En el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 30 de octubre de 2014, por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional autónomo interpuesta por el ciudadano Ángel Féliz Pino Márquez, actuando con el carácter de Director de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN EL INMEJORABLE 804, C.A., contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES HÍPICAS, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: PRIMERO: La TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO por abandono del trámite en la presente acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano LUIS RAFAEL FRONTADO, debidamente asistido por el Abogado Carlos Eduardo Velásquez, contra la resolución Nº 8-91 de fecha 25 de junio de 1991 suscrita por el CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO SUCRE y SEGUNDO: Se ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del estado Sucre.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada en fecha 27 de noviembre de 2002, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Occidental, mediante la cual Admitió el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana BOLIVIA PRINCIPAL BALBUENA, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por Órgano de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (DEM) a través del PRESIDENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO PORTUGUESA, 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y 3. CONFIRMA la sentencia dictada.

En el presente recurso contencioso esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 20 de octubre de 2010, por el Abogado Luis Téllez Cárdenas, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la de la ciudadana MIGDALIA JOSEFINA MOSQUEDA RAMÍREZ, contra la sentencia dictada en fecha 9 de agosto de 2010, por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Improcedente la pretensión de amparo de amparo cautelar solicitado y 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte REVOCA la decisión dictada en fecha 30 de octubre de 2012, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, mediante la cual declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto y SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de los recursos de apelación interpuestos en fecha 19 de septiembre de 2013 y 25 de septiembre de 2013, por los Abogados Marisela Cisneros Añez y Carlos Gustavo Ferrer, Representantes Judiciales del ciudadano Oscar Briceño Duarte y de la Procuraduría General del estado Bolivariano de Miranda, respectivamente, contra la decisión dictada en fecha 14 de agosto de 2013, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por el ciudadano OSCAR BRICEÑO DUARTE, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, 2. DESISTIDA a apelación y 3. Conociendo en consulta obligatoria, se CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Judicial de la ciudadana BALDERIS MARÍA AVENDAÑO JEREZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 11 de agosto de 2014, mediante la cual declaró Inadmisible por Caducidad el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la Representación Judicial del referido ciudadano contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI); SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; CONFIRMA el fallo apelado con la reforma referida a la fecha del hecho generador del derecho reclamado descrito en la motiva del presente fallo.

Esta Corte dictó sentencia declarando: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido el 1º de octubre de 2014, por el Abogado Eliéser Francisco Rojas, actuando con el carácter de Síndico Procurador Municipal del Municipio San Sebastián de los Reyes del estado Aragua, contra la sentencia dictada en fecha 30 de septiembre de 2014, por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso interpuesto por la ciudadana NELLY TERESA CASTILLO ACUÑA, asistida por el Abogado Miguel Ángel Rodríguez, contra el ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES DEL ESTADO ARAGUA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación ejercido. 3.- FIRME el fallo apelado.

Esta Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer del presente asunto; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; y CONFIRMA por efecto de la consulta la decisión apelada.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Judicial de la parte querellada, contra la sentencia dictada en fecha en fecha 5 de marzo de 2014, el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el Abogado CÉSAR ALEJANDRO PÉREZ VIVAS, actuando en su propio nombre y representación contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, 3. ANULA el fallo apelado, 4. INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto y 5. ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión a la Contraloría General del estado Táchira a los fines que realice las actuaciones que considere pertinente, en virtud de la posible afectación del patrimonio público.