Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos requerida el abogado Vladimir Antonio Colmenares, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil INMOBILIARIA OLIVEIRA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa en fecha 21 de enero del 2000, bajo el Nº 50, Tomo 85-A, contra las medidas de reintegro, ocupación y operatividad temporal acordadas en fechas 16 de junio y 7 de julio del año 2009, por la Coordinación Regional en el Estado Portuguesa del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS).

Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por la ciudadana ANA LUISA LOBO, actuando en nombre propio y en defensa de sus intereses, en fecha 20 de noviembre de 2013, contra la sentencia emitida por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, de fecha 18 de noviembre de 2013, que declaró parcialmente con lugar el amparo cautelar solicitado contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO LARA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- Se CONFIRMA la decisión apelada.

Se dictó la decisión mediante la cual esta Corte: 1.- Declaró que es COMPETENTE para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 21 de febrero de 2013, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Pilar Botomo Luces, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana MIGUEL EDUARDO ESPINOZA RONDÓN, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se CONFIRMÓ la referida decisión. Se ordenó la notificación de las partes y la remisión del expediente.

Esta Corte dictó auto para mejor proveer, mediante el cual le solicitó al Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que remitiera a este Órgano Jurisdiccional, copia del acto administrativo contenido en el oficio CPNB-DN-N° 09505 de fecha 15 de octubre de 2013, emitido por el ciudadano Director del Cuerpo Nacional de Policía Bolivariana (CNPB), en consecuencia ordenó notificar al referido Juzgado a los fines que remitiera la información solicitada. Asimismo, al ciudadano Yenfer Miguel Laya Thomas, y al Cuerpo Nacional de Policía Bolivariano (CNPB), a los fines que tengan conocimiento de la información solicitada al Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, para que de ser posible consignen la información solicitada al Iudex A quo, si esta no fuera consignada por el referido Juzgado.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: DESISTIDO el presente procedimiento de la demanda por abstención interpuesta por la Abogada Ángela Rondón, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL RODOLFO LOERO ARISMENDI (IUTIRLA), contra la DIRECCIÓN ESTADAL AMBIENTAL DE BOLÍVAR.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el Apoderado Judicial de la Cooperativa Financiera de Venezuela 445. R.L., contra la Providencia Administrativa Nº 12 de fecha 9 de febrero de 2009, emanada del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), esta Corte declara: Desistido el recurso interpuesto.

En el expediente contentivo de la apelación interpuesta por el Apoderado Judicial del Consejo Comunal Dr. Arístides Garbiras, contra la decisión emanada del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, que declaró Improcedente el amparo cautelar solicitado de manera conjunta con la demanda de nulidad interpuesta por dicho Consejo Comunal contra la Alcaldía del Municipio San Cristóbal del estado Táchira, esta Corte dictó decisión, mediante la cual declaró: 1. Su Competencia; 2. Sin Lugar la apelación y 3. Confirma la decisión apelada.

Esta Corte dictó decisión, mediante la cual, declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la Consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada en fecha 10 de mayo de 2013, el Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del estado Bolívar, mediante el cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana BELKIS JUDITH RENGEL PALMA, debidamente asistida por la Abogada Celeste Rodríguez, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (D.E.M.). 2. CONFIRMA en los términos expuesto en la motiva del presente fallo, la sentencia dictada en fecha 10 de mayo de 2013, por el referido Juzgado Superior.

Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; DESISTIDO el recurso de apelación incoado; y FIRME el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido por el Abogado José del Carmen Blanco, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana Norma Elizabeth Contreras Rosales, contra la decisión dictada en fecha 12 de diciembre de 2013, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Inadmisible por caducidad el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL. DESISTIDO el recurso de apelación ejercido. FIRME la sentencia apelada.