Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido el 26 de septiembre de 2007, por el ciudadano RAFAEL JOSÉ RAMOS ARCE, asistido por el abogado Juan Carlos Torrealba, contra la decisión dictada en fecha 26 de septiembre de 2007, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano contra la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO LARA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente decisión, remítase el expediente al Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental. Cúmplase lo ordenado.

Esta Corte constata que la Resolución Nº 11-02-2004 de fecha 9 de febrero de 2004, se efectuó ajustada a derecho, en el sentido que el nombramiento realizado a la ciudadana Loida Margarita Camejo al cargo de Asistente de Oficina II, se ejecutó sin un concurso público previo tal como lo establece la Constitución en su artículo 146 y el artículo 40 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en consecuencia, resulta forzoso para esta Corte declarar sin lugar el recurso contencioso funcionarial interpuesto por la parte recurrente.

Conociendo esta Corte en virtud de la Consulta de Ley, prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, esta Corte Confirma la decisión dictada en fecha 3 de julio de 2012, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso interpuesto.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: DESISTIDA la Demanda de Nulidad interpuesta conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos por la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN INTERLINK-18, C.A, representada por el abogado José Andrés Octavio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 57.512, contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución número PRE-VPAI-CJ-109313, de fecha 22 de noviembre de 2013, emanado de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), mediante el cual se confirmó la decisión en la cual se exigió a la referida sociedad mercantil el reintegro correspondiente a la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas número 14491991.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.-TEMPESTIVA la solicitud de aclaratoria del fallo Nº 2013-1483, de fecha 15 de julio de 2013, requerida en fecha 14 de agosto 2013, por el abogado Isauro González Monasterio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 25.090, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano CARLOS ALBERTO ARISMENDIS PEROZO. 2.- IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria requerida el 14 de agosto 2013, por el apoderado judicial del aludido ciudadano, del fallo dictado por esta Corte en fecha 15 de julio de 2013, en el cual se revocó, la decisión de fecha 28 de abril de 2011, emanada del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital y declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Juzgado de origen.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido el 6 de diciembre de 2012, por la abogada Deisy Rojas, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana ZULAY COROMOTO SALAZAR PERAZA, contra el fallo dictado en fecha 26 de abril de 2012, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada de la presente decisión y remítase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la medida de suspensión de efectos solicitada por el ciudadano LEONARDO EMILIO PLAZA COMOTTO, asistido por el abogado Luis Dommar Pellicer, contra el acto administrativo S/N contentivo de la declaratoria de Responsabilidad Administrativa dictada en fecha 7 de enero de 2013, por la DIRECTORA DE LA OFICINA DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA, mediante la cual se acordó "(¿) imponer multa por la cantidad de OCHO MIL OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 8.085,00), equivalentes a DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO (275) Unidades Tributarias, que para el momento de la ocurrencia del hecho representaba un valor de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 29.400,00) (¿)". Se ordenó notificar y remitir el exp. al Juzg. de Sustanciación

Se dictó decisión mediante la cual se declaró: 1.- PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por ejecución de fianzas y cobro de bolívares, incoada por la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), contra la sociedad mercantil SEGUROS CANARIAS DE VENEZUELA C.A., en consecuencia, 2.- Se CONDENÓ a la demandada a pagar la cantidad de Bs. 3.741.043,70, por concepto de reintegro de las cantidades entregadas como anticipo y ejecución de las Fianzas de Fiel Cumplimiento. 3.- Se ORDENÓ el pago de los intereses moratorios sobre las cantidades expuestas en la motiva de este fallo, desde el 19 de octubre de 2011, hasta la fecha de publicación de la presente sentencia, para lo cual se requerirá la colaboración al Banco Central de Venezuela a fin de practicar la experticia complementaria correspondiente. 4.- IMPROCEDENTE por imprecisión, la solicitud de condena; la indexación solicitada; así como la condenatoria en costas. Se ordenó notificar a las partes.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por la abogada Wendy Azuaje Oquendo, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte recurrida, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta el 28 de octubre de 2011, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano EMELICIO DEL VALLE HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ, asistido por el abogado Luis Enrique Hidalgo Marcano contra el CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- SE REVOCA el fallo apelado; 4.- CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado.

Esta Corte declara: 1.- Que ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer de la presente demanda de nulidad de contrato de venta de ejidos municipales, interpuesta por el ciudadano JESÚS GERARDO LÓPEZ, titular de la cédula de identidad número 2.589.383 representado judicialmente por la abogada Azalia Marina Villasmil Zambrano, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 15.973, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO INDEPENDENCIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que examine los requisitos de admisibilidad de la demanda interpuesta, salvo la relativa a la competencia, la cual ya ha sido analizada por este Órgano Jurisdiccional.