En el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Eugenia Martínez, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 39.817, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CONSORCIO TAYUKAY C.A, contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO ALFREDO MANEIRO EN PUERTO ORDAZ ESTADO BOLIVAR, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 7 de agosto de 2008, por el ciudadano David López asistido por la abogada Magally Finol, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 100.636, en su carácter de Procuradora de Trabajadores Región Guayana, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito del Estado Bolívar en fecha 4 de agosto de 2008; 2. DESISTIDO el recurso de apelación y, 3. En consecuencia, queda FIRME la sentencia apelada.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación ejercida en fecha 11 de mayo de 2011, por la abogada Yanalyn Alburjas Sánchez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 50.739, actuando con el carácter de apoderada judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital de fecha 25 de marzo de 2011. -2 CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se REVOCA el fallo apelado. 4.- Conociendo el fondo del presente asunto se declara SIN LUGAR el presente recurso contencioso administrativo funcionarial.

Se dictó decisiónmediante la cual esta Corte declaró: 1.- ACEPTA la competencia declarada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 15 de febrero de 2012, en virtud del conflicto negativo de competencia planteado por esta Corte entre el Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del estado Monagas y el Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, en relación a la demanda por Daños y perjuicios interpuesta por el apoderado judicial del ciudadano JOSÉ RAMÓN MEDINA RENAUD, titular de la cédula de identidad No. 4.035.481, contra la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA. 2.- SE REMITE el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda, con excepción de la competencia ya analizada.

Se dictó decision mediante la cual esta Corte declaró:1.- COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesto por el Oswaldo Pinto Málaga, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Corporación Monfort, C.A, contra la decisión proferida por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la de la Región Centro Norte en fecha 9 de abril de 2010, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano DANY DANIEL BALLESTEROS GONZÁLEZ, contra la Providencia Administrativa Número 129 del 3 de abril de 2006, por la dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO "BATALLA DE VIGIRIMA", EN LOS MUNICIPIOS GUÁCARA, SAN JOAQUÍN, DIEGO IBARRA Y LOS GUAYOS DEL ESTADO CARABOBO. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso por abstención o carencia interpuesto conjuntamente con medida cautelar innominada el día 24 de abril de 2003, por el abogado David Crespo inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 65.218, con el carácter de apoderado judicial del ciudadano MARCIAL ROJAS CAMPOS, titular de la cédula de identidad Nº 6.291.644, en su condición de Presidente del INSTITUTO DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO DE BARRIOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO YARACUY (IVEB), contra el CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA (CONAVI) y el SERVICIO AUTÓNOMO DE FONDOS INTEGRADOS DE VIVIENDA (SAFI).

Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el día 10 de septiembre de 2003, por el abogado Carlos Sainz, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 8 del mismo mes y año, mediante la cual declaró sin lugar la querella funcionarial interpuesta por los apoderados judiciales del ciudadano REINALDO DIPOLO ALEMÁN, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (IVIC). 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. En consecuencia, se tiene como FIRME la sentencia apelada.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida en fecha 29 de marzo de 2012, por el abogado Luis Ramón Bermúdez Rada, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ROLANDO RAMÓN LUQUEZ YRAOLA, antes identificados, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 21 de marzo de 2012, a través de la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). 2.- SIN LUGAR la apelación ejercida. 3.-Se CONFIRMA el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesto por el por el abogado Luis Eduardo Rueda, en su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, contra la decisión proferida por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 24 de Septiembre de 2010 que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano FRANCISCO JOSÉ BERNAL COLMENARES contra la providencia administrativa Número 524-07 del 30 de mayo de 2007, por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL DISTRITO CAPITAL MUNICIPIO LIBERTADOR (SEDE NORTE). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- RATIFICA SU COMPETENCIA para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con amparo cautelar subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos interpuesto por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil LA ORIENTAL DE SEGUROS, C.A.; contra los actos administrativos contenidos en las Providencias Nº 000865 de fecha 20 de octubre de 2003 y Nº 000971 de fecha 21 de noviembre de 2003, publicadas en las Gacetas Oficiales Nº 37.810 de fecha 4 de noviembre de 2003; y Nº 37.828 de fecha 28 de noviembre de 2003, respectivamente, emanados de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS hoy SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (SUDEASEG),2.- SIN LUGAR la solicitud de perención en el presente recurso contencioso interpuesto; 3.- REMITIR, el presente expediente al Juzgado de Sustanciación 4.- cumplir con las NOTIFICACIONES ordenadas.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Iskander Reyes, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Alcaldía Socialista Bolivariana de Caroní del Estado Bolívar, contra la sentencia del 7 de julio de 2011 del Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción judicial del Estado Bolívar que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ANGEL RAFAEL ALMEIDA NAVARRO, asistido por el abogado Wilmer Gil, contra la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO CARONÍ DEL ESTADO BOLÍVAR. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación. 3.- REVOCA el fallo apelado4.- PARCIALMENTE LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial 5.- SE ORDENA la reincorporación del querellante al último cargo de carrera ejercido por este, por el período de un (1) mes.