Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SIN LUGAR la demanda por cumplimiento de contrato e indemnización por daños y perjuicios interpuesta por la representación judicial del CONSORCIO GLMT-LAMILARA, constituido mediante documento autenticado el 14 de julio de 2005 ante la Notaría Pública Séptima del Municipio Chacao del Estado Miranda, bajo el Nº 41, del Tomo 64 del libro de autenticaciones llevado por esa Notaría, dicho Consorcio se encuentra integrado por la sociedad mercantil G.L.M.T. CONSTRUCCIONES, C.A., y por la sociedad mercantil LÁMINAS LARA, C.A., contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA. 2.- Se declaran IMPROCEDENTES: i) la indexación judicial a título de daños y perjuicios; y, ii) las costas procesales solicitadas por la actora en su escrito libelar.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocerel recurso de apelación interpuesto por la parte recurrida, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 28 de abril de 2004, a través de la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, por la abogada Gracimar del Valle Fierro, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano JOSÉ JHONNY GONZÁLEZ, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA. 2. CON LUGAR la apelación interpuesta. 3. REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado a quo , y en consecuencia declara:4. SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por el abogado Julio Cesar Quevedo Barrios, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 134.075, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana HANIA MARINETZ SARMIENTO DE RODRÍGUEZ, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 6 de junio de 2012, mediante la cual declaró "(...) niega la prueba promovida (...)" el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó Remítir el expediente al Juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 11 de agosto de 2010, por el abogado Nelson González, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ C.A (EDELCA), plenamente identificada en el fallo, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 6 de agosto de 2010, mediante la cual declaró la perención breve de la instancia, en la demanda interpuesta por la mencionada sociedad mercantil. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte demandante. 3.- REVOCÓ la sentencia apelada. 4.- ORDENÓ LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO en el estado en que se encontraba. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual está Corte, declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Luís Eduardo Colmenares Sánchez y Luís Eduardo Colmenares Moreno, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 28.216 y 98.378, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana IRMA FRANCISCA RODRÍGUEZ MIRANDA, contra actos administrativos de fecha 18 de diciembre de 2007 y 4 de abril de 2008, emanados de la DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), adscrita al Ministerio Popular para el Trabajo y Seguridad Social, y mediante los cuales resolvió determinar y confirmar la responsabilidad administrativa de la ciudadana antes mencionada. Se ordenó notificar y remitir copia de esta decisión a la Dirección General de Auditoría Interna del IVSS y a la Contraloría General de la República.

Se dictó auto mediante el cual esta Corte requirió a las partes que consignaran documentación referente al manual descriptivo de cargo o registro de información de cargo y sobre los cargos de carrera ejercidos por el recurrente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar innominada, por los abogados Alfredo Zuloaga, Juan José Figueroa Torres y Carolina Caruso Boet, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil "CEMENTOS CATATUMBO C.A.", contra la Resolución Administrativa N° SPPLC/0033-03, de fecha 14 de noviembre de 2003, dictada por la SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA). Se confirmó parcialmente el acto impugnado en cuanto a la cartelización y se anuló respecto a la multa. Se ordenó notificar.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad a la constancia en autos de las notificaciones practicadas a los ciudadanos Síndico Procurador Municipal y Alcalde del Municipio El Hatillo del Estado Miranda, parte recurrida en la causa principal. 2.- Repuso la causa al estado de iniciar el lapso de ocho (8) días para que la parte recurrida presentara las observaciones escritas a los informes presentados por el apoderado judicial de la ciudadana Norbelys Reque, contado a partir de que constara en autos la última de las notificaciones de las partes y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 516 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Se ordenó notificar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: Procedente la solicitud de medida preventiva de embargo solicitada, en consecuencia: Decretó la medida preventiva embargo hasta por la cantidad de Bs. 5.552.430,00, a ejecutarse sobre los bienes de la Sociedad Mercantil Seguros Qualitas, C.A., Ordenó Oficiar a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Se comisionó suficientemente al Juzgado Ejecutor de Medidas para proceder a la ejecución de la medida otorgada, ordenó notificar a la Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, y ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de continuar con la tramitación de la presente causa.

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte declaró SIN LUGAR la demanda por daños materiales, morales y lucro cesante, interpuesta por los abogados Darío José Perozo y Pastor Tallavó, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos MARÍA JOSEFINA FLORES SÁNCHEZ y RAFAEL ANTONIO NÚÑEZ OBISPO, contra el MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO CARABOBO. Asimismo, se ordenó notificar a las partes.-