Se dictó decisión mediante la cual esta Corte se declaró: 1.-QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por la abogada Sandra Sánchez Briones, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 107.355, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil LA REINA DE LA LENCERÍA, C.A., contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 28 de enero de 2011, mediante la cual declaró desistido el recurso contencioso administrativo nulidad interpuesto contra la Resolución Nº 00013625 de fecha 6 de noviembre de 2009, dictada por la DIRECCIÓN GENERAL DE INQUILINATO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la abogada Naida Zapata, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 18.979, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano JOSÉ JESÚS SERRANO MEDINA, titular de la cédula de identidad N° 3.959.459, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 17 de enero de 2011, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT). 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA la sentencia apelada.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró 1.-QUE ES COMPETENTE para cumplir con el fallo emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión N° 48 de fecha 19 de febrero de 2008, mediante la cual ordenó a este Órgano Jurisdiccional "fallar nuevamente sobre el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto", por el abogado Javier Gómez González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 51510, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARÍA CAROLINA VILLEGAS SANTANA contra los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nos. DP-2003-196 y DP-2003-217 de fechas 20 de octubre y 24 de noviembre de 2003, emanadas de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 2.-CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.-ANULA el fallo apelado. 4.-SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido interpuesto.

En razón de lo expuesto en líneas anteriores, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, comparte el criterio sostenido por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en el fallo objeto de revisión, en donde se condena al Ministerio del Poder Popular para la Educación, parte querellada en el presente caso, al pago de los intereses moratorios generados por la suma no pagada oportunamente al querellante, a calcularse desde el 1º de agosto de 2003 (fecha en que se hizo efectiva su jubilación), hasta el 8 de noviembre de 2006 (fecha en que se efectuó el pago de las prestaciones sociales), por tanto, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, deberá calcular los intereses de mora por el retardo en el pago de las prestaciones sociales a la ciudadana Carmen Alicia Gómez, con base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, conforme a lo previsto en el ya nombrado literal "c" del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo; de

Esta Corte declara HOMOLOGADO EL ARREGLO AMIGABLE celebrado en fecha 30 de septiembre de 1986, entre el Procurador General de la República, procediendo en representación de la REPUBLICA DE VENEZUELA y, el ciudadano Luis Vicente Navas Pinto, actuando en su propio nombre y representación, y en consecuencia"; Se DECLARA con plenos efectos jurídicos el documento de "traslación de propiedad" presentado por la representación de la República.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación por la abogada Juana Tibisay Parra, actuando con el carácter de SÍNDICO PROCURADOR DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BEJUMA DEL ESTADO CARABOBO, contra la sentencia dictada el 5 de abril de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, mediante la cual declaró con lugar la querella funcionarial interpuesta por la ciudadana LILIANA RODRÍGUEZ GÓMEZ, asistida por los abogados Dalila Rea Palencia y Alejandro Zuloaga, contra la "ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BEJUMA DEL ESTADO CARABOBO". 2.- SIN LUGAR la apelación. 2.- CONFIRMA el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. Declaró que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto . 2. Declaró CON LUGAR el referido recurso. 3. REVOCÓ la sentencia apelada. 4. Conociendo del fondo del presente asunto, SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado. Se ordenó la notificación de las partes y la remisión del expediente al Tribunal de Origen.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los apoderados judiciales de los ciudadanos JUAN CARLOS FURIATI PÉREZ y VICENTE HUMBERTO FURIATI PÉREZ, contra los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nº 001-1200 y 002-1200 ambas de fecha 13 de diciembre de 2000, dictados por la JUNTA DE REGULACIÓN FINANCIERA, los cuales SE CONFIRMAN.

Se dictó decisión mediante mediante la cual este Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la ciudadana ARACELIS ZURITA, contra la sentencia dictada el 8 de noviembre de 2005 por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial contra la "ALCALDÍA DEL MUNICIPIO AMBROSIO PLAZA DEL ESTADO MIRANDA". 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- REVOCA la decisión apelada.4.- CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial y, en consecuencia: 4.1. ANULA el Acuerdo de Cámara Municipal. 4.2. ORDENA la reincorporación de la recurrente a un cargo de igual o similar jerarquía y remuneración, el pago de los sueldos y beneficios dejados de percibir, ORDENA la práctica de una experticia complementaria.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró :1.- REVOCÓ el auto de admisión de fecha 26 de enero de 2009, dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte. 2.- INADMISIBLE la demanda por daños y perjuicios, incoada por el abogado Wilmer de Jesús Bello Peralta, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 106.188, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos HENRY JOSÉ QUIJADA ALFONZO y LENRRY JAVIER REQUENA BLANCO, titulares de la cédulas de identidad Nros. 12.134.039 y 9.902.090, respectivamente, contra la INSPECTORÍA GENERAL DEL CUERPO DE SEGURIDAD y ORDEN PÚBLICO DEL ESTADO ARAGUA, solidariamente contra con la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ARAGUA y al COMANDO REGIONAL Nº 02 DESTACAMENTO 21, SECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA DE VENEZUELA.