Esta Corte declaró: 1.- Que NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada en fecha 8 de diciembre de 2011 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad intentado por WILFREDO ENRIQUE PIRONA RUIZ, actuando debidamente asistido por abogado, contra la Providencia Administrativa Nº 14-2011 dictada en fecha 18 de agosto de 2011 por el CONSEJO DISCIPLINARIO DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS DE LA REGIÓN OCCIDENTAL; 2.- En consecuencia, ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que resuelva el conflicto de competencia suscitado en el presente caso.

En el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Marcos Sanoja Perdomo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 92.523, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ROGELIO CAYETANO PETROCELLI ÁLVAREZ, titular de la cédula de identidad Nº 3.437.390, contra la ALCALDÍA DE MUNICIPIO PÍAR DEL ESTADO BOLÍVAR; esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de julio de 2010, por la parte recurrida, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en fecha 21 de mayo de 2010, mediante la cual declaró "con lugar" el recurso de nulidad interpuesto por el recurrente; 2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.- ANULA la aludida sentencia, y 4.- SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto.

Se dicto decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.-SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido en fecha 24 de febrero de 2012, por el ciudadano Rafael José Fernández Rodríguez, actuando en su carácter de sustituto de la Procuraduría del estado Amazonas, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, la cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana HILDA PRISCILA RINCONES GONZÁLEZ, debidamente asistida por la abogada Marian Angélica Peña, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO AMAZONAS. 2.-CON LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.-REVOCA el fallo apelado; 4.-INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar, por encontrarse incursa en la causal de inadmisibilidad consagrada en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de las apelaciones interpuestas por ambas partes contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital de fecha 20 de mayo de 2008, mediante el cual se declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los apoderados judiciales del ciudadano LEONEL WILFREDO TAPIA ESPEJO, contra la JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR (INAM). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 11 de junio de 2008, por el ciudadano Leonel Wilfredo Tapia Espejo. 3.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 22 de julio de 2008, por la apoderada judicial del Instituto Nacional del Menor. 4.- CONFIRMA el fallo apelado.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CORRIGE el error material involuntario cometido en la sentencia Nº 2012-0013 de fecha 24 de enero de 2012, en la cual se hizo mención al Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, cuando lo correcto era referirse al Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Esta Corte declara: 1.- QUE ES COMPETENTE el recurso de apelación interpuesto en fecha 12 de mayo de 2011, por el ciudadano JOSÉ MAURICIO DÍAZ, debidamente asistido por el abogado Eduardo Cabrera, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 87.337, en contra de la sentencia dictada por el del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, a través de la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el querellante, contra el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA en los términos expuestos la decisión dictada en fecha 9 de marzo de 2011 por el iudex a quo.

Esta Corte observa que el desistimiento presentado por la abogada Andrea Paredes, en el carácter probado en autos, está dirigido a renunciar del procedimiento, tal y como se desprende de la diligencia que riela al folio trescientos veinte (320) del presente expediente, cuestión que se encuentra conferido en beneficio exclusivo de las partes, y además no vulnera disposiciones de orden público, razón por la cual este Órgano Jurisdiccional no evidencia la existencia de obstáculo alguno para aprobar el presente desistimiento, y procede a homologarlo, conforme a la disposición contenida en los artículos 263 y 265 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por el abogado León Benshimol Salamanca, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 76.696, actuando con el carácter de apoderado judicial de él ciudadano RAYMAN JOSÉ TOVAR HERNÁNDEZ, contra la decisión proferida por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 8 de diciembre de 2011, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- ANULA la sentencia apelada. 4.- Conociendo del fondo del presente asunto, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- ACEPTA la competencia declinada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Sucre en fecha 7 de diciembre de 2011, y en consecuencia, se declara competente para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por el ciudadano ALEXANDER JOSÉ GARCÍA ARCÍA, contra la Providencia Administrativa Nº 04/11 de fecha 17 de enero de 2011, dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES). 2.- SE REMITE el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad del presente recurso, con excepción de la competencia ya analizada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 4 de julio de 2007, por la abogada Nilia Velásquez, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana LUZ MORELA GARCÍA DE ZAMBRANO, anteriormente identificados, contra la decisión dictada el 12 de junio de 2007, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES (hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN). 2.-CON LUGAR la apelación ejercida. 3.- REVOCA la decisión apelada 4- ORDENA la remisión del expediente al referido Juzgado, a los fines de que se pronuncie sobre el resto de las causales de inadmisibilidad con excepción de la caducidad ya analizada.