Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; ANULA por orden público la sentencia apelada; ORDENA remitir el expediente al aludido Juzgado de Instancia, a los fines que se pronuncie sobre la admisión de la presente causa y de ser el caso, tramite y sustancie el procedimiento respectivo.

En la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del estado Bolívar, mediante decisión de fecha 18 de septiembre de 2013, para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano LUIS JOSÉ ARAY, actuando en propio nombre y representación, contra la Decisión Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2013 emanada de la INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE, adscrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES, JUSTICIA Y PAZ, esta Corte dictó sentencia por medio de la cual declaró: 1. ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del estado Bolívar; 2. ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso interpuesto.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de octubre de 2013 contra la decisión de fecha 10 de octubre de 2013, emanada del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Inadmisible por caducidad la querella funcionarial incoada por la ciudadana ROSALBA RIVERO contra el Instituto Autónomo de Policía del estado Miranda, esta Corte dictó sentencia, mediante la cual declaró: 1. Su Competencia; 2. Con Lugar la apelación; 3. Revoca el fallo apelado y; 3.1. Ordena la remisión de la causa al A quo, a los fines que se pronuncie sobre el fondo del asunto.

En el presente recurso de apelación interpuesto en fecha 12 de noviembre de 2013, por el Abogado Luis Alberto Pérez Medina, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 92.391, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano MARIO COMTE TERÁN TORRES, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 7 de noviembre de 2013, mediante la cual declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, por el aludido ciudadano, contra la Jefa del Servicio de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Máxilofacial, y el Director del HOSPITAL CENTRAL UNIVERSITARIO "ANTONIO MARÍA PINEDA", esta Corte dictó decisión, mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto, 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y 3. CONFIRMÓ el fallo apelado.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: DESISTIDO el procedimiento en el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por el ciudadano GILBERTO ANTONIO VILLARROEL CARVAJAL asistido por el Abogado Enio Campos, contra el acto administrativo de fecha 5 de septiembre de 2011, que declaró Sin Lugar el recurso de Reconsideración ratificando la imposición de la multa equivalente en quinientas veintidós (522) Unidades Tributarias, la cual fue notificada en fecha 20 de octubre de 2011, dictado por la CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO ANGOSTURA DEL ESTADO BOLÍVAR.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer de la presente causa. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 16 de abril de 2013, por la Representación Judicial de la parte recurrida. 3.- ANULA el fallo dictado en fecha 14 de marzo de 2013, por el referido Juzgado Superior. 4.- INOFICIOSO pronunciarse sobre los alegatos restantes esgrimidos en la fundamentación de la apelación. 5.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Esta Corte ORDENA a los ciudadanos Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y al Director General de Recursos Humanos del aludido Ministerio, que remitan a esta Alzada en el lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir que conste en auto su notificación, la documentación solicitada en la motiva del presente fallo, así como cualquier otra relacionada con la causa. Igualmente, se hace necesario destacar, que la omisión o retardo en la remisión a esta Corte de dicha documentación, podrá ser sancionada con multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y cien unidades tributarias (100 U.T.), conforme a lo establecido en el artículo 79 ejusdem. Asimismo se advierte que de no traerse a los autos la documentación requerida, esta Corte procederá a decidir conforme a los elementos cursantes en autos.

Esta Corte dictó auto mediante el cual solicitó información relacionada con la presente causa.

En el recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Judicial de la parte accionada, contra la sentencia de fecha 22 de julio de 2013, dictada por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Improcedentes la medida de amparo cautelar y la medida cautelar de suspensión de efectos solicitadas en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana Reina Simonelli contra la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Miranda, esta Corte declara: 1.- Su Competencia para conocer el recurso de apelación; 2.- Ordena la apertura del cuaderno separado a los fines de tramitar la apelación relacionada con la improcedencia de la medida cautelar de suspensión de los efectos; 3.- Con Lugar el recurso de apelación; 4.- Revoca parcialmente el fallo apelado respecto al amparo cautelar solicitado; 5.- Improcedente el amparo cautelar.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 9 de enero de 2007, por el Abogado Raúl Vallejo, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana CRUZ MARÍA MARCANO, y el recurso de apelación ejercido en fecha 20 de julio de 2007, por el Abogado César Rodríguez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO VARGAS, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 20 de diciembre de 2006, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la señalada ciudadana contra la referida Alcaldía, esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora 3. REVOCA el fallo apelado 4. PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.