Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la ciudadana IRAIDA YASEMIN ROJAS PONCE, asistida por la abogada Iris Josefina Portillo Parejo, identificada en el encabezado del presente fallo, contra el acto administrativo contenido en el auto decisorio de fecha 30 de marzo de 2012, emanado de la Unidad de Auditoría Interna Gerencia General de Determinación de Responsabilidades del BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A., mediante el cual se declaró "(¿) la Responsabilidad Administrativa de las ciudadanas Iraida Yasenin Rojas Ponce (¿)" y la imposición de una multa "(¿) por la cantidad de veinte mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 20.700,00)". (Mayúsculas y Negrillas del original). Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada de la presente decisión y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: .- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por la abogada Mercedes del Valle Satrustegui Goitia, contra la decisión dictada en fecha 25 de marzo de 2013, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-oriental. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- ANULA la sentencia de fecha 25 de marzo de 2013. 4.- ORDENA la reposición de la causa al estado que el Juzgado de Instancia notifique a la ciudadana Alcaldesa del Municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, de la admisión de la acción interpuesta. Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia certificada de la presente decisión y remítase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el recurrente, contra el acto Nº DNR-CN-7712-11-PB, de fecha 28 de junio de 2011, emanado de la Dirección General de Salud, Dirección Nacional de Rehabilitación y Salud en el Trabajo de la Comisión Nacional de Evaluación de Incapacidad Residual del IVSS, contentivo del resultado de la Evaluación de Incapacidad Residual practicada al ciudadano Raúl Adolfo López García. Se ordenó la notificación tanto de las partes como al Director de Recursos Humanos del Instituto Autonómo Policía Municipal de Sucre del estado Bolivariano de Miranda

Esta Corte declaró: 1.- COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por el abogado Nilo Peña Varonis, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 63.336, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil SEGUROS CARONÍ, S.A., en fecha 10 de febrero del año 2014, contra el fallo proferido por el Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar el 2 de diciembre de 2013, mediante el cual declaró con lugar la demanda de ejecución de fianza de fiel cumplimiento interpuesta conjuntamente con medida preventiva por los abogados Fraymar Hernández, Salvador Godoy y José Tirado, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 125.726, 138.910 y 114.489, respectivamente, en su carácter de sustitutos del PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO BOLÍVAR. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: 1.- NO ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en el Estado Delta Amacuro, para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la representación judicial del ciudadano FRANCISCO MANUEL MARTÍNEZ, contra la nota marginal de hipoteca de primer grado, inserta en el asiento registral de fecha 9 de junio de 1978 por la ciudadana REGISTRADORA SUBALTERNO DEL PRIMER CIRCUITO DE REGISTRO PÚBLICO DEL MUNICIPIO MATURÍN DEL ESTADO MONAGAS, sobre un inmueble propiedad del recurrente.2.- PLANTEA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA. 3.- Se ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia

Este Órgano Jurisdiccional declara PROCEDENTE, la solicitud de aclaratoria realizada en fecha 18 de marzo de 2003, por la apoderada judicial del ciudadano Franklin Rodríguez, en lo relativo al pago de los intereses moratorios y la corrección de error material en el sueldo del recurrente, y en consecuencia se ACLARA sobre estos puntos la sentencia de fecha 18 de diciembre de 2002, proferida por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, ello en los términos antes señalados.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del presente recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos Mirna Yeseni Ceballo y José Raimundo Navas Laya, en representación de la Asociación Civil "ASOCIATIVA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO", "PENIEL", asistidos por el abogado Luis Ernesto Dam Sanguinetti, contra la sentencia de fecha 26 de septiembre de 2013 emanada del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró sin lugar la demanda de contenido patrimonial interpuesta. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de la Asociación Civil "ASOCIATIVA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO", "PENIEL" en su condición de parte demandante. 3.- Se CONFIRMA el fallo dictado por el referido Juzgado en fecha 26/09/2013.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 18 de marzo de 2014, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPONE la causa al estado que se libren las notificaciones a que hubiera lugar para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia de conformidad con los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó decisió mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que no es COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por la ciudadana MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ MAZA, asistida por el abogado Freddy González, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO, por haber "incurrido en abstención; omitiendo e incumpliendo con su deber, al NO PARTICIPARLE alas (sic) autoridades del retén judicial de Carúpano, de mi traslado hasta ese centro de reclusión, para trabajar como custodia". 2.- DECLINA la competencia en el Juzgado Superior estadal en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, en consecuencia ORDENA remitir el presente expediente al referido Juzgado. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior estadal en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Sucre. Déjese copia de la presente decisión.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 30 de enero de 2014, por el ciudadano VÍCTOR RAFAEL TOVAR, debidamente asistido por abogado Marcos Antonio Castillo, contra la sentencia dictada el 27 de enero de 2014, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el referido ciudadano, contra la UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ (UNESR) núcleo Apure, esta Corte dictó decisión por medio del cual declaró: 1.- Que es Competente para conocer del presente recurso de apelación interpuesto. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación; CONFIRMÓ la decisión proferida por el Juzgado a quo. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.