En la demanda de nulidad interpuesta por el Abogado Wiliem Asskoul Saab, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana ROSA MARÍA RAMOS CHINEA, contra del acto denegatorio tácito (silencio administrativo) producido por el MINISTRO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA, en virtud de la falta de pronunciamiento respecto del recurso jerárquico incoado, ratificatorio del acto administrativo contenido en el correo electrónico remitido por el Sistema Automatizado de CADIVI de fecha 10 de diciembre de 2013, notificado en la misma fecha, emanado de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX). Esta Corte declaró: 1. Que es INCOMPETENTE para conocer la demanda interpuesta. 2. DECLINÓ en este estado procesal, el conocimiento de la presente causa a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 3. ORDENÓ la remisión del expediente, una vez transcurridos los lapsos de ley.

En la consulta de Ley de la sentencia dictada en fecha 21 de octubre de 2010, por el Juzgado A quo que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana CONSUELO MIGUELINA ZULLO TOLEDO contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer en consulta; 2. CONFIRMA la sentencia sometida a consulta.

En el presente recurso, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró; Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 29 de septiembre de 2016, ejercido por el representante judicial de la parte recurrente, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital el 26 de septiembre de 2016, que declaró "INADMISIBLE" el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Paulina Hernández Cardiel, actuando como apoderada judicial de la ciudadana CARMEN BEATRIZ MINDIOLA BORREGALES, contra la ALCADÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA; SIN LUGAR la apelación ejercida y CONFIRMÓ con la REFORMA expuesta en la motiva del presente fallo, la sentencia apelada.

En la demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales interpuesta por el Abogado OSLAN RAFAEL PETIT, actuando en su propio nombre, contra la ciudadana MIRNA JOSEFINA LOZADA VALLENILLA. Esta Corte declaró: 1. La NULIDAD de todas las actuaciones procesales en la presente instancia. 2. ORDENÓ la remisión de la presente causa a la Secretaría de esta Corte, a los fines de que realice las actuaciones necesarias para la notificación de las partes en juicio, dando inicio al procedimiento de segunda instancia en la causa.

En la presente demanda, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró; Su COMPETENCIA para conocer del la demanda por abstención o carencia incoada por los Abogados Andrés José Linares Benzo y José Gregorio Torrealba R., actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil BUSINESS ELECTRONICS INTERNATIONAL, C.A., contra el CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA "ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" (UNEXPO); CON LUGAR la demanda por abstención o carencia incoada y ORDENÓ al CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA "ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" (UNEXPO) dar respuesta a la solicitud de nulidad absoluta de la Resolución Nº 2013-E13, interpuesta por la Sociedad Mercantil BUSINESS ELECTRONICS INTERNATIONAL, C.A.

Demanda de nulidad interpuesta por los Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil TOYOTA DE VENEZUELA, C.A., contra el acto administrativo signado bajo el alfanumérico PRE-VPAI-CJ-012491-2013 dictado el 2 de mayo de 2013 por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) hoy CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX). Esta corte declaró: 1.- SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto. 2. FIRME el acto administrativo impugnado.

En la demanda de contenido patrimonial que por daños materiales y morales interpusiera en fecha 7 de diciembre de 2005, el ciudadano VICENTE BLADIMIR CAICEDO MANRIQUE, contra el INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME). Esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer la demanda interpuesta. 2. PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada. 3. NIEGA el pago de la indemnización pretendida por concepto de daño material por lucro cesante. 4. HA LUGAR la indemnización demandada por concepto de daño moral. 5. ORDENA a la parte demandada pagar a la parte demandante, por concepto de daño moral, la cantidad de un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00).

En el presente recurso, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró; Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 20 de mayo de 2015; DESISTIDO el recurso de apelación ejercido; ANULÓ la sentencia apelada y ORDENÓ la remisión del presente expediente al Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, a los fines que proceda a pronunciarse, en primer lugar, sobre la condición del actor dentro del organismo querellado (contratado, trabajador, funcionario), esto porque se advirtió que la presente causa pudiera ser dirimible ante los Tribunales Laborales; de lograr determinar lo anterior, proceda a pronunciarse sobre las demás causales de inadmisibilidad consagradas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y de ser el caso, conozca sobre el fondo del asunto debatido, ello como Órgano Jurisdiccional competente para conocer en primer grado de jurisdicción...

En el presente recurso, esta Corte dicto sentencia mediante la cual declaró; Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por el Abogado Albert Antonio Rojas, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la parte querellante y REVOCÓ el fallo recurrido, ordenándose la remisión de la presente causa al Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo del estado Bolivariano de Nueva Esparta, a los fines de que se pronuncie sobre las demás causales de admisibilidad, haciendo la salvedad que mediante despacho saneador debe solicitar al ciudadano José Francisco González Cardozo que demuestre su legitimidad para actuar en el presente juicio.

En el recurso de apelación incoado en fecha 9 de agosto de 2004, por el Abogado Jackson Alexander Márquez Duque, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO AMAZONAS, contra la decisión dictada el 4 de agosto de 2004, por la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, mediante la cual declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo cautelar, por el ciudadano RAMÓN OMAR LARA ARAGUA. Esta Corte declaró: 1. COMPETENTE para conocer el recurso incoado. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. PROCEDENTE entrar a conocer en Consulta. 4. Conociendo en consulta obligatoria de Ley, CONFIRMÓ la decisión apelada bajo la motiva expuesta en el presente fallo.