Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación ejercida por el ciudadano Oliverio Acosta Cedeño, actuando con el carácter de Presidente del CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO AMAZONAS, 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, 3.-PROCEDENTE la consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República con ocasión a decisión de fecha 31 de julio de 2003, proferida por la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas y 4.- Conociendo en consulta el fondo del asunto se REVOCA la sentencia apelada, en consecuencia, se declara INADMISIBLE, la querella funcionarial interpuesta.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte Declaró IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS requerida por el ciudadano JOSÉ RODRIGO GONZÁLEZ MATHEUS, asistido por el abogado Freddy Duque Ramírez, contra la Providencia Administrativa de fecha 14 de octubre de 2011, y el auto decisorio de fecha 21 de octubre de 2011, dictados por la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CVAL, S.A). Se ordenó notificar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por el ciudadano RICHARD OSWALDO SIERRA MANCIPE, asistido por el abogado José Gregorio Padilla Gordillo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 104.174, contra la decisión dictada en fecha 18 de octubre de 2007, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la COMANDANCIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS POLICIALES DEL ESTADO LARA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida el 4 de septiembre de 2003, por la abogada Hilda Díaz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 18.521, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano OTTO BARRIOS OLIVARES, titular de la cédula de identidad N° 118.575, contra la sentencia de fecha 30 de abril de 2003, dictado por el Juzgado Superior Tercero de Transición en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, la cual declaró consumada la perención y extinguida la instancia, en la querella funcionarial interpuesta contra el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (Hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y PETRÓLEO). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación. 3.- CONFIRMA la decisión apelada. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuere declinada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contenciosos administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar innominada de suspensión de efectos interpuesto por la ciudadana Mauryn Chiquinquira Medina Rodríguez, representada por la abogada Yleny Duran Morillo, contra el acto administrativo contenido en el oficio Nº CEPGM-210/2011, de fecha 9 de marzo de 2011, emanado de la Facultad de Medicina, Comisión de Estudios de Post Grado de la Universidad Central de Venezuela. 2.- PLANTEA EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA, en consecuencia ORDENA la remisión inmediata del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido en fecha 3 de noviembre de 2011, por el abogado LUIS RIZEK RODRÍGUEZ, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano CÉSAR LUIS MORA ARÉVALO, contra la sentencia dictada en fecha 3 de noviembre de 2011, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró improcedente tanto la acción de amparo cautelar, como la medida cautelar de suspensión de efectos, solicitada de manera subsidiaria. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por el apoderado judicial de la ciudadana MARITZA JOSEFINA ZAMORA GONZÁLEZ, contra la decisión dictada en fecha 2/4/2012, por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- REVOCA la sentencia apelada. 4. ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital a los fines de que revise las demás causales de inadmisibilidad, en especial la caducidad, del recurso contencioso administrativo funcionarial, a excepción de la causal analizada.

Se dicto decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. ORDENA notificar al INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI) y a al ciudadano ALCIRO SEGUNDO TORRES PEREZ, para que dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a su notificación, de cumplimiento a lo ordenado. Igualmente, esta Corte declara que en caso que la información solicitada sea consignada por alguna de las partes, podría -si así lo quisiera- la parte contraria impugnar tal información dentro de los cinco (5) días siguientes a que conste en autos la remisión de la información requerida, para lo cual se abrirá, el día siguiente a la impugnación, la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a lo expuesto en la sentencia antes señalada.

Se dictó auto mediante el cual esta Corte solicitó a la parte recurrente, que dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a su notificación, remita a este Órgano Jurisdiccional el Manual Descriptivo de Cargos o el Registro de Asignación de Cargos desempeñados por la ciudadana o cualesquier otro documento relacionado con el caso de autos, se ordenó la notificación de las partes.

Se dictó decisión mediante la cua esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 9 de mayo de 2005, por el apoderado judicial de la ciudadana YULIMA CHIQUINQUIRÁ HERNÁNDEZ BOWEN, contra la sentencia de fecha 6 de mayo de 2005, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró la perención de la instancia en el recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por el apoderado judicial de la referida ciudadana, contra el INSTITUTO UNIVERSITARIO EXPERIMENTAL DE TECNOLOGÍA ANDRÉS ELOY BLANCO; 2.- REVOCA forzosamente el fallo dictado en fecha 6 de mayo de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental; 3.- ORDENA al referido Juzgado Superior notificar al Procurador General de la República, a fin de que se de por citado y proceda a dar contestación a la demanda.