Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que ACEPTÓ LA COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar innominada por los abogados María Teresa Loreto y Felipe Segundo Meneses Pérez, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos MARÍA DEL CARMEN GUIROLA DUQUE y NOEL BERRIOS BASTIDAS, contra la Resolución de fecha 11 de abril de 2012, dictada en el expediente Nº DDR-05-2012-001, sustanciado por la DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que examine los requisitos de admisibilidad del recurso interpuesto, salvo lo relativo a la competencia, y continúe con la tramitación de la presente causa y abrir de ser admisible cuaderno separado a fines de tramitar la medida cautelar de suspensión de innominada solicitada.

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo por abstención o carencia interpuesto, por los abogados William Gustavo Uribe y William Gustavo Uribe Regalado, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano WILLIAM FERNANDO URIBE REGALADO contra la presunta omisión de la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. 2.- DECLINÓ LA COMPETENCIA en el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, a que corresponda previa distribución. 3.- ORDENÓ la remisión del presente expediente al Juzgado Distribuidor de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

En fuerza de los razonamientos antes expuestos, resulta forzoso para esta Alzada declarar Sin Lugar la apelación interpuesta en fecha 26 de julio de 2012, por el abogado Guillermo José Marciales, antes identificado, actuando en su carácter de apoderado judicial de los accionantes contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas en fecha 25 de julio de 2012, mediante la cual declaró sin lugar la demanda por controversia administrativa interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada, por los ciudadanos Rafael Arturo Machado, José Álvarez, Angel Ricardo Olivo, y Pedro Manuel Apoto, contra los ciudadanos Omar Patiño, Luis Urbina Puerta, Iris Magdalena Fuentes, Moisés Hermoso y Raquel Villarreal Peña; y en consecuencia se Confirma el fallo apelado en los términos expuestos.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el ciudadano ARNOLDO JOSÉ SALAZAR PALOMO, titular de la cédula de identidad Nº V-15.322.789, asistido por el abogado Robinson Narváez Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 59.847, contra la sentencia de fecha 28 de febrero de 2011 dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación ejercido. 3.- FIRME el fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental en fecha 28 de febrero de 2011.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 10/6/2011, por el apoderado judicial de la sociedad mercantil Frigorífico Las Trinitarias, C.A., contra la decisión dictada en fecha 2/6/2011, por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró desistido el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar innominada, por el ciudadano José María Dos Santos Ribeiro, actuando en su condición de Presidente de la sociedad mercantil "FRIGORÍFICO LAS TRINITARIAS", asistido por los abogados Henry Rodríguez y Juan López, contra la Providencia Administrativa Nº 001462, de fecha 30/11/2009, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO JOSÉ PÍO TAMAYO, del Estado Lara. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto.3.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del presente recurso de apelación, incoado por la abogada Flor Zambrano Franco, contra el fallo dictado por el Juzgado a quo en fecha 9 de marzo de 2010, mediante el cual declaró improcedente la medida cautelar solicitada en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad incoado por los apoderados judiciales la sociedad mercantil GLOBAL GAS C.A., contra el acto administrativo de fecha 31 de enero de 2008, dictado por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO PEDRO ORTEGA DÍAZ, SEDE CARACAS SUR, mediante el cual impuso multa a la referida sociedad mercantil por la cantidad de Cincuenta Mil Cuatrocientos Doce Bolívares Fuertes con Setenta y Ocho Céntimos (Bs.F 50.412,78). 2.- NEGÓ LA HOMOLOGACIÓN de la solicitud de desistimiento expreso de fecha 19 de enero de 2011. 3.- DESISTIDO el recurso de apelación ejercido. 4.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por el abogado Frank Reinaldo Torres Sierra, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana DORIS MARÍA TORRES DE DONAIRE, titular de la cédula de identidad Nº 5.070.441, la decisión dictada en fecha 24 de septiembre de 2012, por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO GUÁRICO. 2.- DESISTIDA la apelación interpuesta. 3.- FIRME el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos realizada en fecha 1º de noviembre de 2012 por los Abogados Jose Ignacio Hernandez y Andres Clemente Ortega Serrano, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 71.036 y 130.596 respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución número 155.12, de fecha 20 de septiembre de 2012, emanado de la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el día 15 de julio de 2008 por la apoderada judicial de la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, en fecha 8 de julio de 2008, mediante la cual declaró parcialmente con lugar demanda por ejecución de fianza de anticipo y fianza de fiel cumplimiento interpuesta por ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DEL ESTADO TÁCHIRA, contra la SOCIEDAD MERCANTIL SEGURO LOS ANDES C.A. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación. 3.- En consecuencia, queda FIRME la sentencia apelada.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 26 de octubre de 2004, por la apoderada judicial del ciudadano RAFAEL OSERIS COLINA MORLES, contra la sentencia dictada en fecha 20 de octubre de 2004 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE SALUD DEL ESTADO LARA. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCA el fallo apelado. 4.- Se ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, a los fines de que éste proceda a pronunciarse con respecto al fondo de la presente causa, por ser el Órgano Jurisdiccional competente para conocer en primer grado de jurisdiccion para conocer de la presente accion.