En el presente recurso de apelación interpuesto en fecha 3 de septiembre de 2003, por el Abogado Jesús Cristóbal Rangel Rachadell, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la parte actora, contra la sentencia dictada en fecha 6 de mayo de 2003, por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana LUZ DEL VALLE PÉREZ DE MARTÍNEZ, contra la ASAMBLEA NACIONAL, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación, 2. SIN LUGAR el recurso de apelación y 3. CONFIRMA el fallo apelado.

En el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Scarlett Rondón, Apoderada Judicial de la la ciudadana GLADIS OMAIRA OSORIO, contra la sentencia dictada en fecha 25 de agosto de 2003, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO AMBROSIO PLAZA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. La NULIDAD parcial del auto emitido en fecha 30 de septiembre de 2003, en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo 2. ORDENA la reposición de la causa al estado de que se fije el lapso para la fundamentación de la apelación 3. Se ORDENA la remisión de la presente causa a la Secretaría de esta Corte, a los fines de que realice las actuaciones necesarias para la notificación de las partes

En esta misma fecha esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró 1.-Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por el Apoderado Judicial de la COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV), contra el auto del Juzgado de Sustanciación de esta Corte dictado en fecha 16 de noviembre de 2010,.2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3. ANULA el auto de fecha 16 de noviembre de 2010, por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte.4.- INADMISIBLE la demanda por cumplimiento de contrato de honorarios profesionales por inepta acumulación de pretensiones.5.- INOFICIOSO pronunciarse en torno a los demás alegatos esgrimidos por la Representación Judicial de la parte demandada. 6.- Se ORDENA anexar copia certificada de la presente decisión en el expediente principal AP42-G-2009-00090 y dar por terminada la presente incidencia.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en la demanda de nulidad, interpuesta por la Representación Judicial de la ciudadana MARÍA LIZARDO, en contra de la decisión S/N de fecha 4 de diciembre de 2012, emanada de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA FISCAL DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A., la cual declaró la responsabilidad administrativa y civil de la referida ciudadana, en su condición de Presidenta de Bariven, así como también la imposición de una multa y un reparo, respectivamente; ORDENÓ anexar copia certificada de la presente decisión a la pieza principal de la causa, contenida en el expediente judicial Nº AP42-G-2014-000196.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer y decidir el recurso de apelación ejercido en fecha 3 de agosto de 2011, por el Abogado Roger Gutiérrez, en su carácter de sustituto de la ciudadana Procuradora General de la República, contra el fallo dictado en fecha 1º de abril de 2011, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el Abogado Ángel Becerra, en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano CÉSAR ALBERTO MONTOYA MEDERO contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer en Consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada en fecha en fecha 1º de abril de 2014, por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la Apoderada Judicial de la ciudadana ARELYS LUISA ARCIA DE CAMINO, contra la República Bolivariana de Venezuela, por Órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN; y CONFIRMA en los términos expuestos en la motiva del presente fallo, la sentencia consultada.

Esta Corte dictó decisión en la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer de las apelaciones ejercidas. ANULA la sentencia dictada en fecha 11 de mayo de 2011, por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental. SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, del fallo dictado en fecha 29 de noviembrel de 2007, por el, por el Juzgado A quo que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSE SANDRY LOBO debidamente asistido por los Abogados Wilfredo Chompre Lamuño y Antonio José Alvarado, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, esta Corte dictó auto por medio del cual ORDENA a la Gobernación del estado Apure, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, remita a esta Corte en el lapso de diez (10) días de despacho contado a partir de la notificación del presente auto, copia certificada de la totalidad del expediente administrativo correspondiente al procedimiento disciplinario de destitución del ciudadano José Sandry Lobo.

En el recurso de apelación ejercido por el Abogado Luarlin Josué Dávila Méndez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Alcaldía del Municipio Hatillo del estado Bolivariano de Miranda, contra la sentencia dictada en fecha 18 de marzo de 2014, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el Abogado CARLOS ALBERTO BARRIOS, actuando en nombre propio y representación, contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO HATILLO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, esta Corte dictó auto por medio del cual ordenó: al ciudadano Síndico del Municipio Hatillo del estado Bolivariano de Miranda, que en el lapso de diez (10) días de despacho, remita a este Órgano Jurisdiccional el expediente administrativo relacionado con la presente causa.

En el recurso de apelación interpuesto por la Representación Judicial de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Luis Alberto Sifontes Gómez, esta Corte dictó desición mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del Recurso de apelación interpuesto; 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3. CONFIRMA con la reforma indicada el fallo apelado.