Se dictó decisión mediante la cual esta CSCA declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos Fernando Giordano y Vicente Ríos Castillo, actuando en su carácter de Voceros de Infraestructura y Finanzas del Consejo Comunal de Santa María y Parque Comunal (CONMAPAS), del Municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda, terceros intervinientes, debidamente asistidos por la abogada Mairen Arelis Basil, antes identificada, así como el recurso de apelación ejercido, por la abogada Carolina Otto Camacaro, antes identificada, actuando como apoderada judicial del Municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda, SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido, y en consecuencia se CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 11 de mayo de 2015 por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, con las modificaciones expuestas.

Se dictó decisión mediante la cual esta CSCA estima necesario instar a la Procuraduría General de la República para que en un lapso de quince (15) días de despacho, contados a partir de que conste en autos su respectiva notificación, consigne el original o copia certificada del Acta de Negociación Amigable entre el Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU) y la Sucesión Musto Di Prima actual propietario del inmueble denominado "Calle Brasil", ubicado en la Calle Brasil entre la Quinta Avenida y la Calle Washintong de Catia, Parroquia Sucre, Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas objeto de la expropiación.

Se dictó decisión mediante la cual esta CSCA declaró: EXTEMPORÁNEA la solicitud de "aclaratoria o ampliación" de la sentencia N° 2017-00290 dictada por esta Corte el 29 de marzo de 2017. Así se declara.

Esta Corte considera opotuno oficiar al Municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda, a los fines que remita a este Órgano Jurisdiccional los antecedentes de servicio del recurrente, los cuales deberán ser consignados dentro del lapso de diez (10) días de despacho, transcurridos una vez que conste en el expediente judicial la última de las notificaciones que del presente auto se hagan, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte declaró: Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por la ciudadana HILSE CAROLINA ANTÚNEZ FARÍAS, debidamente asistida por el abogado Manuel Assad Brito, contra la decisión dictada en fecha 13 de junio de 2017, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN; SIN LUGAR la apelación interpuesta; y CONFIRMÓ la sentencia apelada.

Esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 19 de julio de 2013, por el ciudadano querellante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 15 de julio de 2013, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado DAVID MARTÍNEZ GELVEZ, actuando en nombre propio y representación, contra el CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA, adscrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ; 2.- SIN LUGAR la apelación ejercida; y 3.- CONFIRMÓ el fallo dictado por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 15 de julio de 2013.

Esta Corte declaró: 1. QUE ES COMPETENTE para conocer la consulta de la decisión dictada en fecha 22 de mayo de 2017, por el Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del estado Bolívar, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Edgar Batista, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano MELVIS GÓMEZ RODRÍGUEZ, contra la POLICÍA DEL ESTADO BOLÍVAR; 2. PROCEDENTE la consulta de ley planteada y en consecuencia, CONFIRMA la sentencia dictada el 22 de mayo de 2017, por el referido Juzgado Superior.

Esta Corte: RATIFICÓ la decisión dictada por este Órgano Jurisdiccional en fecha 24 de enero de 2017, bajo el Nº 2017-000041, en el marco de la solicitud de medida cautelar innominada ejercida por la abogada Ramona del Carmen Chacón Arias, en su condición de sustituta del ciudadano PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, a los fines de desguazar las embarcaciones tipo Ferry Boats denominadas NVG Carmen Ernestina, BF Rosa Eugenia, BF Concepción Mariño y F/B Cacica Isabel, las cuales actualmente se encuentran fondeadas en la Bahía de Pozuelos en el muelle Eulalia Buroz del estado Anzoátegui, en virtud de los daños ambientales y de seguridad en el transporte de personas y bienes, cuya propiedad es de la sociedad mercantil CONSOLIDADA DE FERRYS, C.A (CONFERRY), la cual forma parte de los bienes afectos, y que actualmente se encuentra en proceso de expropiación.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de hecho ejercido por el ciudadano SANTIAGO JOSÉ VILERA, identificado en autos, actuando en su propio nombre y representación, contra el auto dictado en fecha 3 de agosto de 2017, dictado por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, mediante el cual se oyó en un solo efecto la apelación ejercida por el recurrente, contra el auto de fecha 27 de julio de 2017 por el mencionado Juzgado, en el cual se declaró improcedente la solicitud de librar el mandamiento de ejecución forzosa, en el juicio por estimación e intimación de honorarios profesionales incoado contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JOSÉ TADEO MONAGAS DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO; 2.- SIN LUGAR el recurso de hecho ejercido.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto en fecha 13 de marzo de 2012, por las abogadas Concepción Olimpia Fermín Muñoz, Luisa Flores de Reyes y Elizabeth Arriojas, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 30.109, 21.238 y 29.135, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la ciudadana ANITZA CAMPOS DE FIGUERA, contra el fallo dictado por Juzgado Superior Sexto Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 19 de enero de 2015, en la cual declaró inadmisible por haber operado la caducidad en la querella interpuesta contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME el fallo apelado.