Esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 1º de febrero de 2011, por el abogado Alejandro Canónico, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano YONNATHAN ORTEGA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta el 17 de diciembre de 2010, mediante la cual declaró INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano YONNATHAN ORTEGA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por el abogado Alejandro Canónico el 1º de febrero de 2011. 3.- FIRME la sentencia apelada.

Observa esta Corte que la situación jurídica presuntamente infringida es irreparable, siendo imposible retrotraer la situación lesionada al estado anterior de su detrimento, por lo tanto, en atención al criterio jurisprudencial supra transcrito, y a lo estatuido en el aparte 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, resulta forzoso para este Órgano Jurisdiccional declarar inadmisible la presente acción de amparo constitucional.

Esta Corte declaró : QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por el abogado Francisco Lépore Girón, Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº. 39.093, actuando en carácter de apoderado judicial de la ciudadana ISABEL TERESA GARCÍA, titular de la cédula de identidad número 6.377.673, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo en fecha 15 de abril de 2008, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA (BANDES). 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por la representación de la ciudadana Isabel Teresa el 7 de mayo de 2008, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado el 15 de abril de 2008, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. 3. En consecuencia, se declara FIRME la sentencia antes identificada.

Con base en lo expuesto y efectuado el análisis del contenido de la decisión apelada, esta Corte estima que la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró inadmisible por haber operado la caducidad en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto no vulnera normas de orden público ni se encuentra en contradicción con los criterios vinculantes emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En tal virtud, esta Corte declara DESISTIDO el presente recurso de apelación y, en consecuencia, queda FIRME el fallo apelado. Así se decide.

Esta Corte declaró 1.-LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso de apelación interpuesto por la abogada Maryolga Girán Cortéz, Inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 8.220, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil NEUMÁTICOS DE VENEZUELA, C.A. (NEUMAVEN), inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 15 de mayo de 1984, bajo el Nº 19, tomo 27-A-Sgdo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte de fecha 22 de junio de 1994, mediante la cual negó la "solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado". 2.- Se declara FIRME el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por los abogados José Gregorio Torrealba, Andrés José Linares Benzo y María Gabriela Viera, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil MOLINOS NACIONALES, C.A. (MONACA), identificados en el encabezado del presente fallo, en el marco del recurso de nulidad interpuesto por dicha empresa contra los actos administrativos denegatorios tácitos, generados en virtud del silencio administrativo producido ante la ausencia de respuesta a los recursos de reconsideración interpuestos contra los actos administrativos dictados por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), que declararon en status de "Suspendida por Bienes y Servicios (Liberación de Fianza)" las Solicitudes presentadas por la empresa recurrente.

Se dictó auto mediante el cual se ordenó oficiar al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, para que dentro del lapso de ocho (8) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su notificación, remita las copias certificadas del expediente administrativo relacionado con la presente causa, con la advertencia que una vez transcurrido dicho lapso, esta Corte procederá a dictar sentencia con los documentos que consten en autos.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por esta Corte el 26 de enero de 2005, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPONE la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar, para que se dé inicio al lapso de diez (10) días de despacho, dentro de los cuales las partes apelantes deberán presentar las razones de hecho y de derecho en que fundamentan las apelaciones interpuestas, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por el ciudadano Geoffrín Loyo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano contra la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO FALCÓN. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación. 3.- REVOCA la sentencia apelada. 4.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado; 4.1. SIN LUGAR la pretensión principal de nulidad del acto administrativo dictado el 30 de abril de 2004 por la Procuradora General del Estado Falcón; 4.2. VÁLIDO, el acto administrativo impugnado; 4.3 IMPROCEDENTE la reincorporación y los consecuentes pagos reclamados que derivan de la reincorporación; ACUERDA el pago de las prestaciones sociales; IMPROCEDENTE la indexación y condenatoria en costas.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, de fecha 13 de mayo de 2010, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano TOMÁS LEONEL FLORES FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 15.046.694, asistido por el abogado Frederick Antonio Díaz Viera, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 137.506, contra la "GOBERNACIÓN ESTADO APURE". 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 de Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se CONFIRMÓ la referida decisión. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.