Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos en fecha 2 de diciembre de 2008 por la sociedad mercantil LA ORIENTAL DE SEGUROS, C.A., contra el acto administrativo S/N de fecha 5 de marzo de 2007, dictado por el CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (INDECU), (hoy -INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS-) que declaró sin lugar el recurso jerárquico ejercido, y, en consecuencia, ratificó el acto administrativo dictado en fecha 8 de agosto de 2006, por haber incumplido con el mandato contenido en los artículos 18 y 92 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. 2.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. IMPROCEDENTE el desistimiento del procedimiento. 2.- CONFIRMÓ el auto de fecha 23 de julio de 2012, dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, mediante el cual precisó haber sido subsanada la cuestión previa opuesta, referida al ordinal 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. 3.- SE ORDENÓ la notificación de las partes del auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte el 23 de julio de 2012. 4.- SE ANULARON las actuaciones suscitadas con posterioridad al auto supra mencionado. Se ordenó notificar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer la apelación interpuesta por el abogado Franklin José Garabán Medina, inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el Nº 50.379, actuando en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.), contra la decisión emanada del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso administrativo de la Región Capital, que ratificó el amparo cautelar concedido. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta; 3.- REVOCA, el fallo dictado por el referido Juzgado Superior en fecha 10 de julio de 2012, el cual ratificó el amparo cautelar concedido en fecha 18 de abril de 2012. 4.- IMPROCEDENTE el amparo cautelar interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por los abogados Pablo Solórzano Escalante y María Ruestas, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CENTRO COMERCIAL LA BOYERA, C.A., contra el auto de admisión de pruebas dictado en fecha 2 de agosto de 2012, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la mencionada sociedad mercantil, contra el acto administrativo Nº 1244 de fecha 29 de julio de 2011, dictado por la DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO EL HATILLO DEL ESTADO MIRANDA. 2.- DESISTIDA la apelación interpuesta. 3.- FIRME el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 18 de julio de 2012 por la abogada Thais Milagros Guillén Valbuena, actuando en su condición de apoderada judicial del ciudadano CARLOS EDUARDO TORRELLES GÁMEZ, contra la decisión dictada en fecha 17 de julio de 2012 por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual el referido Juzgado declaró la medida cautelar de suspensión de efectos interpuesta contra el acto administrativo de destitución Nº 012-2012 dictado en fecha 20 de marzo de 2012 por el CONSEJO DISCIPLINARIO DEL DISTRITO CAPITAL DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, PENALES Y CRIMINALISTICAS (CICPC). 2-DESISTIDO el recurso de apelación ejercido. 3.-CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 17 de julio de 2012.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Ramsés Gómez Salazar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 91.010, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano LUIS ALFREDO COLMENARES COLMENARES, titular de la cédula de identidad Nº 12.240.285, contra la decisión dictada el 30 de abril de 2012, por el Juzgado Superior en lo Civil y lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró la perención de la instancia en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia, queda FIRME el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por la abogada Xamira Goya Torres, actuando con el carácter de apoderada judicial del Instituto Residencial del Este C.A., contra el fallo dictado en fecha 10 de enero de 2011, por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró con lugar la demanda de nulidad interpuesta. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- Se CONFIRMA el fallo apelado.

En esta misma fecha, se dictó sentencia mediante la cual NO ACEPTÓ LA COMPETENCIA DECLINADA LA COMPETENCIA DECLINADA por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, en fecha 10 de agosto de 2012, PLANTEÓ EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y ORDENÓ remitir el expediente a la referida Sala del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta Corte dictó auto mediante el cual solicitó al ciudadano Presidente del Consejo Legislativo del estado Amazonas que INFORME si la transacción celebrada en fecha 26 de junio de 2007, se llevó a cabo en los términos expuestos en dicho documento, así como también, se solicitó que se consigne en autos el documento poder que acredita la representación de la Abogada Nathaly Acevedo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 116.872, quien para la fecha de celebración del acuerdo transaccional actuó con el carácter de Apoderada Judicial del Consejo Legislativo del estado Amazonas.

En esta misma fecha, esta Corte dictó decisión mediante la cual: 1.- NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, para conocer en primer grado de jurisdicción de la demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, por el ciudadano NERIS ORTEGA contra la Sociedad Mercantil PDVSA GAS S.A., filial de la Sociedad Mercantil PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. 2.- PLANTEA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. 3.- Ordena REMITIR el presente expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.