificar a la sociedad mercantil ODONTOPLANES SERVICIOS, C.A., al JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN NOR-ORIENTAL, al SÍNDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO SIMÓN BOLÍVAR DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, y al ALCALDE DEL MUNICIPIO SIMÓN BOLÍVAR para que dentro del lapso de diez (10) días de despacho más cuatro (4) días continuos, que se le conceden como término de la distancia, contados a partir de la fecha en que conste en el expediente el recibo de la notificación, dé cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se reitera que lo aquí solicitado es impretermitible a los fines de resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora.

Se dictó decisión mediante la cual esta corte declaró SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por el abogado Virgilio Briceño, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 9.162, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana ROSA DELIA AROCHA GUTIÉRREZ, titular de la cédula de identidad Nº 8.712.608, contra el acto administrativo S/N de fecha 5 de marzo de 2009, emanado de la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA, mediante el cual se declaró la responsabilidad administrativa de la ciudadana Rosa Delia Arocha Gutiérrez y contra el Acto Administrativo S/N de fecha 29 de abril de 2009, emanado de la mencionada Dirección, mediante el cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra el primero de los mencionados y lo ratificó en todas y cada una de sus partes. Se ordenó notificar a las partes.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 9 de noviembre de 2011, por la representación judicial de la Procuraduría General del estado Falcón, contra la decisión proferida por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón en fecha 7 de octubre de 2011, mediante la cual se declaró parcialmente con lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano por el ciudadano ROBERT WILLIAN HERNÁNDEZ TOYO, contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución número D.RR.HH-062 de fecha 16 de diciembre de 2010, emanado de la COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN; CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 9 de noviembre de 2011, por la representación judicial de la Procuraduría General del estado Falcón; Se REVOCA el fallo apelado; SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto.

Esta Corte anula de oficio la decisión dictada el 10 de octubre de 2013, por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en consecuencia se declara inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano José Antonio Ruiz Armas, en virtud de haber operado la cosa juzgada, de conformidad con los artículos 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativo.