Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. declaro que ACEPTÓ LA COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por las ciudadanas ELVIA CELINA NIEVES MEDINA y DILCIA NAZARETH CONTRERAS, asistidas por el abogado Simón Arreaza, contra la Resolución Nº 0001-2013, de fecha 31 de julio de 2013, dictada por la DIRECCIÓN REGIONAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT DEL ESTADO GUÁRICO. 2.- ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que examine los requisitos de admisibilidad de la demanda interpuesta, con excepción a la competencia aquí ya analizada.

Esta Corte dicta decisión mediante la cual: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 7 de marzo de 2014, por la abogada Francis Cabrera Montesinos, actuando con el carácter de apoderada judicial de la YESSY JACQUELINE GUZMÁN URBANO, contra la sentencia dictada el 6 de marzo de 2014, por el Tribunal Superior estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto contra el CUERPO DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO DEL ESTADO ARAGUA; 2.-SIN LUGAR la apelación interpuesta; 3.-CONFIRMA la sentencia apelada.

Se dictó Resolución mediante la cual esta Corte declaró: 1.- INCOMPETENTE para el conocimiento del fondo de la presente Demanda de Contenido Patrimonial, interpuesta por la sociedad mercantil PROYECTOS 2 TORRES, C.A., contra el acto administrativo número 210.000.0224 de fecha 28 mayo de 2012, dictado por el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES). 2. DECLINA la competencia en los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. 3. REMÍTASE el presente expediente judicial al Juzgado Superior (Distribuidor) Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 27 de marzo de 2006, por la representación judicial del ciudadano JOHNNY ANDRÉS IVANYI TOSTA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, en fecha 13 de diciembre de 2005, mediante la cual declaró inadmisible el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA, FALCÓN Y LOS TAQUES DEL ESTADO FALCÓN; 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta; 3.- Se REVOCA el fallo dictado en fecha 13 de diciembre de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental; 4.- Se ORDENA al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental pronunciarse respecto a las demás causales de inadmisibilidad, en los términos expuestos.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual ORDENÓ notificar al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), así como a la sociedad mercantil Alcatel de Venezuela C.A., la cual, según acuerdo de fusión publicado en el Repertorio Forense de número 031 de fecha 28 de septiembre de 2007, (Vid. Del folio 38 al 41 y su vuelto, de la primera pieza del expediente judicial), es "sucesora a título universal" de la sociedad mercantil Luncent Technologies Venezuela, S.A., antes identificadas, de conformidad con lo previsto en los artículos 39 y 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, para que, en un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones, den cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- La ACUMULACIÓN de los expedientes signados bajo los números AP42-G-2013-000399 y AP42-G-2013-000453, al asunto AP42-G-2013-000394, nomenclatura de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y, en consecuencia el cierre informático de los dos primeros mencionados; asimismo, declara: 2.- Que es INCOMPETENTE para conocer de la Demanda de Nulidad interpuesta por los ciudadanos Ruben Darío Oropeza Díaz, y Ramón Vicente Oropeza Díaz y Mercedes Olivia Oropeza de Urribarri, contra las Providencias Administrativas número 3135, 3137 y 3139, respectivamente, dictadas por el Registrador Civil de la Parroquia Macarao, Municipio Libertador Distrito Capital. 3.- ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines que resuelva el conflicto de competencia suscitado en el presente caso.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos por la sociedad mercantil Soportes Eléctricos, C.A., (SOPELCA), representada judicialmente por los abogados Oscar Morean Ruíz y José Ramón Medina, antes identificados, contra la Resolución número GF/0/2008-0537 de fecha 24 de noviembre de 2008, emanada de la Gerencia de Fiscalización del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), mediante la cual resolvió ratificar "[¿] el Oficio GF/0/2008-00034 emitido por esa misma Gerencia el 14 de julio de 2008 y, por ende, el contenido del Acta de Fiscalización número 1 de fecha 4 de junio de 2008 [...]", a través de la cual se formuló un reparo en contra de la sociedad mercantil recurrente.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- PROCEDENTE, la Medida Cautelar de Suspensión de Efectos del acto administrativo de fecha 27 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria del estado Guárico número 78 de esa misma fecha, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del estado Guárico, mediante el cual se declaró parcialmente con lugar los recursos de reconsideración interpuestos, y en consecuencia confirmó la declaratoria de responsabilidad administrativa, formulación de reparo e imposición de multa a los ciudadanos Nilda Mercedes González García, Orlando José Zambrano, Carlos Luís Bolívar Álvarez y Yeliptza de Jesús Mejías de Narea, únicamente en lo que respecta a la ciudadana Yeliptza de Jesús Mejías Narea, en consecuencia:1.1.- SE SUSPENDEN los efectos del acto administrativo impugnado.

Esta Corte declara: 1-COMPETENTE para conocer de la demanda por incumplimiento de contrato de obra interpuesto por la sustituta del PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO ZULIA contra INVERSIONES FERNÁNDEZ & RODRÍGUEZ C.A., (INVERSIONES F & R C.A.) y a TRANSEGURO C.A. DE SEGUROS. 2. La FALTA DE JURISDICCIÓN en relación a Transeguro C.A. de Seguros; 3.- PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por incumplimiento de contrato interpuesta, y en consecuencia: 3.1.- Se ORDENA el pago de la cantidad de Bs. 1.763.445,26, por concepto de anticipo otorgado y no amortizado. 3.2.- Se ORDENA el pago de la cantidad de Bs. 501.600,06, por indemnización por incumplimiento de contrato. 3.3.- Se ORDENA el pago de los intereses moratorios sobre las cantidades adeudadas. 3.4.- Se ORDENA la realización de la experticia complementaria del fallo de acuerdo con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil para el cálculo de los intereses moratorios. 4.- Se declara IMPROCEDENTE la indexación monetaria solicitada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte : 1. Dclaró que No es COMPETENTE para conocer en primera instancia la presente acción, interpuesta por loe el abogado Luis Carlos Malave Esaa, actuando con el carácter de apoderado judicial de los recurrentes, contra lo Providencia Administrativa Nº 00042 del 27 de marzo de 2014, dictada por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas 2. ORDENÓ remitir el presente expediente al Juzgado Superior (Distribuidor) de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.