1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por el abogado Erick José Martínez Cerrada, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 58.869, actuando con el carácter de apoderado judicial de él ciudadano ÁNGEL SAMUEL LAYA, contra la decisión proferida por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur en fecha 2 de julio de 2007, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MUÑOZ DEL ESTADO APURE. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- REVOCA la sentencia apelada. 4.- ORDENA al Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, pronunciarse sobre el mérito del presente asunto.

Esta Corte, considerando que la documental traída por el Síndico Procurador lo autoriza para convenir sin señalar expresamente la facultad de transigir, y en aras de salvaguardar la tutela judicial efectiva, así como el debido proceso que debe imperar todo proceso judicial, ordena notificar a la Alcaldía del Municipio Bolivariano G/D Pedro León Torres del Estado Lara, así como al Síndico Procurador del aludido Municipio, a los fines de que consignen ante este Órgano Jurisdiccional en un lapso de quince días (15) hábiles, la autorización otorgada por el Concejo Municipal del referido Municipio para transigir en el caso que nos ocupa, autorización ésta otorgada al Alcalde del Municipio que a su vez facultará al Síndico Procurador Municipal.

En el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano LUIS EDUARDO MELO VELOZ, titular de la cédula de identidad Nº 10.616.773, asistido por el abogado Wilfredo Chompré Lamuño, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 34.179, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE; esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 30 de marzo de 2006, por la parte querellante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas en fecha 22 de marzo de 2006, mediante la cual declaró sin lugar el recurso interpuesto; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.- CONFIRMA el fallo dictado por el referido Juzgado en fecha 22 de marzo de 2006.

Esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto el 21 de julio de 2008, por la apoderada judicial de la parte recurrente contra la sentencia dictada en fecha 15 de julio de 2008 por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Marisela Cisneros, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 19.655, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano ALEXIS JESÚS DURÁN CONTRERAS, titular de la cédula de identidad N° 13.712.066 contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO MIRANDA. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte recurrente. 3.- CONFIRMA la sentencia apelada.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 29 de julio de 2011, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados José Nieves y Freddy Rojas, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano RAMÓN OCTAVIO SUÁREZ, contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. 2.- PROCEDENTE la consulta del fallo. 3.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se CONFIRMA el referido fallo.

Esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por la abogada por la abogada Anny Corina Pino, actuando en su carácter de representante judicial de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA, contra el auto dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes en fecha 6 de mayo de 2010, mediante el cual se pronunció sobre la solicitud de perención de la instancia; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.- CONFIRMA en los términos expuestos el fallo apelado.

Esta Corte ORDENA notificar a las partes a los fines de que tengan conocimiento del abocamiento de fecha 5 de marzo de 2012, para que comparezcan en un lapso de diez (10) días, a los fines de que manifiesten su voluntad de continuar con la presente causa, la cual se ve constituida por la demanda interpuesta el día 20 de julio de 2005 por la sociedad mercantil NEW SPIZZICO INVERSIONES, C.A., contra la empresa estatal PDVSA GAS, S.A.. Asimismo, esta Corte advierte que si la parte actora no se presenta a manifestar su interés en la presente causa, se declarará la pérdida del interés y la extinción de la instancia.

Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: - La reanudación de la presente causa al estado de que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia contemplado en el artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, previa notificación de las partes, en el entendido que una vez conste en actas la última de las notificaciones ordenadas, mediante auto expreso y separado se fijará el lapso de diez (10) días de despacho más el termino de la distancia a que haya a lugar, para que la parte apelante presente por escrito las razones de hecho y de derecho en las que fundamente su recurso, así como las pruebas documentales que tenga a bien hacer valer, y ordena notificarles del contenido del auto de abocamiento recaído en fecha 28 de febrero de 2012.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Ramón Alberto Pérez Torres, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ANTONIO LEAL, contra la sentencia dictada en fecha 1° de septiembre de 2003 por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado contra el INSTITUTO AUTÓNOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA (I.A.A.I.M.). SIN LUGAR la apelación interpuesta. Se CONFIRMA el fallo apelado.

En la demanda de nulidad interpuesta con medida cautelar de suspensión de efectos por DELIA MERCEDES MARTÍNEZ contra la CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC), esta Corte declara: 1.- Su INCOMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad interpuesta. 2.-. DECLINA la competencia para conocer la demanda de nulidad interpuesta con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos en el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que resulte seleccionado por el mecanismo de distribución. 3.- ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en funciones de distribución.