Se dictó decisión mediante la cual esta Corte dececlaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer en primer grado de jurisdicción de la presente demanda por abstención o carencia interpuesta por la ciudadana MARÍA TERESA BOLLICI, asistida por el abogado Miguel Ángel Mora, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 58.585, contra el CONSEJO NACIONAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS). 2.- ADMITE la demanda y en consecuencia ordena: 2.1.- CITAR al ciudadano Presidente del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS). 2.2.- NOTIFICAR a los ciudadanos Procurador General de la República, Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno y Fiscal General de la República. 2.3 NOTIFICAR a los ciudadanos Luis Jorge Bolicci y Jorge José Bolicci. 2.4.- NOTIFICAR a la ciudadana María Teresa Bolicci 3.- Se ORDENA la remisión del presente expediente a la Secretaría de esta Corte.

Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por el apoderado judicial de la parte recurrida, contra la sentencia de fecha 10 de julio de 2013 dictada por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana NORLLY NINOSKA VAAMONDE OCHOA, titular de la cédula de identidad Nro. 14.774.689, contra la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido, y en consecuencia: 3.- Se REVOCA el fallo apelado, y conociendo del fondo de asunto, 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.- COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 4 de julio de 2012, por la abogada Nayibis Peraza Navarro, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 104.933, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, contra el fallo de fecha 15 de mayo de 2012, dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar la oposición formulada por la referida Alcaldía a la medida cautelar de suspensión de efectos decretada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la región Capital, en fecha 10 de enero de 2012. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- Se CONFIRMA el fallo apelado

Esta Corte declara: 1. VÁLIDO el escrito de fundamentación a la apelación presentado por la parte actora el día 13 de febrero de 2014. 2.- La NULIDAD PARCIAL de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. 3.- Se REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación 4.- Se ORDENA la notificación del Director General del Instituto Autónomo de Policía Municipal del Municipio Sucre del Estado Sucre y del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, para que dentro del lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir del vencimiento de los cinco (5) días continuos que se le conceden como el término de la distancia, los cuales comenzaran a computarse una vez que conste en el expediente el recibo de las respectivas notificaciones a que se refiere el presente auto, consigne la información solicitada.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: .- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por la ciudadana Georgina del Valle Rivera, debidamente asistida por el abogado Freddy González, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 28 de octubre de 2013, a través de la cual declaró inadmisible la demanda de nulidad incoada contra el acto administrativo dictado en fecha 21 de junio de 2012, por la Coordinación de Planificación Urbana y Desarrollo Comunal de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO SUCRE; 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- REVOCA la decisión apelada; 4.- ORDENÓ la remisión del presente expediente al Juzgado de Origen.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación intentado por la parte actora, el día 30 de septiembre de 2013, contra la sentencia que en fecha 7 de agosto de 2013 declaró sin lugar la demanda de nulidad interpuesta con medida cautelar innominada por el ciudadano NILSON OCTAVIANO MEZA MENDOZA, con cédula Nº 4.036.472, actuando debidamente asistido por la abogada Silenia del Valle Vargas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 19.834, contra la resolución Nº CU-O-09-516, de fecha 16 de mayo de 2011, emitida por el CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA (UNEG), mediante el cual se negó al accionante la solicitud de "Ascenso a la Categoría de Profesor Asociado"; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación intentado. 3.- CONFIRMA, en los términos expuestos, el fallo apelado.

Visto el cumplimiento de los requisitos relacionados con el fumus boni iuris, y el periculum in mora necesarios para la procedencia de la medida cautelar solicitada por la actora, esta Corte DECRETA MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO contra los bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil Transeguros, C.A., De Seguros hasta por la cantidad de ocho millones doscientos noventa y siete mil trescientos treinta y dos bolívares con ochenta y nueve céntimos (Bs. 8.297.332,89).

de conformidad con las reglas generales que ordenan las medidas cautelares y en especial en la materia bancaria, se requiere, del cumplimiento de dos requisitos fundamentales, el fumus boni iuris y del periculum in mora; y visto que en la presente solicitud cautelar no se encuentra satisfecho el periculum in mora, es decir, el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, estableciendo este Órgano Colegiado que su verificación junto con el fumus boni iuris son elementos concurrentes y necesarios para declarar la procedencia de la medida aquí solicitada, y siendo que es obligatoria la concurrencia de los requisitos establecidos por la Ley y la jurisprudencia para su otorgamiento, es forzoso para esta Corte declarar IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de efectos realizada por la representación judicial de la parte actora. Así se decide.

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su INCOMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano ARTURO RAFAEL PERNIA LUNA, debidamente asistido por el abogado Franklin Rodríguez Herrera, contentivo de la demanda de nulidad interpuesta contra el acto administrativo Nº 9700-274-037 dictado en fecha 04 de noviembre de 2013, por el CONSEJO DISCIPLINARIO REGIÓN LOS LLANOS DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (C.I.C.P.C.), a través del cual acordó destituir al aludido ciudadano del cargo de Agente de Investigación I que ejercía en la referida Institución Policial, en consecuencia: 2.- DECLINA la competencia para conocer de la presente causa, al Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, por lo que se ordena la remisión del expediente al referido Juzgado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la inhibición formulada por la ciudadana Maige Ramírez Parra, en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano CLEMENTE ORLANDO ZERPA GUERRERO, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA. 2.- CON LUGAR la inhibición propuesta. 3.- SE ORDENÓ NOTIFICAR de la presente decisión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo, a la mencionada Jueza. Se ordenó notificar y remitir el cuaderno separado al Tribunal de origen.