Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró INADMISBLE por haber operado LA CADUCIDAD en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar, ejercido por el apoderado judicial de la SOCIEDAD DE CAPITAL DE RIESGO VENEZUELA C.A. (SCR), contra el "Acto Administrativo Resolución Nº 001.08 de fecha 4 de enero de 2008 (primogénito) (sic), y subsecuentemente en revisión (...), contra el acto originario Resolución N° 28107 de fecha 10 de septiembre de 2007", emanada de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, por medio de la cual se le impone a la referida sociedad una multa de Ciento Setenta y Cinco Millones Setecientos Trece Mil Ochocientos Sesenta y Siete Bolívares Con Treinta y Cuatro Céntimos Bs F. 175.713,87), correspondiente al uno por ciento (1%) del total de su capital.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con recurso contencioso administrativo de nulidad. 2.-ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que revise exhaustivamente la caducidad de la presente acción. Se ordenó notificar a las partes.

Se dictó decisión mediantebla cual esta Corte declaró: DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por las abogadas Noemí Fischbach y Alejandra Figueiras, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la ciudadana MICHELINA FEZZUOGLIO DE TABET, contra la Resolución Nº 336.10 de fecha 2 de julio de 2010, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (hoy Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario).

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.-1.- Su COMPETENCIA para conocer de los recursos de apelación interpuestos en fecha 4 de julio de 2007 y 9 de julio de 2007, por la abogada Carmen Luisa Durán, actuando como apoderada judicial de la ciudadana CELIA MENDOZA DE ÁLVAREZ, y por la abogada Marlene Rosmar Sandoval, actuando como apoderada judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA, respectivamente, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental de fecha 26 de junio de 2007, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial que interpusiera el apoderado judicial de la parte recurrente contra el acto administrativo Nº 071-04 de fecha 30 de abril de 2004, emanado del Órgano recurrido. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte recurrida. 3.- INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la apoderada judicial del INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), contra la decisión dictada por el Juzgado a quo en fecha 24 de febrero de 2011, mediante la cual declaró inadmisible la demanda por cumplimiento de contrato interpuesto contra la sociedad mercantil HISPANA DE SEGUROS, S.A. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- Se REVOCÓ la referida sentencia en los términos expuestos. 4. Se ORDENÓ remitir el presente expediente al Tribunal de Origen a los fines de que se pronuncie sobre las demás causales de inadmisibilidad admisión de la demanda interpuesta, con excepción a la causal de inadmisibilidad a la que se refiere el numeral 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ello en virtud de que ésta ya fue analizada por esta Alzada.

Esta Corte dictó Auto en el cual solicitó al Juzgado Superior Primero en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, y el informe sobre el estado procesal de la causa los cuales deberían ser consignados dentro del lapso de cinco (5) días de despacho siguientes a la notificación del presente auto. Resulta menester para esta Corte Segunda, advertir que una vez transcurrido el lapso fijado en el presente auto, esta Corte dictará sentencia conforme a los alegatos y la documentación que consta en autos.

Se dictó decisión mediante la cual esta corte declaró IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por la abogada María Espina, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil MADERERA MONAGAS, C.A., identificados en el encabezado del presente fallo, en el marco del recurso de nulidad interpuesto por dicha empresa contra los actos administrativos denegatorios tácitos, generados en virtud del silencio administrativo producido ante la ausencia de respuesta a los recursos de reconsideración interpuestos contra los actos administrativos dictados por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) mediante los cuales se ordenó el reintegro de las divisas aprobadas y liquidadas. Se ordenó notificar a las partes.

Esta Corte dictó sentencia en la cual declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer en virtud de la consulta de Ley de la sentencia dictada fecha 9 de octubre de 2003, por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana PETRA MAGALY CORDERO YOVERA, asistida por la aboga Yetzy Gutiérrez actuando con el carácter de representante legal, contra el JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL. 2.- Que es PROCEDENTE, la consulta legal efectuada a la sentencia emitida por el Juzgado a quo, en fecha 9 de octubre de 2003. 3.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial Orgánica de la Procuraduría General de la República, REVOCA, la decisión dictada por el a quo en fecha 4 de marzo de 2011. 4.- SIN LUGAR, el recurso interpuesto.

Se dictó sentencia mediante la cual ets Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto por la abogada Nuris Elena Medina Rivero, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano IVÁN JOSÉ LÓPEZ TROSELL, contra la sentencia de fecha 25 de junio de 2008, dictado por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra la Providencia Administrativa Nº 824-2005 de fecha 8 de julio de 2005, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO MIRANDA, mediante el cual declaró sin lugar la solicitud de reenganche y el pago de los salarios caídos incoada por el prenombrado ciudadano. 2.-HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO presentado mediante diligencia de fecha 27 de octubre de 2011, por losapoderados judiciales de la parte recurrente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. Declaró que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2. Declaró SIN LUGAR la apelación ejercida. 3. CONFIRMÓ el fallo apelado. Se ordenó la notificación de las partes y la remisión del expediente al Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.