Se dictó y publicó decisión mediante la cual se admitió la "demanda por cobro de bolívares" interpuesta por el ciudadano George El Chaer, en su condición de Director de la sociedad mercantil MEGAFARMA C.A., contra el Municipio Maturín del edo. Monagas; se ordenó citar al Síndico Procurador del Mcpio Maturín del edo. Monagas y notificar al Alcalde del Mcpio Maturín del edo. Monagas y al PGR; comisionar al Juzgado (Distribuidor) de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora de la CJ del edo. Monagas; Se dejó establecido que se fijará la audiencia preliminar una vez consten en autos la citación y notificaciones ordenadas y, transcurridos los noventa (90) días a que alude el artículo 96 de la LOPGR.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró la competencia de la presente causa, y admitió la presente demanda asimismo se ordenó la notificación de los ciudadanos Procurador General de la República, Fiscal General de la República, Ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas y al Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), y una vez consten en autos las notificaciones ordenadas se fije la audiencia de juicio de conformidad con el artículo 82 de LOJCA.

Se dictó y publicó resolución mediante la cual se proveyó sobre el escrito de pruebas presentado por la representación judicial de la parte demandada admitiéndose las pruebas documentales de los incisos I y II del escrito probatorio.

Se dictó y publicó resolución mediante la cual se proveyó sobre el escrito de pruebas presentado por la representación judicial del demandante admitiéndose las pruebas documentales del escrito probatorio. se declaro improcedente por ambiguo lo peticionado en el inciso QUINTO, respecto a los alegatos de hecho efectuados por el prenombrado abogado en el citado escrito, se advirtió que en virtud del principio de exhaustividad contemplado en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, corresponderá a la Corte la apreciación y valoración de los referidos alegatos así como de los autos que conforman el presente proceso, en la oportunidad de decidir acerca del fondo del asunto debatido.

mediante la cual este Juzgado de Sustanciación se pronuncia acerca de la admisibilidad de la presente Demanda Patrimonial por daños derivados de accidente de tránsito interpuesto por el ciudadano Eliu Linares Paiva, venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº 15.688.432, debidamente asistido por el Abogado Enrique Salazar Saavedra, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 43.039, contra la Alcaldía del Municipio Piar del estado Bolívar y el ciudadano Alfredo Ramón Gutiérrez, titular de la Cédula de Identidad Nº 8.917.308., declarándose la misma inadmisible por no cumplir con el requisito de antejuicio administrativo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal aplicable rationae temporis.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la admisibilidad del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto en fecha 15 de septiembre de 2009 por el ciudadano Luís Eduardo Rendón Limongi, asistido por el abogado Leon Benshimol, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 76.696, contra el acto administrativo contenido en el expediente Nº 2008-02 dictado en fecha 19 de febrero de 2009, por la Gerente de Finanzas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual impuso la "Sanción Disciplinaria de Amonestación Escrita" al mencionado ciudadano en su condición de Jefe del Departamento de Tesorería adscrito a la Gerencia de Finanzas de la Gerencia General de Administración y Servicios del Tribunal Supremo de Justicia.

Auto mediante el cual se admitió demanda interpuesta por la abogada Teresa Sandoval Aparicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 18.564, actuando con el caraácter de apoderada judicial de CVG Ferrocas por cumplimiento de contrato conjuntamente con medida cautelar de embargo contra las sociedades mercantiles Gonza, C.A. y Seguros Pirámide, C.A.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la admisibilidad del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto en fecha 15 de septiembre de 2009 por el ciudadano Luís Eduardo Rendón Limongi, asistido por el abogado Leon Benshimol, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 76.696, contra el acto administrativo Nº 2009-02 dictado en fecha 17 de junio de 2009, por el Gerente General de Administración y Servicios del Tribunal Supremo de Justicia, notificado en fecha 18 de junio de 2009, mediante el cual declaró procedente la destitución del mencionado ciudadano del cargo de Jefe del Departamento de Tesorería adscrito a la Gerencia de Finanzas de la Gerencia General de Administración y Servicios del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- NULAS todas las actuaciones procesales posteriores a la decisión dictada por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte en fecha 16 de octubre de 2008. 2.- REPONE la causa al estado de notificar a la Empresa Mixta PETROBOSCAN, S.A., así como también a la Corporación Venezolana de Petróleo, S.A., filial con propósitos especiales de Petróleos de Venezuela (PDVSA), a las empresas Chevron Global Technology Services Company, Chevron Boscan B.V. INEBOSCAN INC. SCS e Inemaka Exploration & Production Company Ltd., al Alcalde del Municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia, al Síndico Procurador del Municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia, así como al Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, al ciudadano Fiscal General de la República y al ciudadano Procurador General de la República, y se aplique el procedimiento de primera instancia.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 18 de febrero de 2004, por el abogado Manuel Assad Brito, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana CARMEN RODRÍGUEZ, contra la sentencia dictada en fecha 30 de enero de 2004, por el Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Sin Lugar la querella funcionarial interpuesta. 2. SIN LUGAR la apelación ejercida; 3.- CONFIRMA fallo dictado por el Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Administrativo en fecha 30 de enero de 2004.