Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 14 de abril de 2015, por el abogado Rubén José Duran Morillo, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Alcaldía del Municipio Autónomo Zamora del estado Bolivariano de Miranda, contra la decisión dictada por el referido Juzgado en fecha 6 de abril de 2015, mediante la cual declaró, "CON LUGAR" el recurso contencioso administrativo funcionarial contra el acto administrativo contenido en el oficio Nº PCMZ 138-2014, emanado del CONSEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO ZAMORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA; 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; 3.- FIRME la sentencia apelada.

Esta Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer la causa; SIN LUGAR la apelación interpuesta; CONFIRMA el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 15 de abril de 2015, por el abogado Rubén José Duran Morillo, actuando con el carácter de apoderado judicial del CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO ZAMORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, contra la decisión dictada por el referido Juzgado en fecha 8 de abril de 2015, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JUAN ANTONIO PÉREZ ACOSTA. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. FIRME la sentencia apelada.

Esta Corte declaró que es COMPETENTE para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida de suspensión de efectos por los Abogados Gilberto López Reyes, y Darío Ventura García, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de los ciudadanos EMMA SALAS, ZULEIMA BRITO, LOYDA BASTIDAS Y LUÍS GARCIA, contra el Oficio Nº 06-00-2884, de fecha 8 de diciembre de 2014, en el cual se ratificó el contenido del Informe Definitivo de Auditoría Nº 13, dictado por la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DESCENTRALIZADA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; e INADMISIBLE el recurso interpuesto.

Esta Corte declaró Su INCOMPETENCIA por la materia, para conocer la presente causa; REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte en fecha 27 de abril de 2015; DECLINA la competencia en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de que conozca en primera instancia de la demanda de autos, a quien se ORDENA remitir inmediatamente el presente expediente; Declarada como ha sido la incompetencia de esta Corte, para conocer de la presente causa, se encuentra vedado a la misma, emitir pronunciamiento alguno respecto a la solicitud de homologación del desistimiento, formulada mediante diligencia consignada en fecha 7 de julio de 2015, por el Abogado Álvaro González Ravelo, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de las accionantes.

Esta Corte declaro Su COMPETENCIA para conocer la causa; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia; FIRME el fallo apelado.

Esta Corte declaró La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación; REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en actas la última de las notificaciones de las partes y por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; e INOFICIOSO emitir un pronunciamiento en torno a la solicitud planteada en fecha 27 de mayo de 2015, por el Apoderado Judicial de la parte recurrida, en los términos expuesto en la presente decisión.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- REPONE la causa al estado de que el Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional indique motivadamente las razones por las cuales resultaría necesario librar el cartel emplazamiento a los terceros interesados. 2.- Declaró IMPROCEDENTE la solicitud de desistimiento propuesta por la abogada Antonieta De Gregorio, actuando con el carácter de Fiscal Primera del Ministerio Público ante las Cortes en lo Contencioso Administrativo. 3.- Se ORDENÓ remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines legales consiguientes.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual se declaró: INCOMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada por el abogado Hamilton Rodríguez Philipps, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 72.569, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano FREDDY RAFAEL GÓMEZ RIVAS, contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO PEÑALVER DEL ESTADO ANZOÁTEGUI. 2. Se DECLINÓ LA COMPETENCIA en el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, en consecuencia: 2.1-Se ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental.

Esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido en fecha 1º de agosto de 2013, por el carácter de apoderado judicial de la ciudadana IGLIS JOSEFINA ROJAS RONDÓN, contra la decisión dictada en fecha 11 de junio de 2013, por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO TUCUPITA DEL ESTADO DELTA AMACURO. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- REVOCA el fallo apelado. 4.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado, y en consecuencia se declara la NULIDAD del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 027-11 de fecha 20 de septiembre de 2010, impugnado.