Esta Corte dictó decisión mediante la cual se declaró Competente para conocer en consulta el fallo dictado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 31 de enero de 2017, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por ciudadana LIGIA ELIZABETH MALDONADO LIRA contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se CONFIRMA el referido fallo.

En la presente incidencia, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos, interpuesta por la representación judicial de la sociedad mercantil CONSORCIO BOYACÁ-LA GUAIRA, contra las decisiones administrativas notificadas mediante correos electrónicos de fecha 16 de diciembre de 2013, a través de los cuales la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) hoy CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX), informó a la referida sociedad, que fueron negadas las Solicitudes de Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), Nros. 16446851 y 16449365 "¿y de cualquier otro acto administrativo que se haya dictado en ejecución de dicha decisión

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: HOMOLOGADA LA TRANSACCIÓN efectuada por las partes contendientes en fecha 11 de agosto de 2016, en la demanda de cumplimiento de contrato conjuntamente con medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar interpuesta por la abogada Cheryl Adrianina Narváez Aponte, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 94.476, actuando con el carácter de apoderada judicial de la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), contra la sociedad mercantil CONSTRUCTORA DRECOMA, C.A., y subsidiariamente contra la ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS, S.A.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: SU COMPETENCIA para conocer la inhibición formulada por la abogada GRISEL SÁNCHEZ PÉREZ, actuando en su condición de Juez Suplente del Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Manuel Assad Brito, actuando con el carácter de apoderado Judicial de la ciudadana MILDRED JOSEFINA LATTUE DE COSTA contra MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD. ; CON LUGAR la inhibición planteada por la abogada Grisel Sánchez Pérez en fecha 27 de junio de 2017; SE ORDENA NOTIFICAR de la presente decisión, dentro del lapso de veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo, a la abogada Grisel Sánchez Pérez, en su condición de Juez Suplente del Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró:1.-Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de julio de 2016, por la abogada Thais Porras, actuando en su condición de representante legal de la parte recurrida, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta de fecha 28 de junio de 2016, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Armando Enrique Rodríguez García, antes identificado, actuando en su propio nombre y representación, contra la ZONA EDUCATIVA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.-PROCEDENTE la consulta de la decisión dictada por el referido juzgado y en consecuencia se CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 28 de junio de 2016 por el a quo.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por la abogada Luz Torres, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano OMAR RAFAEL ZACARÍAS QUIJADA, anteriormente identificado; contra de la sentencia proferida por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 30 de marzo de 2017, que declaró inadmisible por caduco el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. ; CON LUGAR la apelación ejercida. ;REVOCA el fallo dictado por el Iudex a quo. y ORDENA remitir la presente causa al Tribunal de origen, a los fines de que se pronuncie sobre el fondo del asunto de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta el 31 de enero de 2017, por el abogado Gustavo Adolfo Rinaldi, en su carácter de sustituto del Procurador General del estado Monagas, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en el estado Delta Amacuro, en fecha 16 de diciembre de 2016, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso interpuesto por el ciudadano JOSÉ RAFAEL RONDÓN RAMOS, titular de la cédula de identidad N° V-4.021.667, debidamente asistido por las abogadas Omyl Nathaly Rondón Reyes y Gloria Elena Luna Flores, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros: 74.810 y 74.877, respectivamente, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MONGAS. 2.- SIN LUGAR la apelación ejercida. 3.-CONFIRMA la sentencia apelada.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaro 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por los abogados Fernando Urea Melchor y Carmen Susana Urea Melchor, antes identificados, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano CRISTÓBAL EDUARDO FERNÁNDEZ DALO, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, en fecha 9 de mayo de 2003, mediante la cual se declaró sin lugar la querella interpuesta contra la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 9 de mayo de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual se declaró COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta el 27 de julio de 2016, por la abogada por la abogada Roselys del Carmen Pérez, actuando con el carácter de sustituta de la República Bolivariana de Venezuela, contra la decisión dictada en fecha 7 de junio de 2016, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por el ciudadano SANDERLI VALERIO PIRELA ARTEAGA contra el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTIFÍCAS PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (C.I.C.P.C.) 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte recurrida. 3.- CONFIRMA la decisión dictada en fecha 7 de junio de 2016, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital.

Esta CSCA declaró: 1. SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta en fecha 2 de agosto de 2017, por el abogado HENRY JOSÉ MARTÍNEZ SALAZAR, actuando en su propio nombre y representación, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 31 de julio de 2017, mediante la cual se declaró Improcedente la presente acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar contra la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. 2. CON LUGAR el recurso de apelación. 3. REVOCA la decisión de fecha 31 de julio de 2017, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.4. ORDENA la remisión del presente expediente al referido Juzgado Superior a los fines que se pronuncie sobre las restantes causales de inadmisibilidad y de ser procedente continúe su curso de ley.