Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia dictada por este Órgano Jurisdiccional en fecha 9 de junio de 2011, solicitada por el abogado Jesús Eduardo Alfonzo Ramírez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 44.430, actuando con el carácter de Síndico Procurador del Municipio Carrizal del estado Miranda.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por los abogados Rodolfo Plaz Abreu y Juan Esteban Korody Tagliaferro, actuando en su condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CERVECERÍA POLAR, C.A., contra la Resolución N° GF/0/2008-000262 de fecha 11 de junio de 2008, emanada de la Gerencia de Fiscalización del BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH). 2.- REPONE la causa al estado de admisión de la misma. 3.- ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte, a los fines de que examine céleremente los requisitos de admisibilidad del recurso interpuesto y de resultar admisible; sustancie el mismo conforme al procedimiento previsto para las demandas de nulidad de actos administrativos establecido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: ordenar notificar a las partes y al ciudadano Andrey Gromiko Urdaneta Morales, para que en un lapso de diez (10) días de despacho, a que conste en autos su notificación, consigne escrito de consideraciones a los fines de que exponga los alegatos y defensas que considere pertinentes con respecto al presente recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo emanado del Consejo Nacional de Universidades (C.N.U) que acordó dar por terminada la investigación y no reabrir el proceso disciplinario en contra del citado ciudadano.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. SU COMPETENCIA para conocer del presente recurso contencioso administrativo de nulidad. 2.- REPONE la causa al estado de admisión de la misma. 3. ADMITE la demanda interpuesta. 4. IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar formulada por la parte demandante. 5. ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte, a los fines de que revise la causal de inadmisibilidad relativa a la caducidad del recurso, no analizada en el presente fallo por haber sido interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y las que considere pertinentes en virtud de que las mismas son revisables en cualquier grado y estado de la causa por su carácter de orden público. 6. ORDENA al Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional dar apertura al cuaderno separado a fines de tramitar la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por la parte recurrente, de resultar admisible la acción interpuesta.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: ORDENA notificar a la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES concediéndole un lapso de cinco (5) días de despacho mas los siete (7) días continuos que se le conceden como término de la distancia, contados a partir de la fecha en que conste en autos el recibo de la última notificación, consigne ante esta Corte copias certificadas del expediente administrativo y disciplinario de la presente causa, en cumplimiento a lo ordenado en esta decisión. Igualmente, esta Corte declara que en caso que la información solicitada sea consignada por la parte recurrida, podría -si así lo quisiera- la parte recurrente impugnar tal información dentro de los cinco (5) días siguientes a que conste en autos la remisión de la información requerida, para lo cual se abrirá, el día siguiente a la impugnación, la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por la abogada Patricia Vargas Sequera, en su carácter de representante judicial de la sociedad mercantil Corp Banca C. A., Banco Universal, contra la decisión de fecha 25 de enero de 2011 dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA la decisión dictada por el referido Juzgado en fecha 25 de enero de 2011, en la cual se dejo sin efectos el informe perital y ordenó la realización de un nuevo informe de experticia complementaria del fallo.

Esta Corte declara el DECAIMIENTO DEL OBJETO en el recurso de apelación ejercido contra la decisión de fecha 28 de noviembre de 2002, dictada por la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Ismael Fernández, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Franklin Goldestein Ianovicci.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. TEMPESTIVA la solicitud de ampliación de fecha 26 de julio de 2012. 2. IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de la sentencia Nº 2012-1302 , dictada por esta Corte, el 10 de julio de 2012. Se ordenó tener la presente decisión como parte integrante de la sentencia antes mencionada y la devolución del expediente al Tribunal de origen.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en la acción de nulidad interpuesta por el abogado Luis Raúl Fonseca, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 71.586, con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Inversiones Caraqueñas, S.A. inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 23 de junio de 1980, bajo el Nº 32, Tomo 125-A-Pro., contra el acto administrativo constituido por la Resolución Nº 002063, emitido el 30 de marzo de 2001 por la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura.