Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- PROCEDENTE la solicitud de suspensión de la causa, presentada en fecha 11 de noviembre de 2013 por el abogado Víctor Esqueda inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 148.021, actuando con el carácter de apoderado judicial de la CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL (CORPOELEC), respecto del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos por la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ELECTRICIDAD DE LOS ANDES representada judicialmente por el abogado Rafael Molero Villalobos, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 33.741, contra, el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa número 15 de fecha 15 de enero de 2001, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO TRUJILLO. 2.- Se ACUERDA la suspensión de la causa por un lapso de ciento ochenta (180) días continuos.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- la NULIDAD PARCIAL, del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 22 de septiembre de 2010, en cuanto al inicio de la relación de la causa; 2.- REPONE, la causa al estado de que se notifique a las partes para que una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, se dé inicio al lapso de fundamentación de la apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual: ORDENA notificar a la COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICÍA DEL ESTADO GUÁRICO, para que dentro de lapso de cinco (5) días de despacho, contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones, den cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión. Asimismo, notifíquese al ciudadano Carlos Eduardo Bravo Barrios o cualquiera de sus apoderados judiciales, así como a la Procuraduría General del estado Guárico, a los fines que tengan conocimiento de dicho requerimiento y en caso que la información solicitada sea consignada por alguna de las partes, podría -si así lo quisiera- la parte contraria impugnar tal información dentro de los cinco (5) días siguientes a que conste en autos la remisión de la información requerida, para lo cual se considera abierta la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.- QUE ES INCOMPETENTE SOBREVENIDAMENTE para conocer de la presente Demanda por Indemnización de Daño Patrimonial Directo y Daño Moral interpuesta por la sociedad mercantil SERENOS REX, C.A., representada por los abogados Daniel Vicente Ardila y Juan Vicente Ardila, antes identificados, contra la sociedad mercantil SINCRUDOS DE ORIENTE, C.A. (SINCOR), en la actualidad sociedad mercantil PDVSA PETROCEDEÑO, S.A., antes identificadas. 2.- DECLINA la competencia para conocer de la presente Demanda por Daños y Perjuicios interpuesta en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 3.- SE ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: Que es COMPETENTE para conocer la inhibición formulada por la ciudadana Hirda Soraida Aponte, en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure, y Municipio Arismendi del estado Barinas, en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano Darwin Osmer González González, representado por el abogado Marcos Goitia, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE; CON LUGAR la inhibición propuesta; SE ORDENA NOTIFICAR de la presente decisión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo, a la ciudadana Hirda Soraida Aponte, en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure, y Municipio Arismendi del estado Barinas.

Esta Crte dictó decisión mediante la cual declaró DESISTIDO el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por los ciudadanos EULOGIO FIGUEROA SALAZAR y CRUZ MIGUELINA FIGUEROA SALAZAR, titulares de las cédulas de identidad números 2.924.694 y 4.688.887, respectivamente, representados por la abogada María De Fátima Rodríguez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo número 68.422, contra la providencia administrativa número 15.7.17.46-001 de fecha 23 de febrero de 2010 emanada del SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS (SAREN), contentivo de la negativa registral del documento de la compra venta de un terreno del Municipio Montes del estado Sucre, presentada por los referidos ciudadanos, ante el Registro Público del Municipio Montes del estado Sucre.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la acción de reclamo por vía de hecho interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada, por los abogados Gustavo Adolfo Grau Fortoul, Miguel Mónaco Gómez y Andrés Clemente Ortega Serrano, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 35.552, 58.461 y 130.596, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la empresa INMOBILIARIA UVA DE PLAYA, C.A., sociedad mercantil constituida mediante documento protocolizado por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 14 de noviembre de 1987, bajo el Nº 75, Tomo 33-A-Sgdo, contra la presunta vía de hecho desplegada por la sociedad C.A. METRO DE CARACAS.

En virtud de las consideraciones expuestas, esta corte declara CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación únicamente en lo relativo a la improcedencia de la Convención Colectiva analizada en el presente fallo, puesto que la jubilación acordada al querellante debe regirse por la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, y en consecuencia, REVOCA PARCIALMENTE, el fallo apelado únicamente en cuanto a la declaratoria realizada por el Juzgador de Instancia respecto a la aplicación de la Convención Colectiva Convención Colectiva de Condiciones de Trabajo suscrita entre el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación y la Federación Médica Venezolana, la cual fue analizada en el presente fallo.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Luis Gerardo Ascanio Esteves e Isabel Pérez Rodríguez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 14.317 y 112.009, respectivamente, actuando con el carácter de apodera dos judiciales de la ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA AGUSTÍN CODAZZI, contra la providencia administrativa Nº 196-2012 de fecha 28 de noviembre de 2012, emanada del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), mediante la cual se declaró sin lugar la oposición a la medida cautelar impuesta.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: la NULIDAD de las actuaciones procesales posteriores al lapso de fundamentación de la apelación, y en consecuencia, se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, se dé inicio al lapso de contestación a la fundamentación de la apelación interpuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.