Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos realizada por la abogada Carmen Montilla de Anzola, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 67.784, actuando en representación de la SOCIEDAD CIVIL UNIVERSIDAD YACAMBÚ, inscrita ante el Registro Subalterno Segundo del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara bajo el Nº 4, folios 1 al 4, Protocolo Primero, Tomo Noveno en fecha 24 de mayo de 1984, contra la resolución Nº 0530, de fecha 18 de noviembre de 2008, emanada del BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH), la cual condenó a la recurrente al pago de doscientos treinta y dos mil quinientos cuarenta y tres Bolívares con treinta y un céntimos (Bs. F. 232.543,31), por concepto de diferencias no depositadas en el Fondo de Ahorro Obligatorio.

1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la consulta de Ley de la sentencia dictada el 24 de febrero de 2014, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró P.C.L. el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano GERMÁN ELÍAS GÓMEZ ARRELLANO, contra el SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN), adscrito al Ministerio Popular para las Relaciones Interiores y Justicia y Paz. 2.- PROCEDENTE la consulta del fallo dictado en fecha 24 de febrero de 2014, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. 3.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se CONFIRMA en los términos expuestos. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido en fecha 6 de mayo de 2013, por la abogada Belkis Figuera Corpio, en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos JOHNNY MACK SMITH ACOSTA y otros, contra la decisión de fecha 1º de julio de 2014, dictada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, mediante la cual se declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO GUÁRICO. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- CONFIRMA la sentencia apelada. Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente decisión. Remítase el presente expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Esta Corte declaró: SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por la abogada María Carolina Seijas Sequera, actuando en representación de la sociedad mercantil INDUSTRIA METALMECÁNICA DE PRODUCTOS VENEZOLANOS, C.A. (MEPROVEN, C.A.), contra la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), en virtud del acto administrativo notificado en fecha 19 de marzo de 2013, por medio del cual, negó la renovación de las solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) números 7093096, 8947438, 9465558, 10675911, 10761404, 10781011, 10789296, 5445047 y 6011799.

En la presente causa se ORDENÓ la NOTIFICACIÓN del ciudadano PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO TÁCHIRA, para que dentro de los treinta (30) días siguientes a que constara en autos su notificación, manifieste su opinión con relación a los términos en los que fue realizada la contestación de la demanda por parte del abogado José Clemente Bolívar Torrealba, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial del "Ejecutivo del Estado Táchira", a fin de dictar sentencia definitiva. Se ordenó notificar.

Esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida en fecha 17 de enero de 2006 por la abogada BEATRIZ ORONOZ DE MORATINOS, actuando en su propio nombre y representación, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 12 de enero de 2006, mediante el cual declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana contra el MINISTERIO DE RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ. 2.- INADMISIBLE la apelación interpuesta. 3.- PROCEDENTE la consulta de Ley. 4.- CONFIRMA la sentencia objeto de consulta, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Decreto Nº 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se ordenó notificar y remitir el exp. al Trib. de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: Declaró: 1.- que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 25 de marzo de 2014, por el abogado César Omero Sierra, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos MARISELA GONZÁLEZ, EDUVIGES MÁRQUEZ, YENNY HERNÁNDEZ DE SAYAGO, MARIFER KATHERINE TORREALBA GONZÁLEZ Y OTROS, contra la decisión dictada en fecha 18 de marzo de 2014, por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira que declaró sin lugar la "demanda por vías de hecho" interpuesta por los referidos ciudadanos contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CÓRDOBA DEL ESTADO TÁCHIRA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 9 de abril de 2014, por la abogada Lisbeth Mongua, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 135.373, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana MAGALY COROMOTO PRIETO CASTELLANOS, titular de la cédula de identidad Nº 5.710.645, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 3 de abril de 2014, que declaró inadmisible por caduco el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), por cobro de diferencia de prestaciones sociales, 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, y 3.- En consecuencia, FIRME la sentencia apelada.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 29 de marzo de 2007, por la abogada Ulandia Manrique, en su carácter de sustituta de la Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, se CONFIRMA en los términos expuestos la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 20 de junio de 2005, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ordena notificar al CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO AMAZONAS, o en nombre de sus apoderados judiciales, para que comparezca en un lapso de diez (10) días de despacho mas seis (6) días continuos que se conceden como término de la distancia, contados a partir de que conste en actas el recibo de la notificación correspondiente, a los fines que manifiesten su voluntad de continuar con la presente causa, la cual se ve constituida por el recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas en fecha 31 de julio de 2003.