Esta Corte dictó sentencia donde declara: su COMPETENCIA para conocer de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, del fallo dictado por el Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativa de la Región Capital, en fecha 17 de septiembre de 2015, mediante el cual declaró Con Lugar la querella funcionarial interpuesta por el abogado Rodrigo Javier San Juan Quiñones, contra la DIRECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (DEM); CONFIRMA CON REFORMA la sentencia objeto de consulta; ORDENA el cálculo de la indexación con forme al índice inflacionario acaecido en el país según el informe del Banco Central de Venezuela.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer y decidir la consulta obligatoria sometida a su conocimiento, respecto a la sentencia de fecha 29 de junio de 2015, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ISRRAEL ANTONIO VILLASMIL GONZÁLEZ contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE. 2. Se CONFIRMA con REFORMA la sentencia objeto de consulta.

En la demanda interpuesta por el ciudadano GUSTAVO ADOLFO GARCÍA PIÑUELA, titular de la cédula de identidad Nº 15.864.177, debidamente asistido, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 004727 de fecha 19 de mayo de 2014 y su confirmatoria contenida en el oficio N° MPPD-DD-11122, suscrito por la MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA. Esta Corte declaró: 1. Su INCOMPETENCIA para conocer de la demanda interpuesta. 2. CONFIRMA con las modificaciones indicadas en la motiva del fallo, el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación en fecha 25 de noviembre de 2015. 3. DECLINA la competencia a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de conocer en primera instancia de la presente causa. 4. ORDENA remitir el expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, una vez haya transcurrido el plazo establecido en artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.

En la demanda de nulidad con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos interpuesta los Apoderados Judiciales de la sociedad mercantil CENTRAL MADEIRENSE, C.A, contra la Providencia Administrativa signada con la nomenclatura DNPA/DS/2015/00922 de fecha 25 de mayo de 2015 y su planilla de liquidación de multa signada con el numero 2015/0000931 de fecha 10 de julio de 2015 dictados por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONOMICOS (SUNDDE). Esta Corte declaró: 1. SU COMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos. 2. REVOCA el auto de fecha 24 de noviembre de 2015, dictado por el Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Esta Corte dicto sentencia donde declaro: Su INCOMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad interpuesta, por la ciudadana Matilde Martínez Valera, actuando con la condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil MULTINACIONAL DE SEGUROS, C.A." contra el Acto Administrativo de efectos particulares Nº F-039, de fecha 8 de junio de 2015, dictado por el MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PUBLICA; DECLINA el conocimiento en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; REMÍTASE el expediente judicial a la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta Corte dictó sentencia declarando 1. Su INCOMPETENCIA para conocer de la solicitud de regulación de competencia formulada el 3 de junio de 2015, por el Abogado Carlos Sifontes Brito, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la parte demandada, en virtud de la sentencia dictada el 26 de mayo de 2015, por Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, que declaró su incompetencia material para conocer de la presente causa, declinando el asunto en el Juzgado Superior Civil, Mercantil y Tránsito de esa Circunscripción Judicial. 2. Se ORDENA la REMICIÓN de las presentes actuaciones a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta Corte dictó decisión mediantela cual declaró: PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS, y TERMINADO EL PROCEDIMIENTO en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los Abogados Enrique Rosas Nash y Minerva Adriana Rosas, antes identificados, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, contra el acto administrativo de fecha 14 de julio de 1999, dictado por el CONSEJO DE APELACIONES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA.

En el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano LUÍS MANUEL CARRASQUEL RIVAS, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.), esta Corte: 1.- CORRIGIÓ de oficio el error material advertido en la sentencia Nº 2016-0057, dictada por esta Corte en fecha 4 de febrero de 2016. 2.-ORDENÓ a la Secretaría de esta Corte la notificación de las partes de la presente decisión.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de julio 2012 por el Abogado Armando José Bonalde actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la parte actora, contra el auto de fecha 18 de julio de 2012, dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, mediante la cual declaró Inadmisible las pruebas promovidas por la parte querellante. Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto, 2.- HOMOLOGADO el desistimiento presentado en fecha 6 de noviembre de 2014, por el Abogado Armando Bonalde, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano MARIO RAMÓN CARRILLO.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos ejercido en fecha 15 de abril de 2009 por la ciudadana NAYLET CIRINO VALOR contra la OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA DE LA FUNDACIÓN GRAN MARISCAL DE AYACUCHO esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad.