en la cual esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ORDENA la ACUMULACIÓN del expediente N° AB42-R-2004-000087, -por ende su cierre informático- a la causa contenida en el presente expediente N° AP42-R-2005-000121.

LA CORTE declaró: DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Alejandro Arreaza, actuando con el carácter de Presidente de la sociedad mercantil INVERSIONES 170, C.A., contra la Resolución Nº SIB-DSB-CJ-PA-28733 de fecha 13 de septiembre de 2011, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra el oficio Nº SIB-DSB-OAC-AGRD-21197 de fecha 25 de julio de 2011que determinó que el crédito otorgado a la recurrente "no se puede considerar como crédito sujeto a restructuración". Se ordenó archivar el expediente.

1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por la abogado, Lahosie Sarcos, actuando en su carácter de apoderada judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 2 de noviembre de 2010, mediante la cual declaró Parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana CONSUELO CASTILLO USECHE, titular de la cédula de identidad Nº 4.634.261, contra el acto administrativo contenido en oficio Nº97-044 de fecha 21 de enero de 2010, mediante el cual le fue negado el reajuste del monto de la jubilación otorgada por el Presidente del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S). 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, 3. REVOCA, el fallo, y en consecuencia, 4. se declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por el abogado Juan Alfonzo Paradisi, actuando en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil BSI, S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte en fecha 12 de diciembre de 2012, mediante el cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad intentado contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.- CONFIRMA el auto apelado.

En el presente asunto, esta Corte dictó auto para mejor proveer mediante la cual acordó en aras de salvaguardar el derecho a la defensa de las partes y de brindar la tutela judicial efectiva consagrada en los artículos 26, 49, 257 y 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; requerir a las partes (tanto al querellante como a la querellada), información relacionada con el presente asunto, todo ello, a los fines de dictar una mejor decisión sobre el mérito de la presente controversia.

En el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano RICHARD GUILLÉN BRAVO, titular de la cédula de identidad Nº 10.547.015, asistido por la abogada Mercedes Belisario, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 65.739, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA DEL ESTADO MIRANDA; esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por el querellante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 11 de mayo de 2004, mediante la cual declaró sin lugar su querella; 2.- CON LUGAR la apelación ejercida; 3.- SE REVOCA la sentencia apelada y 4.- SE REPONE la causa al estado en que el mencionado Juzgado providencie las pruebas promovidas por el actor, en consecuencia anula el auto dictado por el a quo en fecha 24 de marzo de 2004 y todas las actuaciones subsiguientes al referido auto.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por la abogada, Gregoria Sánchez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil J.D.M.L SEGURIDAD INTEGRAL, C.A., contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo en fecha 4 de octubre de 2011, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto contra la Providencia Administrativa Nº 154-09 de fecha 26 de marzo de 2009 emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL DISTRITO CAPITAL MUNICIPIO LIBERTADOR (SEDE NORTE). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, 3. Se CONFIRMA la sentencia objeto de la apelación.

Esta Corte delcaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la regulación de competencia solicitada por el abogado Frederick Couri Mendoza, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano FREDDY COURI CANO, contra la decisión proferida por el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 20 de abril de 2010; 2.- REGULA LA COMPETENCIA, a cuyo efecto, declara competentes a los Tribunales Civiles, Mercantiles y de Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; 3.- ORDENA remitir el presente expediente a la sede de distribución de los Tribunales Civiles, Mercantiles y de Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; 4.- ORDENA remitir copia de la presente decisión al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: -La reanudación de la presente causa, para lo cual se ordena la notificación de todas y cada una de las partes intervinientes en la presente controversia.-Se les advierte a las partes que el estado en que se reanudara la misma, es el de continuar con el computo de los días de despacho fijados por auto de fecha 23 de septiembre de 2003, para que se dé inicio a la relación de la causa dentro de los cuales la parte apelante debe presentar su escrito de fundamentación de la apelación, con la advertencia que de ser presentado el mismo, la causa se continuará sustanciando conforme al procedimiento de segunda instancia contemplado en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. Declaró que es competente para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 27 de junio de 2006, por la abogada Jenitze Carolina Bravo Lisboa, actuando en su condición de apoderada judicial de la parte actora, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, el 19 de junio de 2006, que declaró sin lugar la querella funcionarial interpuesta por la ciudadana DILIA DE JESÚS ANTÚNEZ, contra la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- SE CONFIRMA el fallo apelado.