Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- INADMISIBLE la "Demanda por Daños y Perjuicios" interpuesta por los ciudadanos Rafael Gerardo Milanés y Carmen Imelda Gómez de Narváez, el primero de ellos actuando en nombre propio y la segunda asistida por la abogada Iris Marle Hernández Jiménez, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE FINANZAS. 2.- Se REVOCA el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación en fecha 13 de diciembre de 2011. 4.- Se ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión al Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. .

De acuerdo a todo lo señalado, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Jackson Enrique Sabogal Barboza, representado por el abogado Jorge Andrés Pérez, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 14 de agosto de 2012, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación ejercido. 3.- PROCEDENTE la consulta de ley, prevista en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hoy día en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 4.- Se REVOCA el fallo dictado el 13 de abril de 2004 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, y en consecuencia: 5.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: DESISTIDO el procedimiento en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Tomás Antonio Pérez, , actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Willian Guillén y Henrry Largo, contra la Resolución Nº 0092/2.011, de fecha 12 de diciembre de 2011, emanado de la Oficina de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría Municipal del Municipio San Cristóbal del estado Táchira, mediante el cual se declaró la responsabilidad administrativa de los mencionados ciudadanos, se les impuso a cada uno de ellos multa y se declaró la responsabilidad civil y solidaria de los recurrentes. Se ordenó notificar y el archivo del expediente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la abogada Ofelmina Lozano Vargas, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano JOSÉ JESÚS RAMOS, titular de la cédula de identidad Nº 6.148.042, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 5 de noviembre de 2007, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMÓ la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. Que es COMPETENTE para conocer en consulta la decisión de fecha 13 de febrero de 2008, proferida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. 2. Conociendo en consulta, se CONFIRMA con las consideraciones expuestas la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. Se ordenó la notificación de la presente decisión y la remisión de la causa al Juzgado de origen.

Se dictó resolución mediante la cual esta Corte declaró: 1.- COMPETENTE para conocer la apelación interpuesto por la ciudadana ROSELENA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad Nº 13.798.914, asistida por el abogado Gustavo Pinto Guaramato inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 25.663, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 0011/2004 emanado de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MIRANDA. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la abogada Nuris Ramírez, actuando con el carácter de representante judicial Municipio Chacao. 3.- REVOCA el fallo apelado. 4.- Se declara SIN LUGAR la querella funcionarial interpuesta.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Marilia Lali Moreno Jiménez, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil HOGAREX Y ALGO MÁS, C.A., en contra del acto administrativo por medio del cual se decidió negar las Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) de las solicitudes identificadas con los números: 8492971, 8486995, 8576881, 9997108, 7931661, 9977733, 99544473, 9935421, 9914418, 8145090, 8492884, 8559552, 8492873, 8429262, 9996884, 8625440, 8492861, 8492921, 8559892, 8558624, 10199831, emanado por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI).

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró:1.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 2.- Se CONFIRMA en los términos expuestos, la sentencia dictada en fecha 28 de octubre de 2005 por el Tribunal Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de Circunscripción Judicial de la Región Central, por la cual declaró Sin Lugar el Recurso Contencioso Funcionarial interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- La NULIDAD PARCIAL del auto de fecha 27 de febrero de 2013, únicamente en lo relativo al lapso de fundamentación a la apelación, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPUSO la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar, para que se dé inicio al lapso de diez (10) días de despacho, contados una vez vencidos los ocho (8) días continuos que se le otorgan como término de la distancia, dentro de los cuales la parte apelante deberá presentar las razones de hecho y de derecho en que fundamenta la apelación interpuesta. 3.- Se ORDENÓ desglosar el expediente signado con el Nº 7047 de la nomenclatura del Juzgado a quo. 4.- Se ORDENÓ al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo del estado Zulia, remita a esta Alzada los antecedentes relacionados con la presente causa.