Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 23 de enero de 2012, por la abogada Yoleida Josefina Rojas Borges, actuando con el carácter de apoderada judicial de los terceros interesados, contra la sentencia de fecha 10 de mayo de 2011, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró con lugar el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida de suspensión de efectos interpuesto por la Sociedad Mercantil CALZADO ALPINO, C.A, representada por el abogado Enrique Story Chapellín, contra la la INSPECTORÍA DEL TRABAJO "PEDRO ORTEGA DÍAZ". 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia, queda FIRME el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- EXTINGUIDA LA INSTANCIA por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con Acción de Amparo Constitucional, por el ciudadano DOMINGO ANTONIO TORRELABA LEDEZMA, titular de la cédula de identidad número 4.024.335, representado judicialmente por el abogado Jesús Antonio Ramos Vivas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 17.080, contra el acto administrativo contenido en el "Acta de Sesión Ordinaria de la Cámara Municipal" del CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO CEDEÑO DEL ESTADO MONAGAS, de fecha 2 de marzo de 1993, por medio de la cual, aparentemente, se rescindió el contrato de arrendamiento del terreno "Las Delicias" otorgado al ciudadano recurrente para así adjudicarlo a la clase campesina.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: DESISTIDO el procedimiento en la Demanda de Nulidad interpuesta por la sociedad mercantil ONICA, S.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 10 de octubre de 1973, bajo el número 11, Tomo 20-a, representada por el abogado Fernando Atencio Martínez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 89.798, contra el acto administrativo S/N, de fecha 27 de septiembre de 2013, dictado por el CONSEJO NACIONAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS), mediante el cual se le impuso a la parte accionante dos sanciones, la primera por Cien Unidades Tributarias (100 UT) y la segunda por Un Mil Unidades Tributarias (1.000 UT), por presuntamente subsumirse su conducta en los supuestos establecidos en los artículos 84 y 86 de la Ley para las Personas con Discapacidad.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por los abogados Pablo Alfredo Baptista Arriaga y Marcos Gustavo Ojeda Velazco, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana LOURDES RAMONA BRICEÑO DE ORTEGANO, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 17 de septiembre de 2009, mediante el cual declaró sin lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial incoado por la aludida ciudadana, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOCONÓ DEL ESTADO TRUJILLO.2.- SIN LUGAR el recurso de apelación.3.- Se CONFIRMA el fallo dictado por el aludido Juzgado. 4.-Se ORDENA la remisión del presente expediente, al Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. Declaró que ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la apelación interpuesta por la parte actora contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, que declaró inadmisible la Acción de Amparo Constitucional incoada. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte actora. 3.- SE REVOCA por motivos de orden público, la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental en fecha 27 de agosto de 2013 dictó decisión, mediante la cual declaró inadmisible la Acción de Amparo Constitucional interpuesta. 4.- SE PLANTEA EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Se ordenó remitir el expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró SIN LUGAR la presente Demanda por Indemnización de Daños y Perjuicios, y Daño Moral, interpuesta en fecha 12 de diciembre de 2007, por el ciudadano JOSÉ FÉLIX PÉREZ, titular de la cédula de identidad número 8.169.489, asistido por la abogada Adela Ramírez inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 65.410 contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI- APURE).

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto el 18 de septiembre de 2012 por la abogada Luisa Yaselli Parés, en su condición de representante judicial del ciudadano MARCOS ANÍBAL REQUENA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 17 de septiembre de 2012, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el recurrente contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES EXTERIORES. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por el ciudadano JESÚS PAZOS ARREAZA, representado por la abogada Gladys Rodríguez Gutiérrez, contra el acto administrativo contenido en la Resolución número 2757, de fecha 6 de agosto de 1996, emanada del entonces MINISTERIO DE FOMENTO, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT, mediante la cual se resolvió "autorizar a la parte propietaria para que [procediera] por ante la jurisdicción ordinaria a demandar la desocupación del inmueble [ubicado en el nivel 4 del edificio Residencias Pedregal, apartamento Número 4-B, calle A, Urbanización Caurimare del Estado Miranda] (¿), si al término de los tres (3) meses que concede el artículo 2 del Decreto Legislativo Sobre Desalojo de Vivienda, el inquilino no hubiere desocupado".

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- VÁLIDO el escrito de fundamentación a la apelación presentado por la parte demandada el día 14 de abril de 2014. 2.- La NULIDAD de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación de la apelación. 3.- REPONE la causa al estado de que se notifique a la parte querellada para que una vez conste en autos referida notificación se dé inicio al lapso de contestación a la fundamentación de la apelación.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 4 de junio de 2013, por la ciudadana Ana Karina Mogna, supra identificada, asistida por el abogado Pedro Carvajal Guevara, antes identificado, contra la decisión de fecha 30 de enero de 2012, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, que declaró parcialmente con lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial incoado contra el acto dictado por el INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA SECRETARÍA DE LA VIVIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, mediante el cual se removió a la querellante del cargo de Jefe de Presupuesto. 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. FIRME el fallo apelado.